Este jueves 1 de octubre, Miguel Ángel Pérez Pirela dedicó la edición 179 de su programa Desde Donde Sea a explicar las razones tras las escasez de gasolina y el salario precarizado en el país, con base en datos oficiales que dan cuenta de las nefastas consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y aupadas por la extrema derecha local, sobre la población venezolana.

 

 

El experto indicó que si bien «es difícil hablar de temas económicos» prescindiendo de datos sólidos que ofrezcan fundamento argumentativo, en los últimos días, las autoridades venezolanas han ofrecido declaraciones oficiales con las que «se han abierto puertas y ventanas a datos que dan mucha luz sobre la situación económica en Venezuela», muy particularmente en lo que se refiere a los efectos del bloqueo y las sanciones estadounidenses, incluyendo la evidente precarización del salario, hoy, uno de los más bajos del mundo. 

 

Como dato contextual, señaló que el «tema Venezuela», que había desaparecido de la mediática internacional, tras el apagón de Juan Guaidó y su presidencia virtual,  pero a pocas semanas de las elecciones presidenciales en EEUU y elecciones legislativas, canales como Euronews nuevamente, tal y como fue costumbre durante los últimos dos años, empiezan a hablar a diario sobre nuestro país.

 

Esto viene ha lugar, en su criterio, en virtud de que pese a que en Venezuela existen múltiples problemas derivados del bloqueo y las sanciones, lo que se dice a nivel internacional al respecto, «es vergonzoso, deshonesto y bochornoso», al tiempo que se ignoran las masacres en Colombia y el genocidio ejecutado por Bolsonaro en Brasil, gracias a su mala gestión de la pandemia.

 

En septiembre, Venezuela sufrió una grave escasez de combustible. Al preguntarse por qué, el experto precisó que quienes son causantes de «esta situación precaria» por la que hoy atravesamos los venezolanos, son los mismos que critican las consecuencias de las sanciones y bloqueos que promueven internacionalmente. 

 

Durante una alocución, el presidente Nicolás Maduro explicó que este déficit de gasolina se debió a la confiscación que hiciera Estados Unidos de tres barcos cargados con gasolina comprada por Venezuela para luego subastarla al mejor postor en el puerto de Houston, como fue ampliamente reseñado por medios de comunicación y agencias de noticias. 

 

Así como no se puede negar esto, tampoco puede negarse que sobre Venezuela está operando un bloqueo financiero y comercial dirigido por Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental y que Citgo, el principal activo del país, empresa dedicada, además, a la refinación de crudo, fue robada por la administración Trump, que hoy pretende subastarla en una corte estadounidense.  

 

Maduro aseguró que los barcos pirateados por el Ejército estadounidense, contenía tres millones de barriles de gasolina que el Gobierno Bolivariano había comprado para atender la demanda de combustible correspondiente al pasado mes de septiembre.

 

Empero, aunque existan todas estas evidencias, hay un sector de la población que insiste en culpar al gobierno venezolano de este problema y ataca sin miramientos a quienes responsabilizan por ello al gobierno de Trump y al extremismo opositor criollo. 

 

Pérez Pirela también explicó que pese a que Venezuela es un país petrolero, desde que iniciaron las sanciones, el gobierno se ha visto obligado a importar gasolina, en tanto la tecnología de la industria petrolera local es de factura estadounidense, lo que significa que, a causa de las medidas coercitivas unilaterales, cualquier empresa que suministre insumos o repuestos a las refinerías, siempre indispensables para su funcionamiento, es de inmediato sancionada. 

 

El panorama antes descrito puede compararse con una situación de estado de sitio, en la que nuestro país está siendo cercado con gente armada que dificulta que podamos acceder al mercado de alimentos, que nos impide la comercialización de petróleo –a la sazón, principal fuente de ingresos de la República–, que torpedea la adquisición de medicinas aunque estemos en una pandemia y luego, sin acuse de remordimientos, dicen públicamente que el socialismo no sirve y que el gobierno de Maduro es inepto. 

 

Esta tragedia actual, sin embargo, no empezó hace unos pocos meses o semanas, sino cuando el expresidente Barack Hussein Obama decretó que Venezuela era «una amenaza» para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Desde entonces, relató el director de LaIguana.TV, se sucedieron un conjunto de acciones –sanciones económicas, bloqueo financiero, piratería, por mencionar algunas– que explican la compleja crisis que atraviesa el país. 

 

Empero, los denunciantes de los terribles efectos que han traído consigo estas medidas coercitivas unilaterales aplicadas sin pausa desde 2017 y muy especialmente tras la autoproclamación de Juan Guaidó, en enero de 2019, deben lidiar con las acusaciones de los acólitos de las sanciones, que les acusan de respaldar «la dictadura» de Maduro.  

 

La otra faz de este escenario de sanciones-bloqueos es que, en apenas un par de años, en contubernio con la clase política de los Estados Unidos, el sector extremista de la oposición, se enriqueció de manera grotesca. 

