«La hermana Colombia se está convirtiendo en la Israel de América Latina», dijo en reiteradas ocasiones el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. A más de una década de ese vaticinio, los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali y otras urbes, en las que el gobierno del presidente Iván Duque en lugar de entablar diálogos con quienes tienen más de diez días protestando, optó por ordenar la represión militar, incluyendo el uso de artillería, contra civiles, lo que se asemeja a lo que realiza el Ejército de Israel contra los asentamientos palestinos en Jerusalén Este y en la Franja de Gaza. 

 

En la edición 304 de su programa Desde Donde Sea, el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela presentó datos que amén de reflejar similitudes entre las maneras como palestinos y colombianos son reprimidos, dan cuenta de una relación estratégica entre las dos naciones – algo sin parangón en la región–, que empezó a tejerse en 2003, cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez decidió inscribir a Colombia en la doctrina de la lucha contra el terrorismo, impulsada por el gobierno de George W. en los EE.UU. tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y que se convirtió en la excusa para invadir y atacar por diversos medios a naciones con gobiernos enfrentados a Washington o percibidos como una «amenaza».

 

 

El experto inició sus reflexiones, aludiendo a la represión que padece el pueblo palestino a manos del Estado de Israel. Los últimos informes refieren que el ejército israelí aumentó su presencia en la frontera con Gaza, al tiempo que continúan los enfrentamientos entre palestinos y efectivos de la ocupación sionista en Jerusalén, en una jornada que se saldó con el deceso de al menos nueve ciudadanos de Palestina, de los cuales tres eran menores de edad. 

 

El evento, refirió, se produce después de que Hamas fijara un plazo para que Israel retirara del Recinto de Las Mezquitas sus fuerzas de ocupación y procediera a lanzar siete cohetes desde Gaza y si bien la ocupación de Jerusalén Este ha recibido el rechazo de la comunidad internacional, esto no ha tenido ningún eco en las autoridades israelíes, que persisten en los ataques y el acoso hacia los civiles. 

 

Un portavoz de Hamas justificó el ataque con cohetes contra posiciones israelíes, alegando que se trató de una respuesta a lo que calificó de «crímenes y agresiones israelíes en Jerusalén», mientras que el Ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Nacional Palestina y miembro del Comité Central de Al-Fatah, Husein al Shei dijo que «irrumpir en la mezquita de Al-Aqsa, es un crimen cometido por la ocupación israelí». 

 

De su lado, continuó relatando Pérez Pirela, la aviación militar de Israel respondió al ataque con cohetes, atacando «objetivos militares» de Hamas en Gaza y añadió tropas adicionales en la Franja.

 

Asimismo, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina confirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a puerta cerrada para abordar la situación. Palestina reclama protección a la población y ha subrayado que «es momento de que el Consejo de Seguridad de la ONU asuma sus responsabilidades morales y legales ante los crímenes de la ocupación». 

 

La respuesta de Israel no se hizo esperar y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, indicó en clara amenaza: «quien nos ataque, pagará un alto precio. Estamos en una lucha que se está extendiendo a través de varios frentes, en Jerusalén, en Gaza y en otras partes del país». 

 

En un comunicado, la Liga Árabe condenó la actuación de Israel y su secretario General, Ahmed Aboul Gheit consideró que «este ataque provoca los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo y puede causar una explosión de la situación en los Territorios Ocupados». 

 

Pérez Pirela explicó que esta advertencia de Gheit se fundamenta en que la Explanada de las Mezquitas, llamada también Monte de los Templos, es el tercer lugar santo del Islam y está situado justo encima del Muro de Las Lamentaciones, el lugar de plegaria más importante para los judíos. 

 

A través de un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Irán opinó que la ocupación de Israel a zonas palestinas de Jerusalén Este constituye un crimen de guerra que «demostró una vez más al mundo entero la naturaleza criminal del régimen ilegítimo sionista y la necesidad de una acción internacional urgente para detener la violación de los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario». 

 

Finalmente, el comunicador recuperó la condena del gobierno ruso a los ataques a civiles en Jerusalén. En su comunicado, comentó, Moscú instó a Israel a «abstenerse de cualquier medida que pueda aumentar la escalada de la violencia». 

 

 

Luego de 13 jornadas consecutivas de protestas y de feroz represión en Colombia, la gobernadora de Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, decretó el cierre departamental entre los días 10 y 15 de mayo, esgrimiendo como excusa la crisis hospitalaria derivada del repunte de los contagios de COVID-19, así como la violencia que sacude a la capital regional, Cali. 

 

Durante el fin de semana, refirió el también director de LaIguana.TV, el presidente Duque «realizó una visita relámpago a Cali», luego de ordenar «el mayor despliegue de fuerza pública en el territorio», ordenó hacer patrullaje, impuso restricciones a la movilidad y decretó ley seca.

