Arancha González Laya, ministra española de Asuntos Exteriores, aseguró este lunes que su gobierno no participa en actividades golpistas «ni en América Latina ni en ningún otro lugar del mundo», recoge un despacho de EFE. 

La respuesta de la cancillera se produce tras los señalamientos que hiciere el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre su próxima visita a Colombia, país desde el cual se han fraguado, entre otros crímenes, un intento de magnicidio con drones, un intento de invasión terrestre con la excusa de ingresar a Venezuela ayuda humanitaria, así como la fallida Operación Gedeón del 3 de mayo de 2020, de la que las autoridades colombianas habrían estado al tanto, de acuerdo con testimonios de participantes en las acciones.

Los resquemores de Caracas también se fundamentan en el beneplácito con el que España acogió a Leopoldo López tras fugarse de su sede diplomática en la capital venezolana, en la que se refugió tras su encabezar, junto a Juan Guaidó, un fallido golpe de Estado el 30 de abril de 2019 y que luego usó como plataforma de coordinación de actividades criminales de diversa índole, incluyendo la fallida incursión anfibia dirigida por exmarines mercenarios del pasado mayo.

Previamente, López había recibido el beneficio de casa por cárcel y cumplía una sentencia de 13 años por alentar y liderar en 2014 las «guarimbas» –protestas violentas con interés sedicioso y de tinte filofascista–, en las que perdieron la vida 43 personas.

Sin hacer alusiones directas, la funcionaria del reino de España justificó su presencia en Bogotá, alegando que el viaje estaba pautado para el año pasado, pero debió ser pospuesto por la pandemia. 

A su salida de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Gonzalez Laya dijo a los medios que en su reunión con el Gobierno de Iván Duque se abordarán asuntos relativos las relaciones bilaterales, «la posible visita» del mandatario colombiano a España «en la segunda parte de este año», «apoyar los esfuerzos del Gobierno colombiano por acoger a refugiados venezolanos» e «interesarse por la situación de los acuerdos de paz en Colombia». 

Estas declaraciones se sucedieron a la decisión de la Unión Europea (UE) de imponer medidas coercitivas unilaterales a 19 funcionarios de Venezuela, una acción que fue rechazada por el Gobierno Bolivariano a través de un comunicado. 

Concretamente, Bruselas prohibió el ingreso de estas personas a territorio comunitario y anunció la congelación de todos los activos y bienes que posean dentro de la UE. 

El caso de Pablo Hasél: «En España a la gente no se le condena por cantar»

La titular de Exteriores española también salió al paso de los señalamientos del gobierno venezolano sobre el polémico encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que ha desatado en el país una ola de protestas, ha animado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y ha generado rechazo por parte de gobiernos progresistas y activistas desde distintos puntos del orbe. 

«En España a la gente no se le condena por cantar. Quiero recordar las razones por las cuales Pablo Hasél ha sido condenado. Son tres: una, enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona, injurias a instituciones del Estado. Dos: lesiones por agredir a un periodista. Y en tercer lugar: agresión a un testigo en un caso que también estaba siendo juzgado», señaló al respecto.

Asimismo, aprovechó la ocasión para recordar que en su país «como en otros Estados miembros de la Unión Europea» están «vigilantes para que la libertad de expresión, que es una libertad reconocida en la Constitución, pueda ejercerse con su máxima amplitud», si bien reconoció que existen tensiones entre la búsqueda de «un equilibrio entre libertad de expresión y delitos relativos a la expresión», situación que también atraviesa a otras naciones del bloque, como Alemania, Francia, Finlandia o Grecia, sintetiza EFE.

De otro lado, González Laya recordó que el gobierno de Pedro Sánchez «ya ha manifestado su disposición a reformar el Código Penal en cuestiones relativas a delitos sobre la libertad de expresión para buscar una mayor precisión en la definición de esos delitos», pero insistió en que «nunca se debe confundir la libertad de expresión y el amparo de la libertad de expresión con la violencia».

En su alegato, la política comparó el «enaltecimiento del nazismo» con los «delitos contra sentimientos religiosos» con el caso español, en el que, según ella, «pueden ser injurias contra determinadas instituciones». Esto último constituye el pivote sobre el que descansan las acusaciones contra Hasél que condujeron a su condena. 

(LaIguana.TV)Pablo Hasél