En esta edición de Desde Donde Sea, el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela, siguiendo una tesis expuesta por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se dedicó a explicar la crisis y afectación de derechos humanos como consecuencia de la pandemia de coronavirus, con énfasis en el caso venezolano.

En ese sentido, el experto detalló cómo la creciente especulación y acaparamiento de alimentos y otras mercancías esenciales, se corresponde con una violación de los derechos fundamentales de las venezolanas y los venezolanos, lo que obliga al Estado a actuar enérgica y eficazmente.

La pandemia de coronavirus supone una crisis de derechos humanos 

Para introducir la discusión, el filósofo estableció los límites del análisis cuantitativo para dar cuenta de los alcances de la pandemia de coronavius, porque si bien permiten registrar el número de contagios, decesos y recuperaciones, su mero recuento no basta y es necesario otorgar mayor peso a los elementos de tipo cualitativo que caracterizan este tiempo y extraer conclusiones “que nos ayuden a organizarnos”.

En esa línea inscribió la afirmación de Guterres, quien desde la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas planteó que la pandemia supone una crisis de derechos humanos. 

A su parecer, esta aseveración está directamente relacionada con la discusión relativa a la relajación de las medidas de confinamiento que se está dando en muchos países, lo que revela que no se está poniendo al ser humano en el centro sino a la productividad y a la ganancia, elementos sobre los que no pueden “estamparse” categorías éticas como la dignidad de las personas.   

O el Gobierno Bolivariano frena el acaparamiento y la especulación o vendrá un estallido social

En su criterio, lo que ahora sucede en Venezuela se inscribe dentro de esas consecuencias de la pandemia que evidencian flagrantes violaciones a los derechos humanos, más específicamente, en lo relativo al acceso a los alimentos. 

Por ello, refirió que en medio de duras medidas de confinamiento social adoptadas por la población disciplinadamente, una parte minoritaria de la sociedad -compuesta por empresarios, comerciantes, distribuidores y funcionarios corruptos pertenecientes a cuerpos de seguridad del Estado-, se aprovecha ahora “para recomenzar algo que los venezolanos conocemos muy bien: la guerra económica”.

Y si bien el pueblo venezolano ha sufrido embates que otras naciones no imaginan, como un golpe de Estado, paro petrolero, varios intentos de magnicidio, guerra económica e intentos de invasión, ello no exime al Estado, pese a ser también víctima de la situación, de actuar en consecuencia y desplegar toda su fuerza para detener esta violencia generada por “un puñado de empresarios y comerciantes que nos quieren hacer morir de hambre”, dijo. 

En opinión de Pérez Pirela, el caso de Venezuela “es un gran ejemplo” que demuestra que no se trata solamente de una crisis pandémica, con efectos sobre la biología y los cuerpos, sino una crisis de derechos humanos. 

Más todavía, este rebrote de la “guerra económica” se produce justamente cuando Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, aseguró que vendrán más sanciones contra el país, al tiempo que prometió el envío de ayuda humanitaria, mientras, paralelamente, sus agentes internos adelantan un plan de desestabilización que pretende elevar los precios de los productos esenciales al punto de que la mayoría no pueda comprarlos. 

En este “juego interno”, describió, amén de la evidente especulación, los comerciantes están escondiendo alimentos e insumos básicos para luego revenderlos aún más caros en corto tiempo. 

Pero el trasfondo, en su juicio, sería que una fracción minoritaria de políticos apuesta a hacerse con el poder tranquilamente, mientras hambrean y subyugan al pueblo venezolano. Esta posición la catalogó de errónea y por lo contrario, señaló que “están propiciando una guerra”, puesto que “el Gobierno no es pendejo y no se va a dejar tumbar así como así”. 

No obstante, precisó que las violaciones a los derechos fundamentales que hoy sufrimos los venezolanos y las venezolanas es todavía más grande, puesto que se vulneran nuestros derechos humanos al imponernos sanciones comerciales y financieras, al tener una operación militar desplegada frente a nuestras costas y ahora, otra vez, al impedir que podamos acceder a los alimentos.  

Este coctel peligroso se presenta durante una situación de pandemia, en la que muchos connacionales han dejado de percibir parte e incluso la totalidad de sus ingresos, debido a que no pueden salir a trabajar por causa de la cuarentena. 

Por ello, el analista considera que es inhumano que cuando los ciudadanos intentan adquirir los alimentos y otros insumos mínimos, se topan con que comerciantes y empresarios los han escondido o los ofertan a precios exorbitantes, como ocurre ahora con la gasolina, que se transa en divisas a precios del mercado europeo. 

En ese sentido, reiteró que la escasez de combustible en el territorio está relacionada con el hecho de que, gracias a las sanciones, no pueden adquirirse los químicos que se requieren para producirla, debido a que Citgo está en manos de Donald Trump y Juan Guaidó. 

