La situación en Colombia sigue degradándose aceleradamente. El germen de una guerra civil está sembrado en ese país y es difícil pararlo. Un nuevo y preocupante síntoma de ello es el gran escándalo, que ya sobrepasó las fronteras, de los civiles paramilitares que disparan contra el pueblo, situación que la maquinaria mediática tiende a presentar como normal, al convertir a los autores de esos crímenes en personajes entrevistados. 

Es desolador el pronóstico que hace Miguel Ángel Pérez Pirela, en su programa Desde Donde Sea, tras haberse cumplido el primer mes de protestas en el país vecino. La confrontación interna que ha sacudido a Colombia, con mayor o menor intensidad, durante siete décadas, se eleva ahora a un nivel más peligroso con la incursión de supuestos “civiles” (en realidad, paramilitares) que disparan contra manifestantes y aparecen en innumerables videos y fotografías. 

El caso más escandaloso ha sido hasta ahora el de Ciudad Jardín, donde se observó a hombres disparando, rodeados y protegidos por policías. Un total de siete personas muertas y otros cuatro casos más en investigación han dejado este tipo de acciones. “Ya no es solamente el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), sino también gente sin chapas, sin uniforme, pero muy bien armada”, dijo el moderador, quien comentó declaraciones del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional de Colombia sobre el avance de las investigaciones. “El general dijo que ‘hemos actuado oportunamente, identificando tanto a las personas no uniformadas como a los uniformados para que las autoridades y los entes de control actúen también oportunamente’. Eso se traduce como blablablá, blablablá, blablablá”, enfatizó. 

A juicio del filósofo y comunicador venezolano, es claro que el Estado colombiano, desde el presidente Iván Duque hasta el jefe de la policía, se siguen lavando las manos y corriendo la arruga para no asumir responsabilidades.  

Sacando en claro este nuevo elemento del conflicto, se sabe que serían al menos 10 los uniformados investigados y 5 los civiles. 

“Aquí surge una pregunta clave: ¿qué lleva a los civiles en Colombia a armarse y a disparar contra el propio pueblo?”, lanzó la pregunta a la audiencia. Para comenzar a responderla, presentó el audio de una entrevista que el medio colombiano Blu Radio le hizo a Andrés Escobar, uno de los civiles grabados cuando actuaba del lado de la policía en Cali. Advirtió que habla con un alto grado de sarcasmo, prevalido del hecho de que no se le impidió hacerlo ni se le encarceló como hubiese ocurrido en Estado Unidos o Europa. Por el contrario, lo entrevistaron y él pudo presentarse como un empresario. “Tanto el Estado como los medios de comunicación le están lavando la cara al paramilitarismo”, denunció Pérez Pirela. 

En la entrevista, el periodista le pregunta cómo decide un civil empezar a disparar contra manifestantes y a quién le estaban reportado, pues todo genera la impresión de ser un operativo combinado de policías y civiles. Respondió que no hubo un operativo sino la respuesta a una sensación de peligro por parte de personas que reaccionaron porque están cansadas de la situación generada por las protestas. “Los empresarios quieren cubrir sus locales, su propiedad privada. En todas partes la gente está cansada de los sucesos que están sucediendo por la infiltración de células guerrilleras”. 

Añadió que solo han tenido paz cuando el Ejército tomó control de las calles y aseguró que “todo el pueblo clama para que eso se pueda mantener así”. 

“Esto nos recuerda la clase que dimos hace unas semanas sobre Hannah Arendt acerca de la banalización del mal. Acá, de forma normal, se entrevista a este asesino, porque no tiene otro nombre alguien que dispara una pistola contra una multitud a la que tacha de guerrilleros. Es decir, que en Colombia, desde hace un mes, hay decenas de miles de guerrilleros protestando. Es una excusa tipo Guerra Fría: como son comunistas hay que matarlos, cuando en verdad se trata del pueblo que sale a protestar contra reformas tributarias que hacen que los pobres paguen más impuestos y los ricos casi no paguen. El señor está cansado de las manifestaciones, saca una pistola y dispara, no está preso y los medios lo entrevistan: es la normalización del mal, la banalización del mal”, aseveró. 

