
Un detalle es que Hausmann —quien presume de su venezolanidad— es desde 2008, por voluntad propia, ciudadano colombiano juramentado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez —vinculado a cruentos delitos como falsos positivos, paramilitarismo, narcotráfico y crímines de lesa humanidad— en un acto realizado el 15 de diciembre de ese año en la presidencial Casa de Nariño, reseña un despacho publicado en el portal web de la Presidencia de Colombia.
Sus primeros pasos los dio como abogado asistente en materia de derecho público en la Corte Primera de los Contencioso Administrativo. Asimismo, formó parte del bufete Grau, García Hernández & Mónaco, que representó a Empresas Polar cuando el gobierno señaló a la compañía de forjar documentos para tramitar divisas preferenciales y liquidar sus importaciones; lo que le permitió debutar contra el Estado venezolano.
Profesor titular de las universidades Católica Andrés Bello y Monteávila, es integrante del Centro para el Desarrollo Internacional que dirige Ricardo Haumann en la Universidad de Harvard. En su condición de autor de varios libros, estudios, artículos y monografías sobre derecho público, ha sido profesor invitado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y de la Georgetown University.
Sobre el caso Crystallex explicó que su participación en el proceso «fue como testigo experto independiente de derecho venezolano” y que no tiene responsabilidad alguna, pues según él «es responsabilidad del régimen chavista» por “ejecutar todas las acciones que derivaron en la demanda”.
“Venezuela fue condenada por las expropiaciones socialistas. Ha sido el Gobierno legítimo de Juan Guaidó el que ha logrado poner orden en ese caos”, dijo.
El cargo a la orden pero sin renunciar
“Lamentablemente esto causó diversas noticias adversas sobre el manejo de los fondos-que como se sabe, ni siquiera ha sido ejecutado”, expuso Hernández, quien consideró “razonable” “no ejecutar ningún pago basado en el citado acuerdo del 28 de enero, pues las dudas arrojadas por estos partidos políticos pudiesen ser empleados para investigaciones relacionadas con el patrimonio público”.
Además de los obstáculos para cumplir con el cargo asignado, menciona las “inmerecidas sombras de sospechas” sobre su gestión. “Si no se cuenta con el respaldo de un Gobierno, y como es conocido, un Gobierno que no ejecuta gasto-con todos los controles imperativos y bajo el principio de la rendición de cuentas- no es Gobierno”, dijo.
Lobby de empresarios
En un reportaje escrito por Víctor Hugo Majano, director del portal web de investigación La Tabla, revela la existencia de un grupo de «consultoría» que bajo el nombre código «Cocoon 2.0» y conformado por empresarios y asesores privados, es artífice de acciones de ofensiva financiera y políticas, junto a Juan Guaidó y Leopoldo López, que confirma “la conspiración de sectores muy definidos de la burguesía comercial e importadora” en Venezuela.
Majano describe que en una confesión de Roberto Marrero (exasistente de Juan Guaidó) y datos expuestos en un teléfono celular, “un total de 24 hombres y una mujer (…) analizaban la posibilidad de bloquear los pagos con tarjetas de crédito y débito, la confiscación de CITGO y cambios en la fuerza armada”.
“En el grupo interactuaban 15 asesores privados o empresarios y solo 10 políticos “profesionales”, incluidos Leopoldo López (administrador del grupo), Juan Guaidó y el dueño del teléfono y delator, Roberto Marrero. Por la parte empresarial (además de Hausmann) figuran muy activos el joven economista Douglas Barrios (egresado de la corporativa Universidad Metropolitana), y el abogado José Ignacio Hernández, el designado “procurador especial” (del falso gobierno de Guaidó), quienes forman parte del equipo de Hausmann en el centro para el desarrollo internacional en la escuela de gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard”, explica Majano.
Todos estos nombres son considerados los «ideólogos» de Juan Guaidó, el autoproclamado “presidente interino” que busca —con el apoyo de Washington— crear un Estado paralelo en Venezuela que progresivamente les permita hacerse del control del país.
(LaIguana.TV)