La junta directiva del BCV encabezada por Calixto Ortega se vio obligada a recurrir a la justicia de Inglaterra, luego de que el BoE se negara a devolver 31 toneladas de oro valoradas en 1.300 millones de dólares, aduciendo que tenían dudas sobre la legitimidad de la autoridad de Ortega debido al reconocimiento que le otorgara el gobierno de Boris Johnson a Guaidó como único gobernante legítimo de Venezuela. 

 

La negativa del gobierno del Reino Unido de reconocer al presidente Maduro, trajo como consecuencia que antes de avanzar en la demanda de repatriación del oro criollo depositado en el BoF, deba decidirse cuál es la junta directiva «legítima». 

 

De acuerdo con EFE, el pasado lunes, el magistrado escuchó a las partes en disputa, se retiró a deliberar y se comprometió a emitir su dictamen «cuanto antes», aunque no especificó una fecha concreta. Aparentemente, Taere calificó el proceso de «fascinante» y agradeció a los equipos legales británicos la exhaustividad de sus argumentaciones. 

 

Es pertinente recordar que en mayo, Calixto Ortega, en su calidad de presidente del BCV, introdujo una demanda contra el BoE por negarse a transferir «930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela», citó la agencia. 

 

Asimismo, EFE añade que la resolución de este caso pretende sentar precedentes para resolver una disputa similar con Deutsche Bank, instancia que se niega a entregar 120 millones de dólares «derivados de la terminación de un contrato de ‘swap’ o permuta de oro».

 

Durante la sesión del miércoles, los abogados Nick Vineall, representante legal del BCV y Andrew Fulton, garante de los intereses de Juan  Guaidó, presentaron un resumen de sus alegatos y aclararon las dudas del magistrado, quien deberá presentar un dictamen justificado. 

 

«Vineall sostiene que el Ejecutivo de Londres trata ‘a todos los efectos’ con el Gobierno de Maduro –aunque ‘políticamente’ respalde a Guaidó– y es su junta del BCV la que puede acceder al oro, y pide al juez que tenga en cuenta el dictamen del Supremo venezolano, que invalidó la junta del opositor», informó EFE.

 

Por su lado, el abogado de Guaidó centró su argumentación en que la justicia debe fallar a su favor en virtud del reconocimiento que le otorgó el gobierno británico como legítimo presidente de Venezuela y por ello, el BoF debe «aceptar sin cuestionar» el nombramiento de la «junta directiva ad hoc» para el BCV, pues se trata de un «acto soberano de un Estado foráneo», lo que significa también que debería dejar de lado el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. 

 

Adicionalmente, el representante del gobierno venezolano acusó a su contraparte de intentar «convertir el caso en un debate legal sin atención a los hechos» y valoró como «arrogante» que, en virtud de los argumentos expuestos por Fulton, se «pretenda que el señor Guaidó puede venir a Londres a hacer algo que se ha considerado ilegal en Venezuela».

 

Empero, pese a la celeridad prometida por el juez Nigel Taere, la agencia de noticias especula que el proceso –en el que se incluyen la demanda contra el Banco de Inglaterra y la disputa con Deutsche Bank–, «se alargará un tiempo», en virtud de las «ramificaciones legales» y «el precedente que sienta de cara a futuras peticiones de Caracas». 

 

De lo anterior se desprende que estas instituciones están asumiendo que la presidencia ficticia de Guaidó va a prolongarse, independientemente del venidero proceso electoral parlamentario en el que el todavía diputado ha rehusado participar, acción que le costaría su curul y con ello, cualquier atisbo de legitimidad a la cual pueda asirse su autoproclamación.