Uno de los periodistas le dijo a Escobar que esa es una forma de hacer justicia por cuenta propia. El implicado lo negó. “No es justicia por cuenta propia. Hay una sensación de peligro hacia la integridad de las personas. La gente no puede permitir que quemen el barrio. La fuerza pública tiene que tomar el control de las calles”.  

Cuando le plantean que el enfrentamiento entre sectores de la población encamina al país a la guerra civil, Escobar reconoce que es así, pero les echa la culpa a los manifestantes de lo que podría ocurrir. 

“El problema es que esto no es nuevo en Colombia. Lo nuevo es que ahora es especta-ocular. Antes eran meras cifras sobre masacres, fosas comunes, desaparecidos, todo oculto por ser Colombia un país protegido por Estados Unidos y por la mediática internacional, pero ahora se está viendo en directo. Ya no es un aparecer, es un ser, una realidad que todos estamos conociendo en uno de los países que, junto con Chile, supuestamente es el non plus ultra de la democracia y los derechos humanos en la región. Vemos en escenas que se difunden al planeta entero, todo lo que es cotidiano allá: masacres, fosas comunes, desaparecidos, desplazados internos y externos. Ya no se puede tapar con un medio, ni con dos ni con cien”, declaró el presentador. 

Para ahondar en el tema, presentó las palabras de líderes juveniles que hablan de fechorías delincuenciales sin sentido cometidas por la fuerza pública. Alfredo Mondragón dijo que personas armadas asaltan la cabecera de las manifestaciones, desplazan a los jóvenes de la primera línea y emprenden acciones criminales. En las noches, son esos grupos los que actúan, pues los manifestantes tienen un acuerdo para retirarse a las 8 en punto, dice Steven Ospina, otro dirigente. 

Los manifestantes aseguran que durante el día se les acercan personas y les aconsejan tener cuidado con lo que dicen porque por eso matan gente. “Es el paramilitarismo desbordado, público y notorio. 

Danza de cifras

Señaló Pérez Pirela que los hechos en Colombia están ocurriendo a una velocidad creciente, aunque los grandes medios tratan de encubrirlos con su silencio. También se mueven con gran rapidez las cifras sobre fallecidos, desaparecidos, heridos, detenidos y daños materiales.

Puso al aire un video en el que se evidencia esta danza de cifras, entre las ONG que cuentan entre 43 y 65 asesinados y la policía y la Fiscalía, que reconocen “solo” 19 fallecidos, 17 civiles y 2 policías.  

La usuaria Ibeth CF observó que, en una entrevista, Andrés Pastrana pretende culpar a Maduro. “Eso demuestra que esa excusa, que tanto le sirvió a Uribe, a Santos y a Duque, ya no funciona. Solo un tipo como Pastrana la sigue usando. El gobierno prefiere ahora culpar directamente al pueblo y a unos supuestos guerrilleros -comentó el conductor del programa-. La verdad es que hasta que el Estado colombiano, acostumbrado a hacer lo que le da la gana con el pueblo, no le ponga cese a sus atentados contra los derechos humanos y a las lógicas neoliberales, el problema no se va a solucionar”. 

Invitó a escuchar cómo los funcionarios del gobierno de Duque intentan zafarse de su responsabilidad. 

Presentó un fragmento de una entrevista a Wilson Ruiz, ministro de Justicia, quien dice que todo es un plan de organizaciones criminales internacionales que buscan deslegitimar a Colombia y establecer un gobierno que piense distinto. “Muchos de los muertos no ha sido consecuencia del paro, sino hechos aislados y riñas callejeras por intento hurto, robo, etcétera”, sostuvo. 

“Es un descaro mayúsculo. Aparecen jóvenes torturados y asesinados en ríos y en las calles; hay decenas de desaparecidos y el ministro dice que son hechos aislados. Hay que ser bien caradura. Están buscando que no se pida solo detener las reformas, sino la renuncia de Duque y el adelanto de las elecciones, o que todo derive en una guerra civil, como lo hemos advertido en este programa”, subrayó.  

