Al menos 86 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en lo que va de 2019, subrayó hoy Alberto Brunori, representante en este país de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Este número que he citado antes permite identificar causas estructurales que derivan de la falta de presencia integral del Estado, apuntó en una ponencia presentada en Cartagena de Indias en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos.
He dicho en varias oportunidades y lo vuelvo a repetir hoy, que en el país defender derechos humanos es una actividad de alto riesgo, remarcó.
Según Brunori ‘el homicidio de un solo defensor o defensora de derechos humanos significa que hemos fallado en el fortalecimiento de una democracia de igualdad y de dignidad. Significa que estamos fallando porque no logramos proteger el derecho a la vida y el derecho a defender derechos’.
Tras hacer un seguimiento profundo de los homicidios y ataques a defensores, podemos decir que estos crímenes se producen en un contexto de estigmatización de su labor y de sus reclamos, explicó.
Detalló que dicha situación se observa principalmente en los lugares más apartados, donde el ejercicio del derecho a la justicia y a los derechos económicos, sociales y culturales es precario, debido a la falta de servicios básicos adecuados; a los altos niveles de pobreza, a la existencia de economías ilícitas, a la presencia de actores armados ilegales, y de grupos criminales, etc.
Para convertir en realidad los derechos humanos hay que crear entornos incluyentes y seguros, libres de violencia, por eso es urgente que los defensores reciban protección y que Ni uno más, Ni una más, sean asesinados, enfatizó el funcionario. En dicho contexto, destacó la campaña ‘Lidera la Vida, que une esfuerzos y nos articula a los entes de control, a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a los periodistas, alrededor del objetivo de visibilizar quiénes son los defensores y defensoras, por qué su labor es trascendental y llama a proteger sus vidas’.
Nuestra Oficina valora también la existencia en el país de un marco normativo y políticas públicas que buscan atender y prevenir el ataque a defensores; sin embargo, el desafío sigue siendo la articulación para que se implemente dicho marco y logre ser efectivo, apuntó.
Adicionalmente, puntualizó, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un firme compromiso de los Estados de proteger los derechos de todas las personas, incluidas por supuesto defensores.
Es obligación de los Estados alcanzar esa protección y de las sociedades y la comunidad internacional contribuir e impulsar todas las medidas necesarias para lograrlo, precisó.
(PrensaLatina)
