Este 5 de julio, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de la Corte Suprema de Honduras declaró culpable por unanimidad a David Castillo, un exmilitar involucrado en el negocio hidroeléctrico, por el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.
El Ministerio Público hondureño calificó como «histórico» el fallo contra Castillo, quien, de acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio, «ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones» de su compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que estaba a cargo de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca sobre el río Gualcarque, parte del territorio ancestral del pueblo indígena lenca, al que pertenecía Cáceres.
Las autoridades sometieron a experticias forenses el teléfono celular del empresario, así como el de otros sindicados y la información obtenida «fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo ordenó la muerte de Cáceres«, refirió la acusación.
Lucía Villars, portavoz del poder Judicial precisó que David Castillo fue condenado como «coautor intelectual» del asesinato de la activista indígena y enfrentará una pena de entre 25 y 30 años de cárcel, que será anunciada el venidero 3 de agosto.
Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, advirtió que el caso todavía «no está cerrado», por lo que los fiscales continúan investigando para hallar a otros «autores intelectuales», si bien sostuvo que la Fiscalía estaba satisfecha con el dictamen porque fue capaz de presentar «toda la carga probatoria que demostraba la culpabilidad de (Roberto) David Castillo».
Una lucha de largo aliento que todavía no termina
Tras hacerse público el fallo, la familia de la activista dijo a los medios que esta condena representaba «una victoria de los pueblos».
A través de un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) leído por Bertha Zúñiga, hija de Cáceres, se destacó que «las estructuras de poder no lograron en este caso corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado (Roberto) David Castillo, no logró sus objetivos».
EFE refiere que «miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras celebraron el veredicto contra Roberto David Castillo bailando frente a la Corte Suprema de Justicia, donde instaron además un altar, con un retrato de la ambientalista y ofrendas en su honor».
Además, Zúñiga, el resto de los familiares de la activista y el Copinh demandaron la «inmediata» cancelación del permiso de construcción de la presa «sobre el sagrado río Gualcarque» concedida por medios irregulares y corruptos, así como que se procese a todos los implicados y que se desmantelen las «redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”.
Berta Cáceres, quien era una de las fundadoras del COPINH, fue asesinada a balazos en su casa mientras dormía. El crimen lo presenció el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba alojado en la vivienda al momento de los hechos y resultó herido de bala en una oreja.
Antes de su asesinato, la lideresa había recibido múltiples amenazas de muerte y contaba con protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de ejercer una tenaz oposición a la construcción de la represa de Agua Zarca por el daño ambiental que generaría y las afectaciones a la etnia lenca.
La multiestatal teleSUR recuerda que «en diciembre de 2019 un tribunal de Honduras condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro» y otros tres más «fueron sentenciados a 30 años de cárcel», por haber sido «coautores del crimen».
(LaIguana.TV)
