
Si bien Estados Unidos comenzó a investigarlo por delitos de organización criminal y blanqueo por corrupción en los negocios, también se le está investigando por esos delitos en España, en la propia Audiencia Nacional.
A esto se une que Alvarado cuenta con la nacionalidad española desde 2017 y, en contra de lo que alegó la Fiscalía, el tribunal descarta que la obtuviese de forma fraudulenta.
Tras ser cesado en Bariven, filial de PDVSA en 2013, Alvarado se trasladó a España —según él por ser «perseguido político» del Gobierno venezolano— donde se encuentra en libertad bajo fianza tras pagar 90.000 euros.
Respecto a la investigación abierta en España, la Audiencia recuerda la existencia de una querella “contra diversas personas físicas y jurídicas” relacionadas con PDVSA, entre ellas Alvarado, por delitos cometidos en Venezuela, que también ha pedido su extradición, y en otros países.
En lo que se refiere a Alvarado, se señala que tenía “cargos” en Bariven, donde habría cometido actos de corrupción por los que obtuvo beneficios que habrían sido, “al menos parcialmente”, blanqueados en España a través de inmuebles y creación de sociedades.
La Audiencia Nacional entiende que tanto en EEUU como en España, “como probablemente en otros países, se está llevando una investigación sobre, si no exactamente los mismos hechos, sí sobre aspectos parciales de una misma situación, pero que tienen indudables elementos comunes”.