“El segundo aspecto de esta declaración es aún más grave: el ministro dice que ‘ellos están buscando un gobierno de pensamiento distinto’. Y si es así, ¿cuál es el problema? En eso consiste la democracia. ¿Qué tiene de malo que el pueblo busque alternativas al uribismo, al paramilitarismo, al neoliberalismo salvaje, a la extrema derecha, al narcogobierno y el narcoestado en el cual se ha convertido Colombia? Con ese tipo de afirmaciones se confiesa el carácter dictatorial del sistema político que caracteriza a Colombia. El Centro Democrático (el partido uribista) históricamente no ha reconocido una oposición democrática y no ha escatimado esfuerzos para buscar chivos expiatorios y sacudirse las culpas”. 

Las contradicciones de Uribe 

Trajo a colación las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, la mente maestra dela represión en marcha. Según la revista Semana, convertida en su órgano divulgativo, al expresidente le “preocupan los civiles armados”.  

Previamente, Uribe ha cuestionado a su propio pupilo, al afirmar que al presidente Duque le ha faltado autoridad “¿Qué significará eso: será que hay que matar más gente? –se preguntó Pérez Pirela-. Uribe ha hecho llamados a defender la propiedad privada por encima de la vida y con su tuit encriptado de los primeros días del paro, llamó a erradicar la revolución molecular disipada. El más abiertamente violento fue un mensaje que hasta la propia plataforma Twitter bloqueó. En ese mensaje decía: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico’, Este es Uribe: primero llama a apoyar el uso de armas contra los manifestantes y luego dice estar preocupado por los civiles armados que disparan contra la gente”. 

Reacciones

Para continuar perfilando la crisis nacional colombiana, el Equipo de Investigación de Desde Donde Sea hizo una selección de las reacciones de diversas personalidades. 

La exsenadora y defensora de derechos humanos Piedad Córdoba dijo en sus redes sociales: “Ahora nos van a decir que las armas de los paramilitares de Cali eran de juguete, ¡¡¡Nos creen pendejos!!!”. 

El senador Iván Cepeda Castro, por su parte, expresó: “Lo pueden intentar explicar o adornar como quieran: civiles disparando al lado de policías es paramilitarismo”. Añadió: “Es inadmisible que la justicia militar asuma competencias. Se debe investigar operaciones similares ejecutadas desde el 5 de mayo”. Según el senador, el decreto 575 del 2021 es abiertamente inconstitucional porque permite la sustitución de autoridades civiles por militares. Un ejemplo es Cali, ciudad que se encuentra militarizada, al punto de que el alcalde sustituyó al secretario de seguridad civil por un coronel.  

“La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, gracias al cielo, por fin, emitió un comunicado y pidió una investigación independiente sobre muertes en Cali. “La Alta Comisionada Michelle Bachelet expresó su profunda preocupación por acontecimientos ocurridos en Cali desde el 28 de mayo, donde 14 personas habrían muerto y 98 habrían resultado heridas, 54 de ellas por armas de fuego, en actos de violencia, al mes del paro nacional”. 

El senador y principal aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, en tanto, elevó serias denuncias e hizo un llamado al concilio de la población en medio de la violencia. Responsabilizó al ministro de Defensa, Diego Molano, por la horrible muerte de un menor. “El niño de 16 años fue capturado por la policía, golpeado hasta la muerte y apareció quemado en un almacén de Siloé. Arrojaron su cadáver en medio del incendio. Ministro de defensa, estas son sus víctimas”. 

También a través de Twitter se registraron las declaraciones de María Paula Sánchez, quien responsabiliza “a la Policía, Esmad, Gobierno, a Duque, a todos ellos, por la muerte de su hermano en Cali, quien había sido capturado por la Policía, se lo habían llevado en una tanqueta, y después apareció quemado, muerto”. 

En otro tuit, Petro destacó un gesto humanitario surgido en medio de las refriegas: “Cuando este agente de policía pudo ser linchado, jóvenes organizados pudieron rescatarlo y ponerlo a salvo. Agentes de policía y manifestantes deben llegar a confraternizar. No más violencia. Hay que darle espacio a la movilización pacífica. La sangre es del mismo pueblo”. 

Acto seguido, presentó el video de este episodio. 

