lunes, 21 / 04 / 2025
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Caso de las turbinas robadas a PDVSA: Habría tremendo nido de corrupción en Carabobo (+Cómplices)

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El pasado 22 de abril, el Fiscal General de la Nación, Tarek William Saab, explicó ante la opinión pública las acciones que adelanta el Ministerio Público (MP) para imputar a los responsables de la sustracción de dos turbinas pertenecientes a la estatal Petróleos de Venezuela, una de las cuales fue destruida y convertida en chatarra, con miras a su posterior comercialización. 

A este respecto, el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla divulgó detalles de esta trama de corrupción, en la que figuran como implicados, además de varios funcionarios de PDVSA-Agrícola y particulares, la Almacenadora de la Gobernación de Carabobo (Almaca), instancia que se encargó de certificar la pieza hurtada como «chatarra», con miras a picarla y exportarla a través de Puerto Cabello.

Loren Chinchilla, quien ejerce labores como encargado en Almaca, fue quien autorizó la guía de movilización de este material estratégico. Según sus pesquisas, cobra una coima de 10 dólares por cada tonelada calificada como chatarra. 

Más precisamente, «la gobernación –a través de Almaca– cobra 10 dólares por cada tonelada para otorgar una guía de traslado de materiales estratégicos (o chatarra), ganando un porcentaje de su exportación. Este mecanismos no controlan la posibilidad del saqueo sino que lo estimulan», asegura el medio. 

Para más, de acuerdo con lo sostenido por el periodista carabobeño José Marval y referido por La Tabla, Almaca no estaría facultada «para otorgar guías de movilización de desechos y residuos sólidos», sino que esto es competencia de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), un ente adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva. 

Siguiendo a Marval, si por cada tonelada de chatarra se cobra un soborno de 10 dólares y por el puerto de Puerto Cabello transitan anualmente 100.000 toneladas de chatarra, «esto daría una jugosa ganancia promedio de un millón de dólares anuales». 

A pesar de que Chinchilla ejerce un cargo de responsabilidad dentro del gobierno regional de Carabobo, «fue acusado en 2015 de forjamiento de documento, defraudación, aprovechamiento de vehículo automotor y asociación para delinquir», pero recibió una medida sustitutiva de libertad, asevera el portal especializado. 

La investigación de La Tabla reveló que el funcionario y sus allegados no escatiman esfuerzos en ostentar un estilo de vida lujoso en las redes sociales, incluyendo el uso de un yate atracado en el Parque Nacional Morrocoy, lo que resulta inconsistente con el salario que percibe una persona con su cargo dentro del gobierno regional. 

Este caso comenzó con la sustracción de dos turbinas de una almacenadora en la ciudad de Puerto Cabello, con el pretexto de que serían trasladadas a la compañía CADCA-Cojedes, otra filial de PDVSA, pero en su lugar se desviaron hacia Fercos y Asociados, en Carabobo. 

Las turbinas, indica el sitio especializado, se transan en el mercado en unos 1,2 millones de dólares y permiten convertir la energía mecánica en energía cinética, que es de utilidad para movilizar maquinarias y equipos varios, incluyendo generadores de electricidad. 

El pasado jueves, Saab informó que los días 22 y 23 de marzo, el MP había presentado ante los tribunales a cinco personas implicadas en estas operaciones irregulares. De PDVSA Agrícola están detenidos Johanna González de Urbina y José Gutiérrez Díaz. También están privados de libertad Manuel David Hernández Infante, Nemrond Naftuin Durán García y Junior Alexander Rojas, este último analista administrativo de la empresa Fercos y Asociados. 

De ellos, Hernández fue el encargado de tramitar la guía de traslado ante Almaca, «de Loren Chinchilla, quien describió el material como ‘desechos y desperdicios de hierro y bronce’ sin haber verificado su origen», puntualizó entonces el fiscal.

A todos los detenidos se les imputarán los delitos de tráfico de influencias, peculado doloso impropio, tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, asociación y expedición de certificación de documentos falsos para causar daño en patrimonio público, relató La Tabla.

(LaIguana.TV)

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