Apenas a 55 días de concluir su mandato, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, aseguró que se sentía «feliz» porque dejaría «la casa en orden», ello en referencia a su propia gestión.
Según reportes de la agencia Xinhua, Moreno profirió estas controvertidas declaraciones el pasado 30 de marzo en una reunión con los miembros de un Comité de Transición de Gobierno creado el pasado febrero, en el que participan funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
«Hoy tenemos un país debidamente institucionalizado, las instituciones del Estado tienen total autonomía e independencia y trabajamos de forma coordinada, como manda la Constitución y como lo ordena la democracia», dijo el gobernante.
Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, casi desde el inicio de su gestión, emprendió procesos judiciales cuestionados contra adversarios políticos, incluyendo a su propio compañero de fórmula, el vicepresidente Jorge Glas y al expresidente Rafael Correa.
Glas fue condenado en 2017 a seis años de prisión por su presunta participación en la trama de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, aunque nunca pudo probarse la comisión de delito alguno.
A Correa, la administración de Moreno lo persiguió por distintas vías y lo condenó a ocho años de cárcel por «cohecho agravado» en un caso conocido en el país con el nombre de Sobornos 2012-2016, si bien el propósito de esta sentencia no era otra que inhabilitar políticamente al popular exmandatario, quien se había postulado como vicepresidente en la fórmula de Andrés Arauz en los comicios presidenciales de este año.
En su intervención, el actual presidente ecuatoriano también dijo: «Hoy se respira libertad en toda la amplia gama que eso implica. Los comunicadores, con su libertad de expresión; los jóvenes con su libertad para soñar con un futuro siempre mejor; todos con la libertad de denunciar responsablemente, porque hoy los Derechos Humanos se respetan de manera irrestricta, sin ninguna cortapisa».
Empero, un informe elaborado por la Comisión de la Verdad sobre protestas en Ecuador en 2019 determinó que en esos eventos, el Estado «violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física y psicológica, la libertad personal, el derecho a la libre expresión, entre otros derechos».
Asimismo, frente a la matriz mediática impulsada por el gobierno, se descartó que la actuación de la fuerza pública pudiera interpretarse «como abusos o excesos aislados», toda vez que se vulneraron sistemáticamente «los derechos humanos a la vida e integridad personal», causando «serios y, en algunos casos, irreversibles daños en la población civil» entre el 3 y el 16 de octubre de 2019.
Moreno sostuvo que había dejado «alivio financiero y recursos externos en excelentes condiciones; eso le permitirá al próximo gobierno fortalecer lo avanzado e implementar nuevos proyectos», pero diversos informes muestran lo contrario.
Así, de acuerdo con una investigación expuesta por el analista venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea, Moreno desmanteló las políticas sociales implementadas durante el gobierno de su antecesor y recurrió a un endeudamiento oneroso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el orden de los 6.500 millones de dólares.
Desde el punto de vista social, tampoco el panorama es mejor. Un informe presentado por el Grupo Parlamentario para la Erradicación de la Pobreza y el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenido de la Asamblea Nacional, el Instituto de Investigaciones y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, destaca que el nuevo gobierno deberá enfocarse en: «Repensar el modelo de ‘desarrollo’, combatir la desigualdad, recuperar el rol del Estado para el desarrollo».
Asimismo, establece que «otro de los pendientes es reconstruir y reformular la institucionalidad, establecer un nuevo pacto fiscal, establecer como objetivo nacional el pleno empleo, fortalecer y redirigir los incentivos a la economía real, reorganizar los marcos regulatorios que no protegen ni garantizan la inserción de las mujeres en la economía, consolidar un sistema de protección social, priorizar políticas activas y compromisos para erradicar la desnutrición infantil».
Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) indicó en un reporte que la pandemia dejó al descubierto «las debilidades del sistema de salud ecuatoriano y su capacidad para proporcionar servicios esenciales de salud y nutrición», al tiempo que denunció que el 25% de los menores de cuatro años sufre de desnutrición crónica y el 30% padece sobrepeso.
(LaIguana.TV)
Mientras los hospitales están colapsando en #Guayaquil y en varias ciudades del 🇪🇨 Mientras existe un exceso de más de 46.000 MIL MUERTES desde que empezó la pandemia, el presidente Lenín Moreno dice:
– «Puedo decir que dejamos la casa en orden» 🤷🏻♂️🤦🏻♂️ pic.twitter.com/dyRLwf9EJ2— Guayaco C. (@Guayaco__2020) March 30, 2021