 

 

A contrapelo de lo que sostienen muchos, Pérez Pirela sostiene que las sanciones, aunque siempre ilegales, otrora fueron vendidas como medidas que afectarían directamente a funcionarios particulares, cuando en realidad se trata de una estrategia de ahogamiento y sofocación contra el pueblo venezolano, pues afectan directamente áreas que comprometen directamente la supervivencia de los venezolanos, como los alimentos, la gasolina y los medicamentos, algo que puede comprobarse no por lo que dice algún funcionario venezolano, sino por las propias declaraciones de altos voceros de la administración Trump y de algunos países de la Europa Occidental.

 

Además, estas naciones han pretendido chantajear al gobierno y al pueblo de Venezuela, confesando que la crisis terminará cuando Maduro abandone el poder y en su lugar lo ejerza Juan Guaidó, el ungido de Washington.  

 

Las cifras ofrecidas por las autoridades venezolanas dan cuenta, a su parecer, de un «genocidio silencioso» en contra de la población desde 2017, razón por la cual el experto estima que «hay que alzar la voz», independientemente de la posición en el espectro político, «porque es inhumano que Trump pretenda sofocarnos para ponernos como presidente a un ignorante de la política como Juan Guaidó», que ni siquiera fue capaz de vencer en las primarias opositoras para alzarse con la candidatura a la gobernación del estado La Guaira (próximo a la capital), aunque «ahora se nos quiere vender como estadista y supuesto presidente».

 

Un repaso por alguna de las decisiones adoptadas por la administración Trump para forzar un cambio de gobierno en nuestro país a través de la asfixia, permite argumentar sin mayor problema, lo denunciado por reiteradamente por Venezuela.

 

El 25 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir negociaciones de deuda y nuevas inversiones con Petróleos de Venezuela. A esta ya complicada restricción, tras la autoproclamación de Guaidó, en abril de 2019, el gobernante emitió otra orden ejecutiva en la que se prohibía a los Estados Unidos y a cualquier otro país adquirir petróleo venezolano, que como es bien sabido, representa la principal fuente de divisas de nuestro país.

 

Para completar el cerco, en agosto de 2019, el gobierno estadounidense decretó un bloqueo de todos los fondos venezolanos en territorio estadounidense, acción que impide que esos recursos puedan transferirse o retirarse para adquirir mercancías esenciales o se utilicen para honrar pagos.

 

En términos concretos, estas medidas coercitivas unilaterales –que han venido acompañadas de una sucesión de decretos y acciones ilegales focalizadas–, implican el embargo de facto de las ventas de crudo, el chantaje sobre proveedores y las amenazas a terceras compañías por comerciar con Venezuela, explicó Pérez Pirela. 

 

El resultado de esta política sostenida de asedio es que en seis años, Venezuela perdió el 99% del volumen de divisas. Así que, por cada 100 dólares percibidos en 2014, hoy solamente se percibe  un dólares y en cinco años, las reservas internacionales pasaron de 56.000 millones de dólares (2014) a menos de 400 millones en 2019.

 

El presidente Nicolás Maduro informó que entre 2014 y 2019, la producción petrolera registró una caída del 66,5% y Venezuela dejó de percibir ingresos por más de 65.000 millones de dólares. 

 

En apenas cinco años, relató el analista, «se logró cortar de un tajo el financiamiento internacional», impidiendo que el país adquiera alimentos, insumos y materias primas esenciales para la actividad económica, incluida el petróleo, la principal del país.

 

Por si ello no bastara, este «bloqueo inhumano» impuesto por los Estados Unidos y aupado por la extrema derecha, que en lugar de acudir a elecciones apuesta a un cambio político a través de mecanismos criminales, se ha cobrado la vida de más de 40.000 venezolanos y venezolanas. 

 

Para concluir este punto, Miguel Ángel Pérez Pirela enfatizó que estas acciones lesivas contra el pueblo de Venezuela, no son un ente etéreo y sin rostro, sino que han sido ejecutadas sin piedad por los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. 

 

 

La Ley Antibloqueo entregada a la Asamblea Nacional Constituyente por el Ejecutivo, aborda, en opinión del experto criollo, un tema fundamental: el salario, «que fue socavado y hecho trizas», al punto de «volverlo uno de los más bajos del mundo» y  estará en vigor mientras estén vigentes las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos en contra del pueblo venezolano.

 

En su criterio, el instrumento legal surge como respuesta del Estado al robo de activos externos y externos, y pretende concretar alianzas comerciales con otros países como China, India o Sudáfrica, para permitir la generación de nuevos ingresos, de vital importancia para la reactivación económica, la recuperación del salario y la inversión social.

 

Actualmente, explicó, no contamos con ingresos internacionales por causa del bloqueo y los necesitamos para invertirlos en programas sociales, cuyos efectos positivos y viabilidad fueron notables, como la campaña para la erradicación del analfabetismo, la dotación de tabletas y computadoras portátiles a estudiantes, la construcción de viviendas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el incremento en el monto de las pensiones e incluso, la puesta en órbita de dos satélites artificiales. 

