El filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela dedicó la edición 260 de su programa Desde Donde Sea transmitida este miércoles 24 de febrero, examinó el conjunto de acciones que ha tomado Venezuela en la arena internacional, como respuesta a las actuaciones de la Unión Europea (UE), que el lunes anunció la imposición de otra ronda de medidas coercitivas unilaterales sobre 19 funcionarios venezolanos, inaugurando una nueva etapa de tensiones entre Caracas y Bruselas. 

 

También, profundizó en las intenciones, actuaciones y desafíos del gobierno de Joe Biden en la región, que no parece estar iniciando con el mejor pie, pues hay fuertes indicios que mantendrá las políticas de su antecesor, Donald Trump. 

 

A su parecer, no puede dejarse de lado que, como se señaló en el programa del pasado lunes, Washington está muy activo en la región, pues intentan impedir la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador y desde Colombia, continúan las conspiraciones para derrocar al gobierno de Venezuela. 

 

A ese respecto, recordó que James Story, pseudorrepresentante diplomático de los Estados Unidos para Venezuela asentado en Bogotá, sostuvo en días pasados una serie de reuniones con personeros del gobierno de Iván Duque y del ala antidemocrática de la oposición. 

 

Asimismo, como parte del contexto nacional, comentó que el gobierno venezolano inhabilitó por 15 años a Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados de la Asamblea Nacional para el ejercicio de cargos públicos, por negarse a presentar su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República (CRG). 

 

Este trámite, como indicara el contralor general, Elvis Amoroso, es de obligatorio cumplimiento para todos cuantos ejercen o han ejercido función pública y persigue que el pueblo esté al corriente de su patrimonio, al tiempo que se vigila la malversación de fondos del Estado, hechos estos de los que habrían participado los inhabilitados y razón por la cual se negarían a ofrecer la información solicitada. 

 

En la lista de los sancionados, además de Guaidó, figuran los exparlamentarios Luis Florido, Freddy Guevara –cabecilla de las «guarimbas» de 2017–, Ismael García y Julio Borges, pseudo canciller de Guaidó evadido de la justicia venezolana, que reside en Colombia bajo el amparo del gobierno de Iván Duque. 

 

 

El director de LaIguana.TV mencionó que Venezuela ordenó la salida del país en un plazo de 72 horas de la jefa de la delegación de la UE en Caracas, Isabel Brilhante y la declaró persona non grata y explicó que la medida es la respuesta del gobierno del presidente Nicolás Maduro a las medidas coercitivas unilaterales que impusiera la UE a 19 funcionarios, aduciendo que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre fueron fraudulentas. 

 

Pérez Pirela destacó que hay que tener presente que este ente se negó a enviar observadores electorales e hizo todo lo posible por sabotear los comicios y valoró su proceder como una «actuación neocolonialista».

 

Por su lado, el Gobierno Bolivariano detalló que la medida se tomó porque la UE ha impuesto ya 55 sanciones, como que si tuviera «la autoridad moral y legal para imponerlas». Venezuela también entregó notas de protesta a los embajadores de España, Francia, Alemania y Países Bajos, acusándoles de ejercer presión para que se impusieran los sanciones sobre los 19 funcionarios. 

 

Respecto de esto último, el gobierno venezolano expresó que esos cuatro gobiernos habían actuado «con la mayor mala intención» para implementar nuevas medidas coercitivas unilaterales. 

 

La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Nabila Massrali, dijo que «la UE lamenta profundamente esta decisión, que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Pedimos que se revierta esta decisión». 

 

Desde el punto de vista del analista político venezolano, esta declaración es una muestra de «sarcasmo e ironía», pues el grupo de los 27 se plegó a los dictámenes de Donald Trump en materia de política exterior y no parece haberse enterado que hay otra administración en la Casa Blanca. 

 

De otro lado, acusó a la UE actuar con rezago en la historia, al creer que es «el mundo». Asimismo, señaló que Bruselas prefiere ignorar que Venezuela tiene representaciones diplomáticas en importantes instancias dentro del concierto internacional y que a contrapelo de otros países de la región que aún se postran ante Europa, no está dispuesta a hacer lo mismo. 

 

La decisión le mereció crítica, pues en lugar de pretender actuar como metrópoli imperial, el continente debería concentrarse en sus múltiples, variados y graves problemas, que abarcan desde una profunda crisis sanitaria y económica, a protestas que han sido duramente reprimidas. 

