Este jueves 19 de noviembre, el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela disertó en su programa Desde Donde Sea sobre el grave panorama político, social, económico y climático que atraviesa la hermana república de Colombia. 

Sobre el país vecino, apuntó el experto, pesa un velo de silencio mediático, a pesar de que continúan las masacres de líderes sociales y excombatientes insurgentes, la pandemia  sigue causando estragos sanitarios y económicos, el descontento social está acaso en uno de sus puntos más álgidos y múltiples poblaciones han sido afectadas por catástrofes naturales ocasionadas por la temporada de huracanes en el Caribe.  

El paro nacional y la cobardía de Iván Duque

En este momento, refirió, se sucede un paro nacional de 48 horas convocado por el Comité Nacional del Paro y secundado por organizaciones sociales, gremios y trabajadores del campo, que presionan al Gobierno de Iván Duque para que implemente medidas urgentes que permitan al menos aliviar las demandas más sentidas de la población.

A ese respecto, comentó que la Central Única de Trabajadores (CUT) le exige al Ejecutivo que instale un diálogo con todos los sectores sociales, al tiempo que se reivindican la democracia, la protección a la vida y la paz.

Concretamente, la CUT reclama la negociación del pliego de emergencia introducido el pasado junio, en el que se contemplan la asignación de renta básica mensual a las familias más afectadas por la crisis del coronavirus, salud gratuita y universal, matrícula cero en universidades públicas y subsidio para estudiantes de las universidades privadas.

Hasta el momento, el mandatario ha sostenido que ni dialogará ni negociará con los solicitantes, exhibiendo tal debilidad e intransigencia, que en opinión de Pérez Pirela, puede conducir a una agudización de la crisis. 

Los ciudadanos, por su parte, exigen que no se difamen la lucha sindical, la lucha por la paz y la lucha por los derechos humanos y, en ese sentido, adoptaron como lema: «Por la vida, por la paz y por la negociación del pliego de emergencia», añadió. 

El paro nacional también se convocó en respaldo a las comunidades de San Andrés, Providencia, Chocó, Guajira y Antioquia que resultaron afectadas por la emergencia climática, puesto que el Comité Nacional vaticina que no se concretarán las promesas de recuperación que ha formulado Bogotá. 

Asimismo, el también director de LaIguana.TV comentó que los organizadores opinan que la administración Duque ha entrado en una muy preocupante deriva autoritaria, término que en Colombia incluye el uso del paramilitarismo.

Acusan al Gobierno de hacer trizas los acuerdos de paz, permitir la presencia de tropas de Estados Unidos y desconocer los fallos de los tribunales, esto último en referencia a la liberación de Álvaro Uribe, quien es el que maneja los hilos del poder en la administración de Duque. 

Las movilizaciones también pretenden conmemorar el año del paro cívico que arrancó el 21 de noviembre de 2019. Desde entonces, los convocantes se reunieron una única vez con el presidente colombiano, que en aras de eludir su responsabilidad, planteó la posibilidad de un diálogo ampliado con otros miembros de su gabinete, mas leyéndole la intención, la propuesta fue rechazada por el comité y cesaron los acercamientos. 

Tras esto, agregó el analista, en las diversas actividades de protesta no ha habido interlocución directa entre las partes.

Todo parece indicar que las reservas del Comité Nacional del Paro estaban adecuadamente fundamentadas, pues hace unas semanas la Minga Indígena arribó a la capital colombiana, tras varias semanas de recorrido desde el Sur del país, sin conseguir que Iván Duque se reuniera con ellos. 

Otro de los puntos incluidos en las demandas relacionadas con el paro nacional se refiere a la protección de los trabajadores del campo, a quienes la pandemia les ha hecho perder los cultivos y sus ingresos. Así, demandan que deben incluírseles en la propuesta de otorgar una renta básica a nueve millones de familias pertenecientes a los sectores más afectados por la pandemia. 

Sin embargo, Miguel Ángel Pérez Pirela considera que estas solicitudes tienen escasas posibilidades de ser escuchadas y mucho menos, de ser atendidas, toda vez que Colombia se ha transformado en una sociedad privatizada, en la que la inversión social se entiende como un gasto y, consecuentemente, falta un Estado que garantice protección a sus ciudadanos, aún en los niveles más mínimos.

Para ilustrar el punto, relató que Bogotá destinó 2.650 millones de pesos –7.000 millones de dólares, aproximadamente– para la inversión social, monto a todas luces insuficiente para lo que se requiere para satisfacer lo contenido en el pliego de conflictos, estimado en 82.000 millones de dólares.

