A fines 2019, una neumonía causada por un virus respiratorio desconocido, prendió las alarmas en la ciudad de china de Wuhan. El hilo que unía las historias de los afectados era la visita a un mercado local donde expenden mariscos y animales salvajes, vivos o muertos. Entonces, poco se sabía de lo que estaba por venir, pero este dato indujo a creer que se trataba de una zoonosis, es decir, una enfermedad que había pasado de algún animal a los seres humanos.

El 20 de enero de 2020, el culpable tuvo nombre. Los científicos chinos que lo identificaron le llamaron SARS-CoV-2, en virtud de su parecido con otro coronavirus, el SARS-CoV, causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), una enfermedad similar a la neumonía de Wuhan, que fue llamada COVID-19 tanto para dar cuenta de su año de aparición, como para evitar la estigmatización de los ciudadanos chinos.

La mayoría de la gente no podía prever que en pocas semanas se impondría una “nueva normalidad” regida por cuarentenas, mascarillas-tapabocas-barbijos, lavado de manos y distancia física, ni que frases que solamente expertos conocían, empezaran a estar, queriéndolo o no, en la boca de todos: pandemia, coronavirus, contagios, prueba, “dar positivo”, unidad de cuidados intensivos, respiración asistida, colapso sanitario, cementerios improvisados… La “nueva normalidad” también traía consigo una cuota de horror.

Rápidamente, la afección se diseminó por el mundo y  demostró que podía enfermar y matar a personas sin distinción: nadie estaba a salvo. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó la COVID-19 como una pandemia. Dos días después, Venezuela anunció que se habían identificado los primeros dos casos, pertenecientes a dos viajeros procedentes de Italia.

La alarma estaba encendida desde antes, pues el 30 de enero de 2020, la OMS alertó al mundo que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus constituía una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Durante las sucesivas semanas, se demostró que las advertencias de los expertos no eran en vano, pues aún en países ricos, la ola de contagios sobrepasó la capacidad de sus sistemas sanitarios y los decesos comenzaron a contarse por centenas y hasta por miles.

Se sabía –se sabe– poco del virus y de la enfermedad, pero parecía estar claro que se transmitía por vía aérea y al no existir ni tratamientos específicos ni una vacuna adecuada, las únicas soluciones disponibles para frenar la expansión descontrolada de la infección eran el confinamiento y la adopción de medidas de bioseguridad básicas, a saber: restricción de la circulación, lavado frecuente y adecuado de las manos, uso de tapabocas para salir a la calle o al estar en entornos de riesgo y distanciamiento físico.

Con este panorama, Venezuela, un país asediado, sancionado y con sus buena parte de sus activos confiscados por Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, tenía frente así un inmenso desafío: evitar la proliferación indiscriminada de los contagios, generar las condiciones para que millones de personas pudieran permanecer resguardadas en sus casas durante largo tiempo y sortear las limitaciones de las medidas coercitivas unilaterales para comerciar petróleo y adquirir insumos básicos como alimentos y medicinas.

Muchos vaticinaban –y hasta apostaban por– que el país estaría atravesando por una emergencia sanitaria sin precedentes y pondría el riesgo a sus vecinos más cercanos, Brasil y Colombia, con quienes comparte una extensa y porosa frontera terrestre.

Un año después, la realidad dista mucho de la que pronosticaron esas voces agoreras. Según cifras compiladas por el portal Worldometers, al 11 de marzo de 2021, en Venezuela se habían computado 143.796 casos positivos de COVID-19 y han perdido la vida por esa causa 1.407 personas. Ajustadas esas cifras por millón de habitantes, se corresponden con 5.067 casos y 50 decesos, respectivamente, sin dudas, de las más bajas de la región.

En Brasil, la pandemia causa estragos. Los hospitales están colapsados, el país ha roto récords de decesos, registrando para la fecha 273.124 muertes por esta causa, solamente por detrás de los Estados Unidos y en Colombia, que no padece los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y ha recibido apoyo financiero de los organismos multilaterales, se ha informado de 2,3 millones de casos positivos y 60.858 defunciones por causa del coronavirus.

