Claudio Fermín fue, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, apasionado promotor del voto nominal y acérrimo crítico de la representación proporcional.

Durante el debate que sobre el tema tuvo lugar el 10 de octubre de ese año, el entonces constituyente alegó la cambiante dinámica social, “que hoy tiene una preferencia y mañana otra”, para defender la personalización absoluta del sufragio –el voto por nombre y apellido- y calificó a las listas como una “ley de reconciliación de élites que aunque perdamos nos otorgue representación a juro”.

La práctica política de Fermín parece haberse impuesto por encima de sus principios teóricos porque dos décadas después, en junio de este año, el ahora líder del partido Soluciones para Venezuela cambió de parecer y se juntó con otros dirigentes de oposición para presentar un recurso, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el que precisamente denunció que el principio de representación proporcional –el voto por lista- que tanto atacó, no estaba suficientemente garantizado, lo que perjudicaba la pluralidad política que debía reflejarse en la Asamblea Nacional.

El TSJ le dio la razón. Y en el sistema electoral con el que se elegirán los diputados que integrarán la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre así quedó establecido.

Pero, a menos que se convierta en un fenómeno electoral, si el partido de Fermín aspira a ocupar unas cuantas curules por representación proporcional, tendrá necesariamente que establecer alianzas con otras organizaciones políticas, tanto en las listas regionales como en la de adjudicación nacional, para cumplir con sus expectativas, pues solo accederán a la asignación de estos cargos los que reúnan una cantidad de votos tal que los acerque a los resultados que obtengan los partidos mayoritarios.

Este será el reto para todos los partidos, nacionales y regionales, así como para los grupos de electores que postulen candidatos en las elecciones legislativas.

No otra es la conclusión que nos arroja el ejercicio de adjudicación, utilizando los resultados obtenidos en las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2015 si aplicamos el nuevo sistema electoral de representación proporcional.

Como toda simulación, éste ejercicio tiene sus limitaciones. La primera de ellas es que, como se trata del voto lista, no toma en cuenta los cargos nominales y, por ende, no reflejará una composición de la totalidad de la Asamblea Nacional sino solamente la asignación hecha por la representación proporcional. Tampoco reflejará la situación electoral actual, pues la de hoy es muy diferente a la del año 2015, cuando la polarización política del país tenía otra expresión en el voto.

El uso de los resultados de ese año se debe a que es la última elección similar realizada en el país. Y como no se trata de un ejercicio de predicción, solo busca apreciar cómo habría sido la adjudicación de casi el doble de cargos listas por cada estado, tal como establece el nuevo sistema electoral, y cómo habría sido una adjudicación nacional en el supuesto de que no existieran alianzas para estas listas. Todo ello con el fin de observar si hay posibilidades de una asignación que incluya a más partidos políticos.

El sistema electoral como reflejo de la realidad

Las elecciones del seis de diciembre del 2015, fueron de una alta participación. 14,4 millones de electores, 74% del registro electoral, escogieron 167 diputados. De este total, 51 legisladores fueron electos a través del voto lista, a razón de dos cargos por cada estados, excepción hecha de Carabobo, Miranda y Zulia, donde se eligieron tres diputados en cada uno.

En las elecciones por lista de cada entidad federal participaron más de 60 organizaciones -entre partidos nacionales, regionales y grupos de electores- y en la totalidad de ellas se establecieron alianzas.

Uno de los postulantes fue MUD, una coalición de los más grandes partidos de la oposición, cuya estrategia electoral fue inscribir como organización política esta denominación para participar con una tarjeta que concentrara los votos de este sector. Por su parte, el PSUV fue en alianza con casi todos los partidos del Polo Patriótico en todos los estados.

Pese a la cantidad de organizaciones participantes, la polarización reinante en el país entre MUD y el Polo Patriótico tuvo expresión concreta en las preferencias electorales. Así, la adjudicación de cargos lista solo los favoreció a ambos, que concentraron la totalidad de los 51 cargos por representación proporcional, correspondiéndole 28 diputados al primero y 23 al segundo.