Masacres y paramilitarismo en ascenso

De otro lado, el analista subrayó que esta protesta debe ser entendida en un contexto incendiario, de asesinatos, torturas, desapariciones y desplazamientos, en el que el pueblo colombiano es víctima del Gobierno y su brazo armado, el paramilitarismo, que pese al silencio que reina sobre el tema en los círculos oficiales y empresas de comunicación aliadas, sigue operando a sus anchas.

Por ejemplo, en el Bajo Cauca, el grupo paramilitar Los Caparros anunció a través de un panfleto fechado el 16 de noviembre, que empezaría a regir un toque de queda en los sectores bajo su control. 

La misiva, que fue difundida a través de las redes sociales, generó angustia y miedo entre los pobladores y es indicio de que en esa zona el Estado colombiano no existe, puesto que el territorio –que deviene en paraestado– está controlado por una fuerza paramilitar. 

Por otro lado, estas acciones dan cuenta de la condición de «brazo extensivo» del Gobierno del que gozan estos grupos irregulares en Colombia. 

El anuncio de la «medida», según reportes consultados para la edición del programa, se sucede al asesinato de alias «Caín», líder de Los Caparros, durante un enfrentamiento con miembros de las Fuerzas Armadas. 

Las actuaciones impunes del paramilitarismo, en su opinión, también explican las masacres, que durante 2020 suman 74, más del doble de las reportadas en 2019, cuando se perpetraron 36. 

Continuando con datos para aportar precisión a sus comentarios, refirió que durante el Gobierno de Duque han sido asesinados alrededor de 600 líderes sociales y casi mil desde la firma de los acuerdos de Paz en 2016.

Solamente durante el último fin de semana, se registraron ocho hechos de violencia, incluyendo el asesinato de la lideresa social Onilda Díaz, quien fue ultimada junto a su esposo e hijo. 

También se informó del asesinato de tres excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC-EP en los departamentos del Chocó, Putumayo y Caquetá, respectivamente, a lo que se añade el asesinato de dos líderes comunitarios afrodescendientes en Tambo (Cauca). 

Los desastres naturales sacuden a Colombia

Al ya complicado panorama descrito previamente, ha de sumarse el efecto de distintos fenómenos climatológicos que han afectado a Colombia durante los últimos meses. El último de ellos fue el huracán Iota, que golpeó con fuerza el archipiélago de San Andrés y destruyó el 95% de su infraestructura, comentó Pérez Pirela, haciendo referencia a lo reportado por el coordinador de gestión de riesgo en el archipiélago el martes. 

El huracán de categoría cinco –la más severa de todas– impactó las islas de San Andrés y Providencia en su camino hacia Centroamérica y causó la muerte de una persona, pese a que las autoridades se aprestaron a evacuar oportunamente a los residentes en las zonas de mayor riesgo. 

Medios colombianos informaron que el último contacto con la isla antes de la catástrofe se registró durante la madrugada del lunes y que la ayuda del gobierno central no arribará hasta tanto las condiciones climatológicas no lo permitan. Mientras tanto, los habitantes deberán lidiar con la devastación circundante, la falta de energía eléctrica y grandes dificultades para desplazarse, pues los fuertes vientos derribaron multitud de árboles que impedían la circulación por las vías. 

De su lado, el Gobierno de Iván Duque declaró a San Andrés y Providencia como Zonas de Emergencia durante un año. 

En Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, lluvias torrenciales causaron el desbordamiento de la quebrada La Ponchalá. Según la alcaldía, 1.500 familias resultaron afectadas, ocho personas están desaparecidas, 77 viviendas quedaron completamente destruidas y cerca de 236 miembros de organismos de control están desplegados en el terreno para atender el desastre. 

Reportes del vecino país revisados por Pérez Pirela indican que desde el 16 septiembre, las lluvias han golpeado a 56.000 familias en 26 regiones de Colombia y advierten que el peligro no ha cesado, pues la temporada de huracanes finaliza el 30 de noviembre, sin menoscabo de que se produzcan otros eventos ambientales después de esa fecha. 

Iota, el huracán responsable de la devastación en San Andrés y Providencia, alcanzó vientos de hasta 260 km/hora en su paso por América Central, afectando en su recorrido a Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. 

En Nicaragua, nación que sufrió las peores consecuencias del fenómeno atmosférico y en la que gran cantidad de municipios reportaron afectaciones, los gobiernos locales ya ejecutan un plan de recuperación del país, remató el experto.

Libro del día

«Mi cocina», de la autoría del chef venezolano Armando Scannone. 

(LaIguana.TV)