La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente -este 21 de junio- la solicitud de extradición de Colombia hacia Venezuela sobre la persona de Juvenal Sequea Torres, quien permanece en el vecino país tras haber participado en el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, en razón de lo que se le imputan los delitos de traición a la patria, rebelión, asociación, sustracción de arma de fuego y/o municiones y asociación.  

En la ponencia presentada por la magistrada Francia Coello, se destaca que la fracasada acción sediciosa, denominada Operación Gedeón, estuvo bajo la dirección del teniente coronel Illich Sánchez Farías, quien entonces comandaba el componente militar del Palacio Federal Legislativo y con las ventajas que le otorgaba su posición, fraguó una movilización de tropas, material bélico y equipos hacia las proximidades del Distribuidor Altamira, cercano a la Base Aérea de La Carlota, con el pretexto de realizar actividades de orden público aunque el plan era «la materialización de un llamado a Golpe de Estado en compañía del diputado Juan Guaidó y Leopoldo López».

En el texto se refiere, asimismo, que de esas «actividades irregulares» también participaron funcionarios pertenecientes a otras unidades de la Guardia Nacional Bolivariana, «así como de los componentes Ejercito Bolivariano y Aviación Militar Bolivariana (por identificar plenamente) y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Fuerza de Acciones Especiales del Cuerpo Nacional Bolivariana», entre los cuales el Ministerio Público identificó al mayor Juvenal José Sequea Torres.

En virtud de lo anterior, la Fiscalía abrió un expediente en su contra ante el Tribunal Especial 2° Antiterrorismo en el que figuran los delitos de traición a la patria, rebelión, asociación y sustracción de arma de fuego y municiones, mientras que el pasado 24 de febrero, esa instancia dictó una orden de aprehensión en su contra y los fiscales Farik Karin Mora Salcedo y Normerys Lira Rivas procedieron a solicitar su extradición, al comprobarse su presencia en Colombia.

Los magistrados alegan que al haberse cometido los delitos en el territorio venezolano, procede la solicitud de extradición sobre Sequea Torres conforme a lo estipulado en el  el artículo 1° del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, en el que se establece que los países deben entregar recíprocamente a las personas que estén sindicadas por las autoridades judiciales de algún delito o sometidas a la ejecución de una pena, amparándose en el principio de reciprocidad internacional.

En la sentencia se señala explícitamente que el Estado venezolano asume «el firme compromiso ante la República de Colombia, que el mencionado ciudadano será procesado con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales, consagradas en la Constitución, en los artículos: 19, relativo al principio de no discriminación; 45, referente a la prohibición de desaparición forzada de personas; 49, sobre el debido proceso; 46, numeral 1, sobre el derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de ser sometido a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».

En la actualidad, el militar venezolano purga una pena de seis años en Colombia, al comprobarse su participación en la fallida Operación Gedeón, incursión armada con la que se pretendió derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otros altos personeros de su gobierno, para imponer un régimen tutelado desde Washington.

En marzo, la Fiscalía General colombiana reconoció que la acción militar se planificó y se preparó en su territorio, primero bajo la dirección del exgeneral venezolano Clíver Alcalá Cordones y tras su marcha a los Estados Unidos custodiado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), por Sequea Torres y otros dos militares desertores.

La agencia The Associated Press reportó que Sequea Torres llegó a un acuerdo con las autoridades en el que se declaró culpable de haber entrenado, en cooperación con el estadounidense Jordan Groudeau, propietario de la empresa contratista de guerra Silvercorp, a un grupo de exmilitares para invadir su país y recibió la pena mínima prevista por la legislación colombiana para estos casos.

(LaIguana.TV)