 

 

En opinión del comunicador venezolano, si la UE está arremetiendo de forma tan brusca contra Venezuela y si esta está respondiendo en la misma medida, es imprescindible revisar cuáles han sido las últimas declaraciones y anuncios de Estados Unidos sobre el tema.

 

A ese respecto, recuperó las declaraciones de Juan González, asesor de Biden para asuntos sobre América Latina, quien dijo que el gobierno de Estados Unidos procurará la celebración de un futuro diálogo entre los diversos sectores políticos de Venezuela.  

 

«La democracia a Venezuela no llegará mañana, tomará tiempo. Tenemos que empujar a que el régimen se siente con la oposición una salida. Los venezolanos son los que tienen que hablar del futuro del país», escribió el funcionario en Twitter.

 

 

Pérez Pirela considera que en Washington continúan fantaseando con la idea que el presidente Nicolás Maduro «se sentará a negociar su muerte política» y vaticinó que si los demócratas continúan con la lógica Trump, de sanciones y bloqueos –aún sin imponer otros–, «no van a llegar a ninguna parte». 

 

Argumentó este pronóstico señalando que «si hay alguien que no está  apurado, es el presidente Nicolás Maduro», pues «está sentado en la silla presidencial» y pese a las sanciones y bloqueos, la situación económica, aún muy difícil, no es comparable con la que se veía uno, dos o tres años atrás, puesto que la economía muestra signos inequívocos de recuperación. 

 

González, de otro lado, repudió el lenguaje de Trump sobre Venezuela y desestimó que el gobierno estadounidense actuara en este caso como que si fuera un partido político. 

 

Estas declaraciones, recordó el analista, se corresponden con las que ofreciera durante la campaña electoral, cuando indicó que si bien el ahora expresidente hablaba mucho sobre las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela, en realidad no había una política coherente para este país, por lo que no habían surtido el efecto deseado. 

 

 

La invisibilizada crisis política y humanitaria en Haití es, para Miguel Ángel Pérez Pirela, un signo de que el gobierno de Biden «comenzó con muy mal pie en la región», al apostar por respaldar a una dictadura de derecha encabezada por Jovenel Moïse, electo presidente en 2016 

 

Desde su ascenso al poder, Moïse ha socavado sistemáticamente las libertades fundamentales en el país caribeño, que se encuentra en «crisis permanente desde 2018», cuando se desataron protestas multitudinarias por presuntamente apropiarse de los fondos de Petrocaribe, relató.

 

De acuerdo con la mayoría opositora, el presidente debía abandonar el cargo el pasado 7 de febrero, pero, de hecho, acumuló en su persona todos los poderes de la República, violando lo establecido en la Constitución vigente. 

 

A lo anterior se añade que Moïse es ampliamente rechazado por la sociedad haitiana y no solo por políticos y partidos de la oposición, puesto que también colectivos sociales, sindicatos y hasta élites de la iglesia católica se han pronunciado abiertamente contra la dictadura de facto instalada por él, que en buena medida ha prosperado porque el país no dispone de una institucionalidad fuerte que pueda hacer frente a esta escalada antidemocrática.

 

Según la revisión realizada por Pérez Pirela, las elecciones parlamentarias, inicialmente previstas para 2018, han sido suspendidas en reiteradas oportunidades y ante la imposibilidad de renovar los curules, el presidente optó por cerrar el parlamento en enero de 2020 y gobernar por decreto, acción que acompañó con la creación de la Agencia de Inteligencia (AI), un cuerpo parapolicial cuya razón de ser es reprimir duramente la protesta social legítima. 

 

Core Group, un grupo diplomático –compuesto por el Representante Especial de la Secretaría General de las Nacionales Unidas, los embajadores de Brasil, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, España y los Estados Unidos, así como el Representante Especial de la Organización de Estados Americanos– que opera en Haití, manifestó «su preocupación» por «la usurpación de competencias al Legislativo» y señaló que «las medidas del presidente no parecen ajustarse a algunos principios de la democracia» y del respeto a los derechos ciudadanos. 

 

Empero, esta declaración deja de lado que Jovenel Moïse se ha mantenido en el poder gracias al respaldo que en su día le ofreciera la administración Trump, así como por la violencia que ejercen los grupos parapoliciales a su servicio. 