 

Después de la visita del mandatario, este 9 de mayo, sicarios, en complicidad con la Policía, dispararon a jóvenes representantes de los pueblos indígenas y, además, por la red circularon videos que mostraban ataques con disparos por parte de ciudadanos contra los manifestantes, hechos que en el criterio del Consejo Nacional Indígena, son consecuencia de la connivencia y trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el paramilitarismo, que se cristalizó cuando civiles los atacaron resguardados y protegidos por la Policía Nacional.

 

Por su parte, el Senador Iván Cepeda Castro destacó la apelación al racismo para descalificar la presencia de indígenas en la ciudad de Cali, con la finalidad de generar miedo y pánico en la población, con la difusión de videos y noticias falsas. 

 

«La violencia no se originó con la venida de La Minga, sino que estaba en un nivel muy alto desde el mismo día del inicio del paro», dijo Cepeda, mientras que la representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, expresó su rechazo y «grave preocupación» por los ataques sufridos por La Minga indígena, sintetizó el analista.

 

Pese a que reina la crispación y es evidente que la violencia contra La Minga tiene un componente inocultablemente racista, hubo quien procuró azuzar todavía más la conflictividad, como Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, se atrevió a decir que los indígenas olvidan que tienen beneficios, gracias a los impuestos pagados en las ciudades, aunque fue duramente atacado y desmentido en las redes sociales, toda vez que en numerosas publicaciones le recordaron que es precisamente por la falta de esos servicios elementales que se está protestando en Colombia. 

 

Pérez Pirela destacó que si bien el epicentro del conflicto está en la ciudad de Cali, en  Bucaramanga, una manifestación salió desde la Universidad Industrial de Santander y en Bogotá y Cundinamarca continúan las manifestaciones y persisten los bloqueos de vías en algunas zonas y puntos del sistema de transporte Transmilenio.  

 

Recordó, asimismo, que la crisis, que estalló el 28 de abril, la detonó un proyecto de reforma tributaria que ya fue retirado. Desde entonces, el gobierno ha reprimido violentamente las manifestaciones y a la fecha, Bogotá y Cali permanecen militarizadas. Hasta el sábado, 548 habían sido denunciadas como desaparecidas ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. 

 

A su parecer, «las manifestaciones que se están dando y la subsecuente represión, son muy peligrosas no solamente para Colombia, sino que pueden extenderse por la región», puesto que en ese país coexisten paramilitares, guerrilleros y fuerza pública ordinaria, amén de fuerzas estadounidenses y mafias del narcotráfico que pugnan entre sí por el control del territorio y cuyas prácticas han dado lugar a una cultura normalizadora de la guerra, en la que desapariciones forzadas, falsos positivos, ataques terroristas, abusos policiales y violaciones a los derechos humanos son moneda corriente hace más de seis décadas. 

 

De allí que, alertó, Colombia «está al borde de un colapso y de una violencia que puede tornarse incontrolable» y justamente por ello no pueden asumirse las actuales manifestaciones como una simple expresión de las demandas populares, porque la forma en la que el Estado ha respondido a ellas, no se corresponde con este hecho. 

 

 

Con base en datos recabados por las agencias de noticias AFP y RT, Miguel Ángel Pérez Pirela presentó algunas informaciones relacionadas con la viabilidad de disminuir la violencia en Colombia a través de una salida política –sea diálogo o negociación– entre los convocantes al paro nacional y el gobierno de Duque. 

 

En este orden mencionó que lo obstáculos comienzan desde la concepción que las partes tienen del diálogo. Así, mientras que el Ejecutivo se ha referido a un proceso de conversaciones con actores pertenecientes a distintos partidos políticos, el Comité Nacional de Paro exige un diálogo social o, en su defecto, una «negociación útil», es decir, con resultados.

 

Otro escollo que compromete la posibilidad de que las partes entablen conversaciones es que hay fuertes divergencias acerca de quiénes son responsables por los hechos de violencia que han signado las protestas. Desde el Estado se hace énfasis en los actos «vandálicos» y de «terrorismo» en las manifestaciones, mientras que grupos defensores de los derechos humanos, participantes de las protestas y organizaciones internacionales hablan del uso excesivo de la fuerza y de los abusos policiales en la contención de los manifestantes. 

 

Pese a esto, el experto criollo informó que el Comité Nacional del Paro aceptó formar parte de una «reunión exploratoria», al tiempo que demandó a la Casa de Nariño respeto y garantías para el libre ejercicio de la movilización ciudadana y solicitó la presencia de miembros de la ONU y de la Conferencia Episcopal en futuros encuentros. 