Veamos los números. El partido MUD obtuvo 7,7 millones de votos, mientras el Polo Patriótico sumó 5,6 millones. Entre ambos, concentraron 13,3 millones de votos, es decir el 93% de las preferencias, con lo que el resto de las organizaciones políticas sólo obtuvieron un poco más de un millón de votos. Una diferencia que, medida en cada entidad federal, hizo imposible que cualquier partido o grupo de electores pudiera acercarse siquiera al cálculo de adjudicación. Al final, con 93% de los votos, el MUD y el Polo obtuvieron el 98,2% de los escaños, correspondiéndole a los 3 diputados indígenas el 1,8% restante.

Pese a esta realidad, distintos voceros han asegurado que la exclusión de otras organizaciones distintas a las mayoritarias se debe a la disposición de muy pocos cargos a distribuir por representación proporcional. Revisemos la adjudicación con el nuevo sistema electoral que se aplicará para las elecciones del próximo seis de diciembre.

Para el venidero proceso electoral, se elegirá 277 diputados. Si excluimos a los 130 que serán escogidos por la vía nominal, nos quedan 96 que se asignarán por listas regionales y 48 por una lista de adjudicación nacional, para un total de 144 diputados que serán elegidos por representación proporcional, lo que representa 52% de la integración de la Asamblea Nacional.

La distribución de los 96 cargos regionales que fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) establece que 15 estados escogerán tres diputados cada uno; a tres estados les corresponderá 4 por cada uno y en otros tres se elegirán cinco en cada uno; un estado escogerá seis diputados, uno ocho y en uno último, la elección será de 10 legisladores.

Establecido el número de cargos por cada entidad federal, y utilizándose los resultados del 2015, deberá entonces aplicarse la fórmula de adjudicación establecida en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Conocida como el método D’Hont, esta fórmula consiste en asignar los cargos de acuerdo con el mayor cociente obtenido después de dividir el número de votos de las listas de cada partido, grupo de electores o alianza por uno, después por dos y así sucesivamente hasta llenar la totalidad de los puestos. Es decir, que al estado que le corresponde 10 diputados, los resultados de cada organización política en esa entidad deberán ser divididos 10 veces.

Si sumamos la cantidad de diputados por cada partido, adjudicados en cada entidad federal, los resultados generales no serían muy diferentes a los efectivamente obtenidos en diciembre de 2015. Y es que la totalidad de los 96 cargos quedaría adjudicada a estas dos grandes mayorías. El partido MUD, con 53% de los votos obtendría 60% de los cargos, mientras a la alianza Polo Patriótico, con 39% de los sufragios, le serían asignados el 40% restante.

Pongamos por caso que el PSUV no hubiera ido en alianza con ningún partido con lo cual habría que aplicar el método D’Hont sobre la votación obtenida en cada entidad y cuya suma nacional fue de 5,2 millones. Sus resultados no serían diferentes, pues la contribución del resto de los partidos de la alianza Polo Patriótico no fue suficiente para garantizar, en ningún estado, la adjudicación de alguno de los cargos. De hecho, la sumatoria del total de los votos de estas organizaciones alcanzó a los 420 mil en todo el país.

Hagamos ahora la asignación de cargos de adjudicación nacional que es una novedad del proceso que se realizará el próximo 6 de diciembre. De acuerdo con las normas establecidas por el CNE, solo los partidos y los grupos de electores nacionales podrán postular por esta vía. En este caso, deberán sumarse la totalidad de los votos obtenidos por cada organización en cada entidad federal. Cada resultado deberá ser dividido 48 veces para cumplir con las reglas establecidas por la Lopre, con el fin de obtener los mayores cocientes.

Aquí tampoco habrá sorpresas. De haber existido la lista de adjudicación nacional en el año 2015, las dos organizaciones mayoritarias, MUD y Polo Patriótico, habrían monopolizado la totalidad de los escaños. De los 48 cargos, el MUD ocuparía 27, es decir 56% de la lista, mientras al Polo Patriótico le correspondería los 21 puestos restantes, lo que representa 44% del total.