Sin embargo, no libró de responsabilidad al Gobierno Bolivariano, al que invitó a “poner mano dura”, insistiendo en que no debe traicionarse el esfuerzo que hace el pueblo venezolano, que aún en condiciones precarias ha adoptado disciplinadamente las medidas de confinamiento y con esa ola de especulación y acaparamiento que está desatada, no puede comprar sus alimentos. “Aquí tiene que imponerse el Estado”, sentenció. 

Y el comentario vino a colación, como crítica a quienes sostienen que es el pueblo quien debe enfrentar a acaparadores y usureros. A su parecer, debe ocurrir justamente lo opuesto: en lugar de poner al ciudadano “a pelear” con los comerciantes, el Estado venezolano debe identificar la ubicación de los galpones, de las rutas de comercialización, porque mientras esto no ocurra, hay sectores que se frotan las manos, previendo saqueos. 

Refiriéndose al anuncio del presidente Nicolás Maduro relativo a la adopción de medidas drásticas en contra de quienes pretenden hambrear al pueblo, Pérez Pirela aseguró que “o son medidas drásticas o son saqueos o guerra civil, que es lo que quieren unos politiqueros venezolanos: llegar a Miraflores con la sangre, el hambre y la sed de los venezolanos”.

En el mismo orden de ideas, señaló que no hay que esperar a “que vengan por las malas” para implementar esas medidas drásticas a las que ayer aludió el jefe de Estado, porque ya están viniendo por las malas y, en ese sentido, mencionó que “el precio del dólar es una vergüenza y no tiene ninguna explicación”. De ahí que el clamor de “chavistas, independientes y opositores” sea que deben acabarse de inmediato la especulación y “la escondedera de alimentos”. 

El también director de La Iguana.TV reconoció que en Venezuela “se está haciendo una gestión perfecta de la crisis del coronavirus, pero estamos fallando en el control de los precios”, lo que explicaría por qué, al ver el éxito en “la guerra epidemiológica”, reavivaron la “guerra económica”, por lo que impera atender todos los flancos y “centrarse en todos los frentes al mismo tiempo”, algo que “el Gobierno sabe muy bien”. 

Reiteró que si bien el pueblo venezolano está entrenado para resistir estos embates, exige también “mano dura” por parte del Gobierno, pues no puede ser que no se actúe cuando quienes cuadruplican o quintuplican los precios atentan contra los derechos humanos y sociales, y parten de la premisa de hambrear al pueblo, para que este salga a saquear. 

En este sentido, precisó que si bien durante los últimos días se habían difundido noticias falsas de saqueos en distintas zonas del país, es cierto que ha habido focos puntuales que hay que calmar inmediatamente, pero no a través de medidas efectistas, como la detención de quienes protagonizaron los eventos sin afectar al comerciante. En su lugar, cree que se debe “cortar por la raíz, de ser radical”. 

Sobre este último grupo, insistió en que si bien una página puede fijar un precio arbitrario e ilegal para las divisas, finalmente, la responsabilidad recae en quien la toma como referencia para fijar sus propios precios y si bien el lucro no es negativo en sí mismo, se transforma en eso cuando se cimenta sobre “la muerte, el hambre, la miseria de una persona encuarentenada, que no puede salir a comprar y cuando lo hace, encuentra los productos a precios estratosféricos o no los encuentra”. 

A su criterio, el Estado tampoco puede imponer precios inconsultamente, por lo que hay que hacer estudios de precios, que si bien no son una tarea sencilla, es absolutamente necesario hacerla. 

“Respetemos el esfuerzo de los venezolanos y venezolanas en esta cuarentena, controlando los precios y defendiendo los derechos humanos de la población, de alimentación, salud, vivienda”, dijo. 

Seguidamente definió al socialismo como “la distribución equitativa y justa de los bienes que se producen dentro de la patria” y aclaró que hablaba “defendiendo a un país, a un Estado, a un Gobierno frente a las agresiones más burdas que se le han hecho a ningún país”.

Por ello, el analista subrayó la compleja situación que atraviesa hoy Venezuela, privada prácticamente de la totalidad de sus ingresos, que provienen del negocio petrolero, en medio de la cual es todavía más injusto poner al pueblo a enfrentarse a especuladores “que nos quieren hacer morir de hambre”.  

Lecturas recomendadas

Bolívar: acción y utopía del hombre de las dificultades, de Miguel Acosta Saignes.

Bolívar: pensamiento precursor del antiimperialismo, de Francisco Pividal.

Bolívar, pensamiento y acción al servicio de la libertad de Sur América: itinerario del héroe, desde la cuna hasta la tumba, de Ángel Fuguet Acosta.

(LaIguana.TV)