Las autoridades y la prensa estadounidense y española escandalizan con las normas que Venezuela aplica o proyecta aplicar al funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Es un acto de profunda hipocresía, pues en Estados Unidos y España rigen leyes muy estrictas respecto a este tipo de entidades supuestamente independientes y sin fines de lucro.

Un paseo por medios como La Voz de América o El País de Madrid bastará para ver cómo el aparato mediático global y funcionarios de EEUU y España acusan al gobierno venezolano de perseguir y tratar de destruir las ONG porque pretende establecer normas legales que las obliguen a registrarse ante una dependencia pública y presentar informes regulares sobre sus fuentes de financiamiento y beneficiarios.

De esas posturas cabría suponer que en EEUU y España, las ONG van a su aire, sin interferencia alguna de los gobiernos. Pero otra simple revisión a internet muestra que esa esa una gigantesca mentira.

EEUU, bajo la amenaza de la Ley Patriota

Registrar una ONG o cualquier tipo de entidad que se declare como “sin fines de lucro”  en EEUU es un asunto tan complejo que hay manuales bastante gruesos dedicados a orientar a los interesados sobre cómo navegar en un mar de burocracia y preceptos jurídicos. También hay bufetes especializados en guiar a quienes se proponen esa meta. Los primeros pasos para la inscripción deben darse ante la gobierno del estado donde vaya a operar la ONG, es decir, que si se aspira a un alcance nacional, los promotores tendrán que realizar el proceso en cada uno de los 50 estados.

Pero eso es solo el comienzo. Luego hay muchas más regulaciones y obligaciones con diversos despachos de los gobiernos estadal y federal, sobre todo para lograr la exención de impuestos como organización no lucrativa.

Ese era el panorama vigente para las ONG hasta el siglo pasado, pero a partir del 11 de septiembre de 2001, ya sabemos que todo cambió (para peor) en EEUU. Y en lo que a este aspecto se refiere, la orden ejecutiva emitida por George W. Bush y la draconiana Ley Patriota se convirtieron en la excusa para que todas las organizaciones sociales estén sujetas a las más estrictas revisiones, incluso fuera del debido proceso judicial.

El financiamiento del terrorismo es el argumento para  que las ONG, fundaciones y entes análogos, así como sus donantes estén siempre bajo el ojo del gobierno.

La Ley Patriota entró en vigor a partir del 15 de marzo de 2004, pero en 2001, luego de los atentados, se dictó la Orden Ejecutiva 13224 que, entre otras muchas medidas, “prohíbe las transacciones con personas y organizaciones que el Poder Ejecutivo considere asociadas con el terrorismo y permite al gobierno congelar todos los activos controlados o en posesión de estas entidades y de quienes las apoyan”.

Es clara la discrecionalidad de la norma, expresada en la frase “que el Poder Ejecutivo (no el Judicial) considere asociadas con el terrorismo”.

Para quien tenga alguna duda, la asistencia humanitaria también puede ser considerada como apoyo al terrorismo, si se presta a personas que el gobierno considere asociadas con terroristas o actos de terrorismo.

Una ONG que infrinja la Orden Ejecutiva o la Ley Patriota puede sufrir la congelación de sus activos o enfrentarse a otras medidas coercitivas no especificadas, incluso si alega no saber  que está prestando apoyo a partes asociadas con el terrorismo.

La Ley Patriota impone multas y penas de prisión de hasta 15 años a cualquier entidad que proporcione apoyo material o recursos a sabiendas o con la intención de que se utilicen en actos calificados como terroristas. Si el terrorismo provoca la muerte de una persona, la pena máxima es la cadena perpetua.

Obviamente, los medios de la derecha consideran que EEUU tiene perfecto derecho a tomar esas medidas “contra el terrorismo”, sin que ello menoscabe su condición de democracia ejemplar, mientras Venezuela está obligada a permitir que toda clase de organizaciones, incluso las abiertamente financiadas por gobiernos hostiles (como el de EEUU) actúen en el país sin ningún tipo de control o supervisión. Si pretende establecer algunas regulaciones, es una dictadura feroz.

España: haz como yo digo, no como yo hago

El País de España también se ha sumado a la campaña mundial para denunciar que el gobierno venezolano pretende controlar el trabajo de las ONG. Concretamente, han señalado que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, con la que se podrá regular el financiamiento de las ONG, tiene carácter dictatorial.

Quien lea sin el necesario contexto, seguramente pensará que en el Reino de España las ONG no tienen supervisión alguna. Pero eso no es verdad. Se trata, una vez más de la doctrina del “haz como yo digo, no como yo hago” que el capitalismo hegemónico utiliza a cada paso.

En España todas las ONG están obligadas por ley a hacer pública su estructura organizativa y, las subvenciones que perciben, así como los convenios suscritos con sus donantes.

Cada año, las ONG están obligadas a depositar ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (evidentemente, un despacho del Gobierno) una auditoría externa de sus cuentas.

La resolución del 17 de septiembre de 2013 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo establece el procedimiento para la obtención, revisión y revocación de la calificación por las organizaciones no gubernamentales de desarrollo.

Respecto de las ONG vinculadas a entidades religiosas, deben inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia (otro ente público).

Una vez más, la prensa española considera válidos estos controles en España, pero no en Venezuela.

Situaciones similares ocurren en el resto de los países, pues en todos existen normativas para regular la actividad de estas organizaciones. La prensa global solo cuestiona tales estatutos en países del sur con gobiernos rebeldes, como Venezuela o Nicaragua, o en potencias como Rusia o China, que adversan a EEUU y la Unión Europea.

Mientras tanto, en el escenario venezolano, la llamada “prensa libre” hace el coro de manera natural porque –igual que las ONG con más presencia mediática- también es financiada por los gobiernos de países hostiles. Es un círculo que se cierra.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)