El otrora copeyano Humberto Calderón Berti estuvo involucrado en varios escándalos que se hicieron públicos mientras fungió como representante de Juan Guaidó en Colombia, un «cargo» que desempeñó ensombrecido por los múltiples escándalos y crímenes relacionados con intento de magnicidio, intento de invasión a Venezuela con grupos irregulares colombianos, malversación de fondos de entes privados, robo de recursos para ayuda humanitaria, enriquecimiento ilícito, compra de bienes con dinero sucio, prostitución, drogas, narcotráfico y paramilitarismo.

 

 

Durante la cuarta república, Calderon Berti fue uno de los cancilleres del segundo gobierno del adeco Carlos Andrés Pérez, quien fue sacado de su cargo debido a escándalos de corrupción. También fue ministro de Energía y Minas de Luis Herrera Campins entre 1979 y 1983, Gobierno responsable del llamado «viernes negro» (la primera devaluación del Bolívar), que llevó a Venezuela a una debacle económica sin precedentes, originada en gran parte por una inmensa ola de corrupción enquistada dentro de su Administración.

 

 

Pero en la actualidad, Calderón Berti hacía las veces de «embajador» de Guaidó ante el régimen uribista de Iván Duque, quien decidió otorgar el reconocimiento al miembro del grupo extremista Voluntad Popular como supuesto «presidente interino», una calificación inventada por el Gobierno de Estados Unidos para intentar crear un Estado paralelo en Venezuela que les permitiera usurpar el Poder Ejecutivo y derrocar al presidente Nicolás Maduro, algo que no han podido lograr.

 

 

 

 

La fachada de Guaidó, que fue ampliamente promovida por Calderón Berti en Colombia, quien de forma recurrente aparecía en reuniones en la embajada de Estados Unidos en Bogotá para articular «estrategias» con el Comando Sur y otros representantes del Gobierno de Donald Trump, que aunque no ha logrado el cometido de destronar al Gobierno constitucional de Venezuela, sí le ha servido para secuestrar —al menos— más de 34.000 millones de dólares en activos, bienes y recursos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y su refinería Citgo con sede en territorio estadounidense.

 

 

Calderón Berti fue además uno de los principales lobystas en el intento de invasión contra Venezuela ejecutado el pasado 23 de febrero de 2019 desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, que realizó el Gobierno de Duque articulado con el Comando Sur estadounidense, la policía y el ejército colombiano con grupos paramilitares de ese país, que utilizaron la falsa bandera de hacer entrar «ayuda humanitaria» en camiones que finalmente cargaban toneladas de elementos para generar violencia en el territorio venezolano.

 

 

Desde entonces, el plan fallido en Cúcuta dio origen a que se descubrieran una serie de irregularidades y actos delictivos del grupo relacionado a Juan Guaidó y protegidos por Calderón Berti, como el robo de millones de dólares que entidades privadas donaron a Venezuela como verdadera «ayuda humanitaria» que terminó en manos de las personas más cercanas a Guaidó.

 

 

 

 

Estas mismas personas estuvieron involucradas en compra de bienes en Colombia como apartamentos, vehículos, artículos de lujo, ropa, calzados, entre otros artículos de consumo personal, así como el pago de lujosos hoteles y despilfarro de dinero en fiestas y lujuria.

 

 

De hecho, Freddy Superlano y Carlos Salinas —dos de los miembros de Voluntad Popular— mientras estuvieron en Cúcuta los días del asedio contra Venezuela, protagonizaron una lamentable noticia luego de solicitar los servicios de dos prostitutas. Superlano y Salinas contrataron a dos «prepagos» para salir de fiesta la misma noche del 23 de febrero tras fracasar el intento de invasión.

 

 

Pero aquella noche, para ambos miembros del equipo de confianza de Guaidó, terminaría mal. Salinas fue hallado muerto y Superlano envenenado. Las mismas autoridades colombianas confirmaron que en la habitación de Superlano y Salinas habían restos de consumo de drogas ilícitas y en un video se observa a las dos prostitutas salir del hotel al que entraron con los miembros de Voluntad Popular.

 

 

Horas más tarde, las autoridades colombianas informaron que tanto Superlano y Salinas habían sido víctimas de envenenamiento por parte de las prepagos. Superlano logró sobrevivir tras ser llevado a un centro hospitalario.