 

Para Pérez Pirela, lo anterior no desdice que tanto la corrupción como la rotación de personas entre cargos de alto nivel dentro del gobierno no han sido para nada beneficiosos,  pero no implica de modo alguno negar las sanciones ni sus efectos, que han forzado al gobierno a adoptar medidas de emergencia para atender a la población más vulnerable, como los CLAP –programa de abastecimiento de alimentos básicos a precios muy bajos, muy criticado por la oposición–, sin el cual muchas personas no podrían siquiera alimentarse, dada la depreciación del salario. 

 

Los ingresos derivados de esta nueva apuesta gubernamental también se utilizarían para mejorar los servicios –agua potable, electricidad, gas doméstico y telecomunicaciones–, hoy muy mermados a causa de la imposibilidad del gobierno y de las empresas privadas que los prestan para comprar piezas de recambio o insumos para realizar reparaciones.  

 

En sus declaraciones, el Jefe de Estado precisó que estos «nuevos ingresos» se utilizarán especialmente para atender las demandas de alimentación y salud, así como para, paulatinamente, recuperar el salario de los trabajadores y trabajadoras. 

 

 

Pérez Pirela también aludió a las consecuencias sobre el transporte que han dejado las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. 

 

Opina que «el venezolano de a pie está pagando las consecuencias» de los ataques sobre la industria petrolera, que se han concreto cotidianamente en una persistente escasez de combustible –debido a la imposibilidad de producirlo e importarlo– que impide el adecuado funcionamiento del transporte, vital para garantizar el traslado de mercancías y de personas en el marco de las actividades económicas. 

 

El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, anunció este jueves la reactivación de las 1.568 estaciones de servicio a nivel nacional que expenderán combustible según tres tipos de precios: el subsidiado, el precio internacional y las que solamente atenderán transporte público y de carga, que contará con un subsidio «directo y del 100%». 

 

El Aissaimi también especificó que el suministro de gasolina a particulares se hará según el número de placa del vehículo y se mantendrán los subsidios directos a través de la plataforma Patria: 120 litros mensuales para automóviles y camionetas y 60 para motocicletas. 

 

Sobre las refinerías, el funcionario informó que el gobierno deberá garantizar la demanda de combustible en sus distintos rubros y añadió que en estas se están produciendo otros derivados destinados a otros sectores de la economía, en lo que, aseveró, representa una apuesta por la regularización en el suministro de gasolina y diésel, así como en la producción de insumos, aditivos y repuestos, que permitan fortalecer la actividad refinadora del país. 

 

Estas acciones acompañan y se inscriben en la Ley Antibloqueo, puesto que con ella se pretende «impulsar y promover inversiones extranjeras, dando seguridad jurídica absoluta» e inclusive, que los empresarios nacionales «tengan un rol preponderante en la reactivación de la industria petrolera nacional», puntualizó Pérez Pirela.

 

 

Miguel Ángel Pérez Pirela considera que los problemas que atraviesa el país no se reducen a la esfera económica, puesto que estamos acosados militarmente, al punto que inclusive se intentó una incursión armada con boinas verdes excombatientes de Irak en mayo pasado, pasando por alto la situación pandémica, a lo que se suman los intentos de magnicidio y amenazas cotidianas –incluso militares– contra los venezolanos. 

 

La más reciente de estas amenazas fue la presencia del destructor estadounidense USS Lawrence, dotado con misiles de largo alcance, en las proximidades del mar territorial de Venezuela, con la excusa de estar realizando operaciones antinarcóticos en el Caribe. 

 

El conductor aseveró que esta embarcación no se encuentra sola, sino que la acompañan otras de similar alcance y poder destructivo, apelando al mismo gastado argumento, cuando en realidad estarían realizando «ejercicios militares dentro de nuestro territorio», con el propósito de generar un «casus bellis» tendiente a convertirse en el llamando «fenómeno de octubre» o la conmoción nacional a la que muchos gobernantes estadounidenses han recurrido para asegurar su reelección y de la cual parece poco probable que Trump prescinda.

 

La Armada Nacional Bolivariana contactó con la embarcación intrusa y la tripulación adujo que realizaban «operaciones de patrullaje contra el narcotráfico», pese a que está suficientemente documentado que es a través de la costa pacífica –que Venezuela no tiene– y no de la atlántica por donde se trasiega la mayor cantidad de drogas desde Suramérica hacia los Estados Unidos.

 

Tras el reclamo de Venezuela, el Comando Sur tildó las demandas como «excesivas» e insistió en la versión de las operaciones antinarcóticos, pero Pérez Pirela advirtió que la presencia de estos destructores con misiles teledirigidos de largo alcance frente a las costas de Venezuela no parece ser fruto de la casualidad, puesto que durante los recientes días han arribado al país buques cargados de gasolina y otros insumos desde Irán.

 

«Son excusas para justificar la asfixia contra nuestro país», concluyó.

 

 

Homenaje al público colombiano. De Gabriel García Márquez, «Entre cachacos 1. Obra periodística (1954)», publicada por el sello editorial El Clarín.