Aunque prácticamente ningún país se ha librado de los efectos de la COVID-19, parece estar claro que la gestión de los gobiernos ha marcado la diferencia. Así, Venezuela puede explicar su buen desempeño en el control y manejo de esta crisis multiforme, a partir de una combinación entre la adopción de medidas de confinamiento tempranas, la detección y el seguimiento de casos, así como a la adecuación del sistema de salud para la atención de todas las personas diagnosticadas con la enfermedad, pese a las duras condiciones económicas reinantes.

Además, el gobierno venezolano ha sido respaldado en la adquisición de insumos por los gobiernos de Rusia y China, así como por el gobierno de Cuba, que envió expertos sanitarios y personal de salud, inmediatamente se detectaron los primeros casos de coronavirus.

Actuación pronta, pertinente y coordinada

El mismo 13 de marzo de 2020, el Ejecutivo decretó un Estado de Alarma, suspendió las clases presenciales en todos los niveles y ordenó el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y para circular por las calles. Al día siguiente, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que las personas que regresaran al país procedentes de Europa, debían guardar cuarentena. 

Seguidamente, el 15 de marzo de 2020, el presidente Maduro suspendió las actividades laborales en siete estados, exceptuando aquellas actividades consideradas como esenciales: salud, alimentación, seguridad y transporte, al tiempo que se restringió la circulación de vehículos y personas entre entidades y municipios. En el resto del país, se decretó la cuarentena total apenas un par de días después.

Además, el 17 de marzo se anunció la suspensión de todos los vuelos, tanto comerciales como privados, desde y hacia Venezuela, exceptuando los de transporte de carga y correo, lo que implicó que, en la práctica, el país limitaba por completo su contacto con el exterior, pues al conocerse de los primeros casos de coronavirus, los gobiernos derechistas de Jair Bolsonaro e Iván Duque decretaron el cierre de sus fronteras con Venezuela, aduciendo que el –según ellos– previsible descalabro sanitario en la nación bolivariana, representaba una amenaza para la salud pública de sus poblaciones. 

De otra parte, atendiendo a recomendaciones de expertos chinos, las autoridades sanitarias implementaron mecanismos de búsqueda de casos sospechosos en los hogares con equipos médicos y de voluntarios, así como de rastreo de contactos, apoyados en la plataforma Patria, en la que se activó un instrumento para el registro de síntomas, afecciones médicas preexistentes y movilidad, que se ha ido perfeccionando en la medida que se ha avanzado en el conocimiento del comportamiento de la enfermedad.  

Venezuela registró su primer deceso por COVID-19 el 26 de marzo. Ese mismo día se informó de la detección de los cinco primeros casos de transmisión comunitaria, o lo que es lo mismo: que el virus circulaba en el país y que inevitablemente, los contagios aumentarían pues no todas las personas podían permanecer en sus casas.

En adición, el gobierno nacional optó por mantener abiertas sus fronteras terrestres para los connacionales que decidieron retornar desde países vecinos, dadas las duras condiciones a las que fueron sometidos con la llegada de la pandemia.

Para ello, se habilitaron los Puntos de Atención Social Integral (PASI), en los que se aplican pruebas diagnósticas para el coronavirus, se traslada a los enfermos a centros de salud, se gestionan espacios para que los retornados guarden 15 días de cuarentena obligatoria y se dispone su traslado a sus entidades de origen.

Globalmente hablando, las medidas adoptadas por el gobierno evitaron una ola de contagios y fallecimientos similares a las que se experimentaron primero en países europeos y luego en latitudes más próximas, como Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, México o los Estados Unidos. Se aprendió la lección y, con ello, se evitó una tragedia de grandes proporciones.

El 7+7: la estrategia venezolana para la flexibilización parcial del confinamiento y la reactivación económica

A fines de mayo, la curva de contagios en Venezuela estaba estabilizada y tras dos meses y medio de cuarentena estricta –y la subsecuente paralización económica que ello entrañó–, el presidente Nicolás Maduro anunció una primera estrategia de flexibilización que abarcaría cinco días de actividad económica en 24 sectores priorizados, seguidos de 10 días de confinamiento estricto, como el decretado a mediados de marzo, con excepción de los municipios fronterizos, en donde se mantendrían las medidas radicales.