Mientras tanto, el Comité de Paro, según información del portal Contagio Radio, acusa al gobierno de haber roto las conversaciones para una salida pacífica. “Con la militarización y la violencia, el gobierno ha bloqueado ipso facto la posibilidad de negociación. Discurso de odio y declaraciones estigmatizantes que ha dejado el saldo de 65 asesinatos. Se desvaneció la ‘simulada voluntad de diálogo del gobierno’. No reconocen las exigencias de la movilización como legítimas. Las observaciones y ajustes al preacuerdo de garantías, que se logró después de nueve días de negociación son sustanciales y eliminan temas cruciales sobre las garantías de seguridad para el ejercicio del derecho a la protesta”.  

Explicaron los integrantes del comité que el gobierno no acepta la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para las protestas. “Tampoco aceptó poner límites sobre uso de armas de fuego y la intervención del Esmad ni quiere un debate sobre la reforma de la policía. No se trata de ajustes en la redacción, como dicen los medios de comunicación, sino que se deshace el preacuerdo logrado y con ello se cierra la posibilidad de una negociación”, recalcaron.  

“Se está trancando el juego y por eso es muy creíble la posibilidad de una guerra civil”, insistió Pérez Pirela. 

Los miembros del Comité agradecieron las declaraciones de ONU, y de algunos factores de la Unión Europea y expresaron que acompañan a los gobernadores y alcaldes que se han puesto en contra del decreto de militarización. 

“El paro continúa y convocan a las más grandes, organizadas y pacíficas movilizaciones y a impulsar un diálogo con la juventud colombiana sobre las agendas de cambio que la misma ciudadanía está pidiendo desesperadamente a gritos en medio de una violencia generalizada”. 

Las estrategias contra la protesta

Citando partes de una nota publicada en el portal Alainet, reveló algunas de las estrategias que están en marcha en contra de la protesta.  

Una de ellas es la violencia en sí misma. “La magnitud de la represión es desproporcionada y corresponde a una estrategia deliberada del gobierno y la Fuerza Pública para tratar de sofocar las manifestaciones. El fin es provocar el miedo y reducir por la fuerza la protesta popular”.  

La violencia represiva es general, pero tiene aristas particularmente graves. Una de ellas es la violencia sexual. “El caso más visible de violencia sexual se dio en la ciudad de Popayán en la noche del miércoles 12 de mayo gracias a registros fílmicos de medios locales que documentan la protesta en dicha ciudad. Alison Meléndez una niña de 17 años se encontraba cerca de las manifestaciones sin participación activa de la misma, se encontraba grabando lo que ocurría y fue violentamente detenida por cuatro policías que la conducen a las instalaciones de la fiscalía donde habría sido abusada sexualmente. Liberada posteriormente supuestamente se suicidó en casa de su abuela. El repudio generalizado en el país y las filmaciones publicadas ampliamente por las redes sociales obligaron a que finalmente la Policía que inicialmente negó los hechos, a lo que calificó como falsas noticias, reconociera la detención violenta de la menor que además era hija de un agente de la policía en ejercicio. Los hechos terminaron con la quema de las instalaciones de la Unidad de Retención en dónde habrían ocurrido los vejámenes sexuales contra la menor”. 

Prosiguió enumerando los planes en desarrollo: 

“Otra estrategia deliberada del gobierno y la Fuerza Pública es infiltrar las manifestaciones, permitir el accionar abierto por grupos paramilitares en la ciudad de Cali y en la vecina ciudad de Yumbo, que han sido ampliamente documentados por la ciudadanía que ha grabado tanto los desmanes de la fuerza pública como la presencia de civiles armados que al lado de la policía disparan contra los manifestantes desarmados como ocurrió el domingo 9 de mayo en la ciudad de Cali contra la Minga Indígena con un saldo de 12 indígenas heridos, son la muestra palpable de esta estrategia. Hasta el momento y pese a las filmaciones que muestran estos hechos la fiscalía no ofrece ningún resultado de las investigaciones que dice que ha emprendido”. 

