A pesar de la campaña mediática y política desplegada contra Venezuela por la presunta violación sistemática de los derechos humanos, Pablo Fernández, secretario del Consejo General de Policía, sostiene que en el país funcionan múltiples mecanismos de actuación que permiten identificar, confrontar, corregir y prácticas policiales inadecuadas.

A su parecer, estos señalamientos internacionales en contra del país, han sido usados «como un arma de guerra y confrontación ideológica, muy útil para justificar luego masivas y groseras violaciones a los derechos humanos«, pues al tiempo que se permiten estas acusaciones infundadas, se consiente la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de las potencias hegemónicas, que al imponer medidas coercitivas unilaterales y bloqueos, violan groseramente los derechos humanos de todos los venezolanos.

Así, precisó Fernández, «el tema de los derechos humanos enfocado a la acción de los organismos de seguridad, se ha convertido en una constante». Empero, esto no significa que no existan «prácticas individualizadas, desviadas, que puedan constituir violación de derechos», detalló, porque «si no las hubiese, nuestras instituciones de justicia no tendrían casos que están procesando, no habrían funcionarios policiales o militares que han sido condenados y que están cumpliendo penas de prisión».

Sin embargo, destacó que aunque el Estado reconozca que existen casos de violaciones a los derechos humanos, eso no habilita a ninguna persona, institución o país para «establecer la etiqueta o la premisa que se trata de una práctica sistemática de Estado». Son dos cosas muy distintas y la segunda «es inadmisible en Venezuela», añadió.

Por otra parte, aseguró que existen «muchísimos mecanismos» de control, tanto internos como externos, que le permiten a las autoridades «confrontar, atacar y neutralizar las malas prácticas» permanentemente.

A ese respecto, puntualizó que el equipo de trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de la expresidenta Michelle Bachelet, ha tenido la ocasión de comprobar de primera mano la transformación cotidiana «de protocolos de actuación, de formación, de sanciones, de mecanismos de control interno en las policías».

En el pasado, agregó, anteriores comisionados de las Naciones Unidas actuaron «con un sesgo político» y formularon señalamientos con base en «informes de dudosa procedencia y construcción que hacían algunos mercenarios de derechos humanos que hay en algunas ONG y en algunos centros académicos» del país.

El secretario del Consejo General de Policía indicó que todas las acciones emprendidas por el Estado venezolano para adecuar todavía más los procedimientos y protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad a lo que establecen los estándares internacionales son comprobables y auditables.

Para concluir, aseveró que se realiza un esfuerzo continuado para echar abajo «la campaña mediática y política que hay contra Venezuela montada en este tema de las presuntas violaciones a los derechos humanos».

(LaIguana.TV)