Esta primera flexibilización supuso el reinicio de la actividad bancaria, consultorios médicos, el sector construcción, ferreterías, peluquerías, la industria textil y del calzado, talleres mecánicos y servicios personalizados refrigeración y plomería, que habían estado completamente detenidos desde marzo.

El 5 de junio de 2020, se adoptó el plan 7+7, en el que se alterna una semana de flexibilización, con una de cuarentena que ha estado vigente –con pocas modificaciones–desde entonces, si bien el 13 de julio, las autoridades decidieron focalizar los confinamientos, en función de la cantidad de casos registrados en las distintas entidades y municipios, estableciendo tres niveles: en las regiones con focos de contagio masivos, se mantendría el confinamiento estricto; en aquellas que informaran de “brotes importantes de casos activos, pero controlados”, se flexibilizaría parcialmente y en los estados con pocos casos activos o sin casos, se permitiría la flexibilización más amplia posible, dentro de las condiciones pandémicas. 

El 19 de octubre de 2020 y con miras a reactivar la economía antes de la temporada navideña, la ministra de Comercio Nacional, Eneyda Laya, anunció que esa semana se sumarían a la estrategia de flexibilización los comercios dedicados a la venta de aparatos electrónicos, celulares, joyas, artesanías, bisuterías y arreglos florales, así como los estudios fotográficos.

Esta flexibilización bajo el esquema 7+7 estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2020, cuando el presidente Nicolás Maduro anunció que durante todo el mes de diciembre y hasta el 4 de enero de 2021, se relajarían las medidas de confinamiento. El Mandatario justificó su decisión apelando al descenso sostenido de los contagios que se observó desde mediados de octubre, aunque advirtió que durante la última semana de cuarentena radical de 2020, la población apenas había cumplido con las restricciones.

Las medidas decembrinas implicaron la circulación por todo el territorio, la habilitación de algunas rutas aéreas nacionales e internacionales y el funcionamiento masivo del comercio, lo que, aunado a la temporada decembrina, derivó en una gran concentración de personas en las calles.

El país regresó al confinamiento el 5 de enero de 2021 y el 10 de enero, la vicepresidenta Rodríguez reconoció que durante las próximas semanas se esperaba un crecimiento en la cantidad de casos de coronavirus. Apenas un mes después, el gobierno decretó una flexibilización ampliada durante 10 días, a propósito del carnaval, si bien se prohibieron las fiestas, las caravanas y los desfiles, en un intento por evitar las aglomeraciones.

El pasado 3 de marzo, el Jefe de Estado informó que se habían identificado los 10 primeros casos de COVID-19 en el país causados por la variante brasileña P1, cuya virulencia puede ser hasta 2,2 veces mayor que la de la que circulaba en el país y en el resto del mundo.

Así las cosas, ante este nuevo desafío, aunque en Venezuela mantendrá el esquema 7+7, la semana de confinamiento se regirá por condiciones tan estrictas como las implementadas hace un año, que implican la suspensión de todas las actividades no esenciales, el funcionamiento de los comercios esenciales por pocas horas, la prohibición de concentraciones y reuniones, así como restricciones importantes en la movilidad, aún dentro de los municipios.

El comportamiento del coronavirus en Venezuela

Comparativamente hablando, la situación de la pandemia no ha estado nunca fuera de control. La explicación, como antes señalamos, se debe a las medidas tempranas y efectivas adoptadas por el Ejecutivo.

Aún así, la dinámica de transmisión de una enfermedad respiratoria como la COVID-19, así como la imposibilidad del confinamiento absoluto durante períodos excesivamente prolongados, hace inevitable que la cantidad de casos positivos se incremente paulatinamente, aunque ello no implique necesariamente que el crecimiento de las infecciones y los decesos siga un patrón exponencial.

En el caso de Venezuela, la curva de contagios se mantuvo aplanada hasta finales del mes de mayo. A fines de junio –coincidiendo con la primera flexibilización–, se reportó que el 74% de los casos registrados de coronavirus en el país, se identificaron durante ese mes.