 

Entretanto, los manifestantes insisten en un pliego de conflictos cuyos orígenes se remontan a 2019 y que la pandemia tornó urgentes, a saber: retiro del proyecto de ley de reforma sanitaria, criticado por haberse creado de manera inconsulta y por fomentar la privatización; vacunación masiva, renta básica equivalente al salario mínimo vigente por seis meses para 30 millones de personas en situación de vulnerabilidad, defensa de la producción nacional y de la soberanía y la seguridad alimentaria; subsidio a la pequeña y mediana industria, matrícula gratuita para estudiantes, garantizar los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales durante la emergencia sanitaria, rechazo a los privatizadores del sector público, derogación del decreto que abre paso a las aspersiones aéreas con glifosfato y la derogación del decreto 11-64 en el que se precarizan las condiciones laborales, al tiempo que desde el Ejecutivo la respuesta ha sido la represión.  

 

 

Para introducir lo que Pérez Pirela catalogó como la sección central del programa, Pérez Pirela se cuestionó en torno a la existencia de «una relación real entre Israel y Colombia y, por ende, su plan para enfrentar ‘el terrorismo’ y las disidencias», a partir de lo reportado por BBC. 

 

Los indicios, apuntó, parecen indicar que sí, puesto que en 2020 los ejércitos de ambos países celebraron su cooperación, anunciando incluso que instructores de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reforzaron el entrenamiento de soldados de la División de Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia.

 

Según comunicados del propio Ejército de Colombia, «la experiencia de las Fuerzas de Defensa de Israel en temas estratégicos contribuye a fortalecer el entorno militar y operacional, fomentando tecnificación y profesionalización del Ejército nacional y el desarrollo de los equipos que se utilizan para las operaciones militares en nuestro país». 

 

Este programa de entrenamiento, explicó, se centra en reforzar las capacidades de los uniformados colombianos en entrenamiento en técnicas de combate, más específicamente en técnicas de combate cuerpo a cuerpo, así como también formación en polígono, combate urbano, asalto aéreo y operaciones antiterroristas. 

 

En su criterio, tampoco puede obviarse que los aviones caza que posee Colombia –y que el gobierno quiere reemplazar por aviones de nueva generación–, son de fabricación israelí. Parte de la polémica es que con la reforma tributaria pretendía gastarse unos 4.000 millones de dólares –de los 6.000 que se recaudarían– en la restitución de la flota aérea. 

 

Desde otro ángulo, recordó que no en balde el presidente Hugo Chávez había repetido en al menos tres oportunidades –2008, 2009 y 2010– que «la hermana Colombia se está convirtiendo en la Israel de América Latina», cuando Uribe «era gobernante directo de Colombia» y precisó que Chávez se refería a este asunto siempre en términos de una relación bilateral que progresivamente se iba estrechando, particularmente en lo tocante al intercambio de armamento e inteligencia militar, hecho que a la postre se ha hecho más que evidente y que incluso BBC ha admitido, al menos parcialmente, pues en su trabajo periodístico se sostiene que ningún país de la región tienen una relación tan cercana con Israel como la que tiene Colombia. 

 

En agosto de 2020, las naciones suscribieron un Tratado de Libre Comercio de «última generación». En ese momento, el presidente de Colombia dijo que el acuerdo permitía «a las exportaciones colombianas –97% de sus productos–, llegar sin arancel a Israel», lo que le permitirá también a Israel «llegar a Colombia con muchos de sus productos», en conjunto con «mucha de su inversión estratégica e inversión focalizada». 

 

Asimismo, refirió, la investigación del colombiano José Luis Bernal intitulado: «Colombia e Israel bajo la administración Uribe: compañeros en la guerra global contra el terrorismo», asegura que tras el ataque a las Torres Gemelas (2001) y la llegada de Uribe al poder en 2002, Colombia se adhirió a lo que EEUU llamó la ‘global war on terror’. 

 

Antes de eso, Colombia incluso se abstuvo en la votación de 1947 que buscaba resolver el conflicto entre palestinos e israelíes, lo que finalmente derivó en la creación del Estado de Israel. 

 

En 1960, ambos países establecieron embajadas y entablaron relaciones comerciales, lo que no impidió que en las décadas siguientes Colombia protestara por muchos de los ataques y ocupaciones israelíes a los territorios palestinas y abogara por la neutralidad en el conflicto.

 

Bernal también subraya que primero como ministro de Defensa de Uribe y luego como presidente, Juan Manuel Santos fue uno de los impulsores de las relaciones bilaterales, motivado en parte por su amistad con el ‘premiere’ israelí Benjamín Netanyahu y en 2018, Colombia reconoció formalmente a Israel como Estado. 