Pero si el PSUV no fuera en alianza perdería dos cargos y obtendría 19 frente al partido MUD que ganaría para si esas dos adjudicaciones para completar 29 diputados. Esto muestra la importancia que para la adjudicación nacional tienen los 420 mil votos aportados por los partidos del Polo Patriótico.

Ello no significa que estos partidos pequeños tengan posibilidades ciertas de obtener un escaño por esta vía en caso de postularse solos a la lista de adjudicación nacional. Tomemos por ejemplo al PCV, partido que se situó en el tercer lugar de la votación nacional, con 114.343 sufragios. Si incluyéramos el resultado de este partido en la adjudicación nacional, podría corresponderle un diputado solo si existieran por lo menos 94 cargos a distribuir, pues ese es el lugar que ocupa el primer cociente merecedor de una asignación por parte de esa organización.

El reto de sumar votos

Lo que los números nos indican es que el sistema electoral establecido garantiza por si mismo una conformación plural, pues si la realidad es que uno o dos actores concentran la voluntad de los electores, el sistema no puede reflejar algo distinto. Y así sucedió en el año 2015.

Esa misma realidad nos está indicando, por ahora, que las condiciones políticas del próximo diciembre serán diferentes a las existentes en el año 2015.

Si la representación proporcional debe reflejar la pluralidad de expresiones políticas que existen en el país, éstas deberán contar con la preferencia del electorado, en la cantidad de votos suficiente para que queden representadas en la adjudicación de cargos.

Y la cantidad de votos suficiente está en relación directa con los partidos mayoritarios. En este momento, el principal partido mayoritario es el PSUV por lo que cualquier organización que aspire a estar representada en la Asamblea Nacional deberá desarrollar estrategias que le permitan sumar los millones de votos necesarios.

La principal vía son las alianzas. El artículo 17 de la Lopre establece que existe una alianza cuando dos o más partidos o grupos de electores presentan idénticas postulaciones para un mismo cargo. En el caso de la Asamblea Nacional deben ser  las mismas personas, en el mismo orden y número.

Para estas elecciones, los partidos y grupos de electorales incluso podrán establecer alianzas regionales distintas a la alianza que establezcan para la lista de adjudicación nacional, lo que facilitará los acuerdos electorales.

Como la posibilidad de que un partido o grupo de electores minoritario pueda competir con partidos mayoritarios es mínima, es poco probable que, por ejemplo,  los partidos pequeños que integran el Polo Patriótico ensayen, por los momentos, caminos distintos a la alianza que han mantenido con el PSUV, pese a la tensa relación entre ellos, pues dependen de éste para la obtención de cualquier diputación.

Algunos sectores han planteado que para estas elecciones se ensayen experiencias distintas para hacer frente a un supuesto desinterés del PSUV de establecer una alianza con estos partidos. La realidad es que experiencias practicadas en elecciones anteriores de alcaldes y concejales, y que pudieron ser provechosas, no pueden compararse en términos cuantitativos con las elecciones del próximo seis de diciembre, tal como ya hemos visto.

Para los partidos de oposición, el reto será más exigente al tener sobre si la responsabilidad de construir una nueva mayoría electoral, sustentada en una estrategia distinta de acceder al poder, en medio de la dispersión de su electorado y sin la fórmula de una tarjeta única que lo concentre.

En tal caso, el proceso electoral apenas comienza y aún están por desarrollarse las estrategias de cada uno de los actores en la competición, lo que, en buena medida, definirá los resultados.

Que las mayorías del pueblo se impongan. Tal fue el espíritu constituyente. Y así quedó expresado en las palabras del entonces presidente de la Comisión de Régimen Político, el constituyente William Lara: “Estamos buscando vías que garanticen, que permitan por lo menos, que los actores sociales organizados con fines políticos, tengan acceso real, de acuerdo con la fuerza electoral que logren obtener en un determinado proceso comicial, a las instancias de conducción del Estado”.

(Taynem Hernández / LaIguanaTV)