A través de una declaración conjunta, el Grupo de Lima –paraorganismo con el cual Estados Unidos pretende forzar un cambio de Gobierno en Venezuela y avanzar en la desintegración suramericana– condenó este 13 de octubre las «sistemáticas violaciones a los derechos humanos», según ellos, cometidas por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y solicitó que «los responsables de estos crímenes» fueran juzgados por la Corte Penal Internacional.

El grupo injerencista, compuesto por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, con El Salvador y Ecuador como países observadores, basó su solicitud en el contenido del informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En su momento, Venezuela denunció que el documento era «políticamente motivado», mostró las múltiples imprecisiones y falsedades que contenía –provenientes, en más del 90% de los casos de redes sociales de actores y voceros de la oposición antidemocrática– e insistió en que había sido elaborado por un organismo paralelo al Consejo de Derechos Humanos y a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, quienes sí poseían información veraz sobre el tema ofrecida por el propio Gobierno venezolano, con quien esos entes trabajan la materia.

Haciendo caso omiso de lo anterior, el Grupo de Lima, recomendó en su declaración que «el informe de la Misión Internacional Independiente pueda ser materia del examen preliminar sobre la situación de Venezuela que lleva a cabo la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional».

En la reunión virtual, ratificaron su apoyo a Juan Guaidó y «a la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas» y en concordancia con esa línea, rechazaron los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, aduciendo que no existen «las mínimas garantías democráticas».

En un intento por fundamentar su rechazo al cumplimiento de lo establecido en las leyes de Venezuela, el Grupo repitió lo ya señalado por el todavía parlamentario: instalación de un gobierno de transición, realización de elecciones «presidenciales y parlamentarias libres», Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional y observación internacional, a pesar de que figuras como la autoproclamación, el gobierno de transición o la extensión indefinida del ejercicio de un cargo de elección pública, no están previstas en la Carta Magna.

Siguiendo la línea de Washington, con la que pretende vincular al Estado venezolano y a altos miembros del Gobierno Bolivariano con el narcotráfico, el terrorismo y otros graves crímenes, declararon que urgía investigar «a fondo» sus conexiones «con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando» y exhortaron «a las autoridades internacionales competentes a redoblar sus esfuerzos sobre este asunto».

El objetivo estratégico, que es la activación de la Responsabilidad para Proteger (R2P), –es decir, conseguir que el país sea invadido por fuerzas multinacionales– lo reservaron para el final, asegurando que «persistirán en procurar converger con otros actores internacionales para movilizar una respuesta común de la comunidad internacional que contribuya a la defensa de los derechos humanos en Venezuela y a la urgente restauración de la democracia y el estado de derecho, que ponga fin a la usurpación, incluyendo las condiciones para una salida pacífica de la crisis, liderada por los propios venezolanos».

Esta declaración se sucede a la designación de Jared Genser como asesor en R2P, que hiciera el pasado sábado 10 de enero el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo que indica que la oposición antidemocrática está acelerando sus esfuerzos para conseguir el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro a cualquier coste y valiéndose de cualquier instrumento antes del próximo 5 de enero, fecha en la que se instalará el nuevo parlamento y tras la cual Juan Guaidó ya no ostentará el cargo de diputado, sobre la base del cual se autoproclamó como presidente interino de Venezuela.

(LaIguana.TV)