 

Para Pérez Pirela, esta fecha es de vital importancia, puesto que a partir de ese momento, Colombia declaró a las guerrillas como organizaciones terroristas y pasó a ver su propia guerra de como un conflicto armado a una amenaza terrorista, que es justamente lo que sucede ahora con las protestas, que no se asumen como manifestaciones sociales, sino como actos terroristas; amén que en adelante, militares israelíes, que durante décadas enfrentaron a organizaciones tildadas de terroristas como Hamas o Hezbollá, entraron de lleno a apoyar a las Fuerzas Armadas colombianas. 

 

El investigador colombiano precisa que durante la Guerra Fría, distintos países ejercieron el rol de «agentes antiimperialista» o «defensores de la fe», y si bien ambas catalogaciones no compartían un mismo referente, sí coincidían en asumir un rol de resistencia frente a un enemigo externo.  

 

Así, si el agente antiimperialista es aquel que percibe al imperialismo como una seria amenaza a la seguridad y que se identifica como un actor que lucha contra este mal; la etiqueta de «defensor de la fe» hace referencia a Estados que defienden un sistema de valores amenazados por un agente externo. 

 

Estos roles reflejan el contexto de la Guerra Fría y traducen una forma de dividir al mundo entre un «ellos» y un «nosotros», distinción que se manifiesta aún hoy, con etiquetas como «Eje del Mal», que Washington atribuyó a Corea del Norte, Irán e Irak como o la de «Estados Paria» que pesa sobre Myanmar y Zimbabue; al tiempo que EE.UU., el Reino Unido, Australia y Alemania, entre otros, se reconocen como la «Coalición de la Voluntad». 

 

En la última década, Benal explica que las figuras mutan y surge la del «agente antiterrorista», derivado de los ataques del 11 de septiembre en EE.UU. En ese momento, el entonces presidente George Bush dijo: «la guerra contra el terrorismo es una iniciativa global de incierta duración. EE.UU. ayudará a los países que necesiten luchar contra el terrorismo. EE.UU. y sus aliados van a impedir que los terroristas desarrollen nuevos asentamientos, juntos vamos a detener la creación de santuarios cada vez que aparezcan». 

 

Fue justo después de este discurso es que Colombia se manifiesta a favor de esta doctrina y convierte su problema sociopolítico interno en una lucha externa, lo que abrió la puerta para que las administraciones de la Casa de Nariño tomaran al pueblo colombiano como enemigo terrorista, asunto que se mantiene hasta el presente, donde los manifestantes son tratados como enemigos sobre los cuales es válido incluso disparar artillería, detalló el experto. 

 

Regresando a la investigación de Bernal, relató que después del 11 de septiembre de 2001, el departamento de Estado de EE.UU. definió el terrorismo como «la violencia premeditada y políticamente motivada, perpetrada contra blancos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos y que normalmente se hace con la intención de influir en una audiencia determinada» y dentro de los muchos países que se plegaron a esta doctrina, Colombia e Israel sobresalen en sus regiones. 

 

En este orden de ideas, recuerda que desde 2002 hasta el fin de su gobierno, el expresidente Álvaro Uribe enmarcó el conflicto interno colombiano dentro de la cruzada mundial contra el terrorismo y, por consiguiente, las acciones del Estado contra las guerrillas fueron determinadas bajo el rol de «agente terrorista», práctica que fue extendida en el momento propicio hacia el pueblo que se manifiesta en las calles. 

 

De esta manera, queda claro que cuando un Estado y sus decisores asumen un rol, no solamente se hacen anuncios, sino que se adopta una lógica de lo apropiado que determina sus acciones, razón por la cual, al igual que Israel, cuando Colombia decidió adoptar la guerra global contra el terror, tanto su política exterior como su política doméstica se modelaron en función de este papel y ello se tradujo en acciones concretas. 

 

De las primeras acciones, tras declarar al pueblo como enemigo de guerra y reprimirlo en correspondencia con esa calificación, el gobierno de Uribe decidió apoyar la invasión de EE.UU. a Irak, siendo el único gobierno de Suramérica en hacerlo, con lo que se dio al traste de la tradición de respeto al derecho internacional que había mantenido la cancillería colombiana. 

 

En 2003, el rol adquirido también llevó a Colombia a adoptar una posición poco favorable a la Corte Penal Internacional (CPI): si el gobierno quería recibir fondos para la «lucha antiterrorista», Bogotá debía suscribir un acuerdo en el que se le obligaba a contar con el consentimiento de Washington antes de poner a un ciudadano estadounidense ante la jurisdicción de la CPI. 

 

«Los gobiernos de Colombia se bajaron los pantalones frente a los EE.UU. y hoy en día es un gobierno satélite (…). Los EE.UU. no van a dejar ese hueso así de fácil. Y si tienen que seguir reprimiendo y matando colombianos y colombianas, lo van a seguir haciendo. Es una orden imperial», sentenció Pérez Pirela para dar por concluido el tema.