 

Otro punto a tener en consideración, en el criterio del experto criollo, es que el actual gobierno haitiano rompió relaciones con Venezuela en 2019 –de quien había recibido petróleo subsidiado por más de una década–, desatando una crisis energética sin precedentes y procedió –en apego a la política de Trump, de la que es un fiel seguidor–, a reconocer a Juan Guaidó como «presidente interino» del país. 

 

 

De acuerdo con la Red Nacional de los Derechos Humanos de Haití, 2020 fue «el año de la ‘gangsterización'», puesto que estuvo caracterizado por la violación sistemática de las libertades fundamentales de la ciudadanía.

 

Esa fuente refiere, asimismo, que unas mil personas fueron secuestradas y una cifra similar falleció producto del recrudecimiento de la represión sin que, hasta el momento, haya aparecido ninguna condena internacional sobre el gobierno haitiano. 

 

Sin embargo, Pérez Pirela es de la opinión que, en la teoría, la derrota de Donald Trump y el ascenso de los demócratas parecen forzar un cambio en pos de la fachada institucional, lo que estaría en consonancia con las declaraciones del Core Group y las sanciones aplicadas a dos funcionarios, pero todavía no se ha producido ninguna acción efectiva en esa dirección. 

 

De su lado, Jovenel Moïse insiste en que su período presidencial culmina en 2022. Sin mayores reparos está promoviendo una reforma constitucional para el mes de abril, que aunque no goza del aval popular, es apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

En juicio del comunicador venezolano, que la OEA y la ONU hayan avalado la maniobra de Moïse aunque la Constitución de Haití prohíba explícitamente la aplicación de mecanismos consultivos para su modificación, así como que las elecciones generales estén planificadas para el próximo 19 de septiembre, es un indicio bastante claro de que Washington es quien está detrás de este cronograma. 

 

Esto justificaría, además, el por qué la OEA y la ONU han preferido mirar a otro lado no solamente en el caso de esta propuesta inconstitucional, sino muy especialmente a las denuncias y evidencias existentes sobre opositores que han sido desmembrados a machetazos, así como de los secuestros y torturas que se están produciendo en Haití. 

 

Según investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), «Haití es la primera muestra de lo que el relevo presidencial de Estados Unidos tiene para ofrecer en América Latina». De ahí la insistencia de Pérez Pirela en que la llegada de Biden no representaba un cambio sustantivo para la región.

 

 

Es notorio que Estados Unidos está respaldando el intento del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador para arrebatarle la elección presidencial al candidato correísta Andrés Arauz, pero la razón de fondo no es, como podría pensarse, la alineación ideológica del aspirante, sino frenar el avance comercial de China en ese país. 

 

Sobre esto, Pérez Pirela recordó que durante la última semana del mandato de Donald Trump, los países anunciaron un acuerdo sin precedentes. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos se comprometió a desembolsar 3.600 millones de dólares para que Ecuador cancele parte de su deuda con China y, a cambio, este debe excluir a Huawei y a otras compañías chinas de la infraestructura 5G y abrirse a la venta de activos del Estado, particularmente en el sector de los hidrocarburos, a empresas estadounidenses. 

 

Según el doctor en Relaciones Internacionales Esteban Actis, tanto la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional como el plan América Crece, se convirtieron en herramientas estadounidenses para contrarrestar la presencia de China en la región.

 

En el caso ecuatoriano, si bien el acuerdo aún no ha entrado en vigor, bajo el punto de vista aportado por Actis, comprometería a quien resultare vencedor en la segunda vuelta, más allá de su alineación ideológica. 

 

El experto en asuntos internacionales también destaca que aunque estas iniciativas aparecieron en la última mitad del gobierno de Trump, existe un consenso bipartidista de no perder terreno en el financiamiento de la infraestructura en la región, lo que hace suponer que esta política, pero con ligeros cambios, consistentes fundamentalmente en el empleo de métodos más sofisticados que su antecesor. 

 

Guillaume Long, canciller de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa, aseguró que «confía» que un gobierno de Arauz no dará continuidad al tratado suscrito por Trump y Moreno, porque al país no le conviene estar atrapado en un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, pero en el parecer de Pérez Pirela, esa es justamente la agenda que intenta imponer el gobierno de Biden en ese país.