A propósito de la detención preventiva de la exgobernante de facto de Bolivia, Jeanine Áñez y de sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, quienes fueran acusados por la Fiscalía de sedición, conspiración y terrorismo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, divulgó un comunicado en el que desmerece el sistema de administración de justicia del país andino, acusa al partido gobernante de perseguir a sus opositores y demanda su liberación.
Almagro, quien fue parte activa en el golpe de Estado perpetrado contra el expresidente Evo Morales, asegura que su oficina «ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno».
En su lugar, propone «remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional para que el juzgamiento sea imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad».
El pronunciamiento del funcionario se sucede a una carta que enviara Áñez al organismo el día de su detención, en la que acusa al Gobierno del presidente Luis Arce de vulnerar sistemáticamente «los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante» y califica su detención y la de dos de sus exministros como «ilegal».
Sin hacer alusiones directas, en el documento, la OEA mide con una vara distinta las detenciones irregulares sucedidas en contra de sus opositores –particularmente contra los miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del depuesto Morales y de Arce– durante la gestión de la exgobernante de facto.
Así, señala que «en los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al gobierno».
El Senado boliviano defendió la acción de la Fiscalía, catalogándola como un acto de «justicia» y no como el resultado de una «persecución», como insisten en sostener tanto la oposición antimasista y la OEA.
«No es persecución, es justicia. (…) Los que hoy dicen ser víctimas de la persecución política debieron pensar mil veces antes de romper el orden constitucional en noviembre de 2019», dijo Andrónico Rodríguez, presidente de la cámara alta, en un comunicado divulgado el pasado viernes en sus redes sociales.
En el espíritu de las tesis difundidas por la oposición en Bolivia, la Secretaría General de la OEA también cuestiona la legitimidad de las elecciones del Poder Judicial en ese país, puesto que, asegura, «se realizaron sin participación de la oposición por considerarse carente de garantías el proceso y muy avanzada la cooptación de ese poder del Estado por parte del partido de Gobierno».
«En este sentido, el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración», añade, aunque sin ofrecer detalles que sustenten estas apreciaciones.
Con esta base, en las propuestas que el ente considera «necesarias», se especifica una reforma del sistema judicial «a través de un diálogo político profundo de todos los actores políticos, académicos y sociales, así como –de considerarlo oportuno– la cooperación internacional», puesto que en la actualidad, el Poder Judicial carece de independencia y urge «revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente».
En los alegatos presentados por Almagro tampoco figura el reconocimiento de la responsabilidad en Jeanine Áñez y parte de su gabinete las masacres de Senkata y Sacaba. Apenas se atreve a señalar que «obviamente, la impunidad nunca es una opción ni para crímenes de lesa humanidad ni para la corrupción».
Lo antes dicho sería suficiente, en el criterio abiertamente injerencista y parcializado de la OEA, para exigir «la liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades como los señalados ut supra, y especialmente teniendo en cuenta la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto CASLA».
Además, el organismo interamericano demanda la conformación de «una comisión internacional para la investigación de actos de corrupción» sucedidos desde el gobierno de Morales, «incluyendo, obviamente, el período del gobierno de transición», término con el que se refiere al gobierno de facto resultante del golpe de Estado de 2019, en que está comprobada su participación.
Este lunes, la cadena teleSUR informó que Áñez fue trasladada a una cárcel de mujeres en la zona sur de La Paz, donde cumplirá una pena de cuatro meses de prisión preventiva.
(LaIguana.TV)
Comunicado de la Secretaría General de la #OEA sobre la situación en #Bolivia https://t.co/ToZJtqRtJh pic.twitter.com/oi2FbWzsEX
— OEA (@OEA_oficial) March 15, 2021