Ello obligó a las autoridades a matizar las flexibilizaciones y a imponer cercos epidemiológicos en las áreas más afectadas. En Caracas, por ejemplo, se suspendieron el Metro de Caracas y el Ferrocarril que conecta la capital con las poblaciones de los Valles del Tuy, ubicadas en el vecino estado Miranda.

Los meses en los que se computaron mayor cantidad de infecciones fueron, con diferencia, agosto y septiembre, llegando reportarse hasta cerca de 1.300 casos por día, tras lo cual empezó a evidenciarse una reducción sistemática de los contagios y una estabilización en la curva que, con sus fluctuaciones, aún se mantiene en torno a los 500 casos.

De otro lado, el control de la pandemia ha evitado que la cantidad de casos activos sea demasiado alta, evitando el subsecuente colapso del sistema sanitario y decesos derivados de la ausencia de atención médica oportuna, aunque en esto también han jugado un papel decisivo el rastreo de contactos, las visitas casa por casa a partir del registro de síntomas en la plataforma Patria, la hospitalización de todos los enfermos y la habilitación de hoteles y hospitales de campaña en los municipios con mayor cantidad de casos. 

En los momentos más agudos, se reportaron hasta 11.800 casos activos y hasta 12 defunciones por día, si bien en el presente, estas cifras se han reducido hasta la mitad. 

Otra de las explicaciones tras la relativamente baja cantidad de fallecidos reportados en Venezuela, está relacionada con el hecho de que la mayor parte de los enfermos, son personas entre los 20 y 49 años. Y si bien se han registrado decesos en todos los grupos de edad, también es cierto que la probabilidad de morir por causa de la COVID-19 es mayor entre las personas de tercera edad o entre quienes poseen comorbilidades como la hipertensión o la diabetes.

De los ensayos clínicos al plan de vacunación contra la COVID-19

Las medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Venezuela, representan una traba para la adquisición de vacunas. Particularmente negativos han sido los efectos de la confiscación de los fondos de Venezuela en el extranjero, pues han impedido que el país pueda hacerse un sitio en el voraz mercado de las vacunas o acceder a ellas a través de mecanismos como COVAX, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso de inmunizadores en las naciones pobres.

De entre los casos de latrocinio contra los activos de la República cometidos por gobiernos extranjeros en contubernio con agentes locales, destaca particularmente la retención de más del oro venezolano en el Banco de Inglaterra, ello pese a que el Ejecutivo accedió a que el dinero resultante de su venta fuera administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se utilizara exclusivamente para atender la crisis pandémica.

Los bloqueos de las cuentas del Estado venezolano también han traído consigo que Venezuela le adeude a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) unos 18 millones de dólares, por lo que el ente ha condicionado el acceso a las vacunas que distribuye COVAX al pago de este compromiso .

Sin embargo, hay buenas noticias. Como parte de los acuerdos de cooperación suscritos entre el Gobierno Bolivariano y la Federación Rusa, Venezuela fue incluida para la fase III de los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, con sede en Moscú, y la primera desarrollada en todo el mundo contra la COVID-19.

Este acuerdo, según precisó en su día el ministro de Salud, Carlos Alvarado, implica además la transferencia tecnológica, para que en cuanto sea posible, Venezuela pueda producir el inmunizador bajo las directrices de los científicos del centro moscovita.

Las dosis para el ensayo –2.000– arribaron al país el pasado 2 de octubre y en diciembre se anunció que Venezuela había firmado un contrato para adquirir 10 millones de dosis –que alcanzan para inmunizar a 5 millones de personas– de esta vacuna.

El primer lote de 100.000 llegó el pasado 13 de febrero y con ello inició formalmente el plan de vacunación en el país. Estas primeras dosis ya fueron administradas a trabajadores sanitarios y a otros grupos vulnerables al contagio, entre los que se incluyó a gobernadores, alcaldes, diputados y militares, como se anunció en su momento.

Adicionalmente, el 5 de marzo se informó de la llegada de 500.000 dosis de la vacuna sintetizada por la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino, conocido en Occidente como Sinopharm y el 8 de marzo se comenzó a administrar masivamente del fármaco, principalmente en los educadores, pues las autoridades han previsto el reinicio de las actividades escolares presenciales durante la segunda semana de abril. 

(LaIguana.TV)