 

 

Semanas después de ese escándalo se conoció que Carlderon Berti había sido el encargado de coordinar «la logística» del grupo de Guaidó en Cúcuta. Pero eso no fue el último escándalo del «embajador de Guaidó». Otro escándalo fue el robo de al menos 3 millones de dólares de los recursos recogidos en el llamado concierto «Venezuela Live Aid» realizado el 22 de febrero en Cúcuta y que se hizo para supuestamente recoger fondos para dar «ayuda humanitaria».

 

 

 

 

El dinero terminó —según una denuncia realizada por el medio estadounidense PanamPost, de marcada tendencia anti-Venezuela— en manos de Rossana Barrera y Kevin Rojas, quienes por órdenes de Guaidó suplantaron a José Manuel Olivares y Gaby Arellano, quienes llevaban meses planificando el plan de invasión desde Cúcuta.

 

 

Tanto Barrera y Rojas tenían como misión pagar los 25.000 dólares prometidos a cada militar que desertara de la Fuerza Armada venezolana para unirse al plan de Guaidó en Colombia, además debían coordinar su estadía en ese país y velar por ellos. Pero los militares desertores, que no pasaron de una decena, terminaron abandonados a su propia suerte en Colombia y hasta fueron expulsados de un hotel donde se hospedaban porque los designados de Guaidó nunca pagaron su estadía, tampoco lo hizo Calderón Berti y mucho menos el régimen de Duque.

 

 

Otro escándalo de Berti con respecto a su logística en Colombia, fue el error que cometieron al articular el paso ilegal de Guaidó desde Venezuela a Colombia. El calificado «experto petrolero» coordinó junto con la guardia presidencial del régimen de Iván Duque, que Guaidó pasara de Venezuela a Colombia a través de una trocha —camino ilegal— controlado por el grupo paramilitar «Los Rastrojos», banda criminal dedicada a la comisión de delitos como secuestros, extorsión, sicariato, narcotráfico, violación, torturas, desapariciones forzozas, trata de blancas, entre otros delitos.

 

 

 

 

A pesar de todos esos escándalos, Calderon Berti seguía siendo el hombre de confianza de Guaidó hasta este martes 26 de noviembre, cuando el autoproclamado “presidente encargado”, Juan Guaidó, decidió prescindir de sus servicios a través de una carta publicada en redes sociales.

 

“En conversaciones con el Comisionado Presidencial para las Relaciones Internacionales (Julio Borges) hemos decidido hacer modificaciones en relación a (sic) nuestra política exterior a fin de lograr los objetivos trazados por nuestro gobierno legítimo”, dice parte de la misiva enviada a Calderón Berti y donde se le anuncia su despido, fechada el  26 de noviembre.

 

La relación entre Calderón Berti y Guaidó desmejoraron a raíz del escándalo del “Cucutazo”, en junio de este año, cuando se comprobó que sus allegados habían utilizado para fines personales dineros de la llamada “ayuda humanitaria”. Algo que Guaidó quiso pasar por debajo de la mesa.

 

 

En ese momento, Calderón Berti solicitó a la Fiscalía colombiana una investigación a fondo, además, consignó “algunas pruebas una vez que tuvo conocimiento de la situación”.

 

 

 

 

Los nexos de Berti con Colombia vienen desde el golpe y sabotaje petrolero ejecutado por la entonces alianza opositora «Coordinadora Democráctica», que entre 2002 y 2003 ejecutaron el Golpe de Estado contra Hugo Chávez y sabotearon la industria petrolera venezolana.

 

 

Una vez que perpetraron el sabotaje a la industria petrolera, que dejó al menos 40.000 millones de dólares en daños al patrimonio venezolano, Berti se fugó a Colombia y en 2003 fundó junto con otros ex miembros de Pdvsa que eran parte de la «Coordinadora Democrática», la empresa privada Vetra Energía, que con recursos venezolanos se convirtió en uno de los principales productores independientes de petróleo y gas en ese país.

 

 

Sus antecedentes en Pdvsa vienen desde 1983 cuando fue desingado presidente de la empresa estatal petrolera venezolana.

 

 

Pero además, Berti coordinó el secuestro de Monómeros Colombo-Venezolano, una filial de la empresa Petroquímica de Venezuela (Pequiven) instalada en Colombia. Esto lo logró con la complicidad de Carmen Elisa Hernández de Castro, una persona de su confianza que terminó siendo designada por Guaidó «como presidenta de la junta directiva de Monómeros», todo para controlar sus recursos tal cual como lo hace Estados Unidos con Citgo.

 

 

Hernández, quien según la plataforma de periodismo de datos «La Tabla» fue una ficha fundamental de Guaidó para organizar la logística de la falsa «entrega de ayuda humanitaria» el 23 de febrero en Cúcuta.