Aunque ha sido muy poca, luego de varias semanas se ha producido alguna presión nacional e internacional. Por ello, Duque ha reconocido a regañadientes y sin ninguna contundencia los desmanes de la Fuerza Pública. “La verdad es que no hay una condena y resultados prontos en las investigaciones. Tampoco se ha pronunciado por la conformación de una Comisión de la Verdad que con la presencia de delegados internacionales indague sobre los hechos ocurridos en Colombia en el tratamiento dado desde el Estado a las protestas”, señala el reportaje. 

“La otra estrategia es criminalizar y judicializar líderes sociales que han sido activos en la convocatoria del paro y de las manifestaciones en curso. En esta estrategia el hecho más notorio fue propiciado por el propio ministro de la Defensa, Diego Molano, que el pasado 15 de mayo al finalizar un Consejo de Seguridad en la ciudad de Popayán señaló a cuatro reconocidos líderes sociales de ser los instigadores del ataque y posterior incendio de la URI y la sede de Medicina Legal en dicha ciudad. Fue de tal magnitud el exabrupto de Molano que el gobernador del Departamento, Elías Larrahondo Carabalí, y el alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos López, tuvieron que desmentir a Molano, el cuestionado ministro que luego se enfrentó a una moción de censura parlamentaria, de la cual lo salvaron los partidos de la derecha”. 

Una gestión política que está realizando el uribismo es tratar de ampliar la base de respaldo con socios nuevos y el primer objetivo es sumar al partido liberal al frente del cual está el expresidente Cesar Gaviria. En ese sentido, hubo dos largas conversaciones entre Duque y Gaviria, tras las cuales este último manifestó públicamente que respaldaba a Duque y le aconsejara que debía desprenderse de varios ministros.

“La coyuntura es muy volátil en el terreno político. Y ello principalmente por la proximidad de las elecciones presidenciales y de Congreso de la República. (…) El gobierno ha tenido dos contundentes derrotas aparte de la fuerza que las movilizaciones y protestas han logrado. La primera es la salida por la puerta de atrás de la canciller Claudia Blum, quien después de muchos desaciertos presentó su carta de renuncia, aunque nada nuevo se espera en materia de relaciones internacionales con el nombramiento de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez. La otra derrota esa si más significativa fue el hundimiento del proyecto de reforma a la salud que buscaba profundizar en la privatización del sistema de salud”, expresan los analistas de Alainet. 

En el plano interno, aunque no es fácil de creer, el portal indica que Duque ha perdido apoyo de sectores empresariales, que no respaldan su intención de decretar la conmoción interior. 

En cuanto a la escena internacional, aunque no se compara ni de lejos con lo que estaría pasando si la escalada represiva hubiese sido en Venezuela, se sabe que un importante bloque parlamentario de los demócratas de EEUU han asumido algunas posturas tímidamente críticas, lo mismo que algunos gobiernos de la Unión Europea, las Naciones Unidas y muy pocos gobiernos de la región. 

“La cooptación de los organismos de control, le permite al gobierno, además una amplia maniobra en el uso de mecanismos represivos sin mayores consecuencias, dado que el fiscal es un funcionario de bolsillo del gobierno, así como el Contralor General, la Procuradora General y el Defensor del Pueblo.  La justicia, con el comunicado emitido por las altas cortes, está también bajo control, aunque limitado, pues es el único contrapeso institucional que podría encontrar Duque”, indica la publicación, triturando así la proclamada versión de que en Colombia existe equilibrio de poderes. 

En interacción con numerosos participantes, Pérez Pirela plasmó la conclusión de que, lamentablemente, ya Colombia está en una guerra civil que ya venía en desarrollo y ahora es abierta. Alertaron sobre el riesgo de un genocidio a gran escala. “Los medios mundiales ocultan la situación porque son parte del orden que quiere establecerse en todos los países de la región, caracterizado por la parapolítica, el narcoestado y el terrorismo de Estado”. 

Varios usuarios lanzaron preguntas, tales como ¿qué ha declarado el apóstol de la paz Juan Manuel Santos? y ¿cuántos militares estadounidenses no estarán vestidos de civil disparando en las manifestaciones?”.

“Por el 1% de lo que ha pasado hasta ajora en Colombia, ya en Venezuela estuviésemos invadidos”, dijo otro participantes. “Absolutamente de acuerdo”, expresó el moderador. 

(LaIguana.TV)