Los recientes acontecimientos de la Cota 905 son una demostración dramática de que, tal como se ha alertado durante años, zonas de importancia estratégica del país han caído bajo el poder de grupos paramilitares, lo que significa que ha sido desplazado el Estado venezolano. 

La interpretación del filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela sobre lo vivido la semana pasada por la población de Caracas tiene mucho de profecía desdichadamente cumplida, pues desde hace ya más de una década ha venido investigando (junto a un destacado grupo de académicos) el tema del poder adquirido por grupos paramilitares en barrios, pueblos, zonas fronterizas y enclaves mineros del país. Esas investigaciones han derivado en advertencias que, por desgracia, no han sido acogidas por las autoridades. 

En la emisión del programa dedicada a este tema (que se extendió por más de dos horas) ofreció amplia información sobre lo ocurrido y sostuvo la interpretación de que, si este tipo de acciones no se lleva a cabo en el resto de las regiones tomadas por el paramilitarismo, en unos años Venezuela será un país muy similar a su vecino, Colombia, donde el concepto de Estado se ha desdibujado por no existir el monopolio en el uso legítimo de la fuerza. 

“Vamos a mostrar ángulos y analizar temas que otros no han querido analizar. No se trata solo de Caracas. La violencia puede verse en otras partes del país. El paramilitarismo está desde hace muchos años ya ganando territorio en la República Bolivariana de Venezuela y nosotros lo hemos venido señalando desde muchísimas aristas, perspectivas y también con muchas frustraciones porque, con mucha humildad lo digo, no se nos ha escuchado. Es un clamor del pueblo que está viendo como poco a poco el paramilitarismo colombiano y de otras latitudes de ha venido apropiando de zonas en Venezuela”, dijo el presentador del espacio.  

Las alertas han quedado plasmadas en libros. Uno de ellos es La invasión paramilitar, Operación Daktari, publicado en 2012, una investigación realizada con el prominente intelectual Luis Britto García en los archivos secretos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La otra obra se titula La cuestión colombo-venezolana y en ella también participó Britto García, junto a los sociólogos Mario Sanoja e Iraida Vargas y el internacionalista Sergio Rodríguez, entre otros, un libro que tiene prólogo de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba. “Desde entonces hablamos de la penetración que comienza en las fronteras, avanza hacia las principales ciudades y finalmente se instala en Caracas. No se puede decir que es nueva. Viene controlando zonas de Caracas desde hace años. Desgraciadamente, desde aquel momento hasta ahora no se han tomado medidas. Alertamos que había que tener cuidado con empresas privadas de Maracaibo, Caracas y otras ciudades. Esas compañías fueron una forma de entrarle a las ciudades. Quienes manejan circuitos de taxi también han sido tocados. El narcoparamilitarismo ha entrado, como modelo cultural, a través de las series y novelas colombianas. Se le dio largas al asunto durante muchos años y ahora hay que resolverlo con la guerra, como la que vivimos estos cuatro días. Afortunadamente fue bien manejada por el gobierno en materia de bajas. Esto es paramilitarismo formado a imagen y semejanza de Colombia. La única manera de combatirlo es con la fuerza. El paramilitarismo es el brazo armado del paraestado. Las lógicas paraestatales son que, en esos espacios, el poder lo tiene las para-armas, y por eso los jefes de las bandas deciden cuándo los ciudadanos pueden salir o entrar, cuándo deben acostarse y todas las demás actividades. En zonas como la Cota 905, el gobierno constitucional, el Estado no tenía ningún poder, sino otras armas, otras leyes, otras ópticas. Quien dice Cota 905, dice El Cementerio, El Valle, parte del Estado Miranda, el Tren de Aragua, los Piratas de Sucre, las bandas en las zonas fronterizas del Táchira, de Zulia, en las zonas mineras de Bolívar. Es una mancha que comienza a hacerse grande y termina el país perdiendo su soberanía porque el Estado se hace débil. Ese es el meollo de la cuestión. Tenemos que vernos en los malos ejemplos de Colombia, México, Honduras, El Salvador, Guatemala, países que han visto como dentro de sus territorios empiezan las bandas a romper el monopolio legítimo de la violencia que debe tener el Estado-nación. Ese es el grandísimo peligro que se esconde detrás de estas lógicas”, enfatizó. 

“¿Había que hacer esto en la Cota 905? –se preguntó, y pasó a responder- Sí, había que hacerlo. Pero no es suficiente porque lo mismo está pasando en muchos otros territorios donde el Estado venezolano no puede ni siquiera entrar”.  

Agregó que además es necesario considerar que el Estado-nación venezolano no es cualquier Estado, sino que es el titular de la reserva de petróleo más grande del mundo; de una de las cinco mayores reservas de gas; de grandes yacimientos de minerales preciosos y estratégicos; de fuentes acuíferas sin comparación. “Cuando bandas paramilitares se apoderan de territorios y generan zonas paraestatales, se resquebraja, se fracciona la unidad nacional y se pierde el control de todas esas riquezas. Por eso no debemos analizar el asunto superficialmente, como si el punto fuera lo que pasó con este malandro o con aquel otro; tenemos que ver el problema con visión amplia, satelital y de forma deductiva. Detrás de estas megabandas hay intereses que van más allá de la Cota 905, más allá de Caracas, más allá de la República Bolivariana de Venezuela e, incluso, más allá de Latinoamérica porque resquebrajar, fraccionar, debilitar al Estado-nación venezolano es una fórmula para acceder de forma mucho más rápida, expedita y sencilla a nuestros recursos naturales. Estas megabandas lo que hacen es destruir la soberanía nacional, que no es una consigna, sino la posibilidad del Estado-nación de proteger sus fronteras, de mantener la unidad de sus armas y de preservar su Estado a través de un liderazgo único. La República Bolivariana de Venezuela tiene unas fuerzas armadas y policiales, tiene unas fronteras establecidas y tiene un gobierno electo popularmente. Hasta ahora han intentado relativizar la figura del presidente, colocando un parapresidente (Juan Guaidó, que está metido en esto, como lo veremos más adelante); quieren vulnerar las fronteras, con las pretensiones de Guyana y con los intentos de invasión que han venido desde Colombia; y quieren resquebrajar también el monopolio del uso legítimo de la violencia, a través del paramilitarismo. Es un proceso muy peligroso. No podemos interpretar esto quedándonos en ‘el Koki’ y ‘el Vampi’, aunque esos personajes han hecho mucho daño. Lo importante es ir más allá de lo anecdótico, ahondar en el concepto geoestratégico”, insistió. 

Así ocurrieron los hechos

Pasó a explicar los detalles de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro, que cerró con saldo muy positivo, según la ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, quien la calificó como “una gran victoria cívico-militar-policial por la paz y la vida”. 

La operación se desplegó a partir del jueves 7 de julio en cinco parroquias de la capital (San Juan, El Paraíso, La Vega, El Cementerio, El Valle) para desarticular las bandas que operan en la Cota 905 y sectores aledaños. “Yo estoy de acuerdo con ella en que fue un éxito”, dijo Pérez Pirela. 

Tras 70 horas de operativo de seguridad, la titular de Justicia y Paz ofreció un balance de las acciones junto a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, desde la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), donde explicó que el operativo ha contado con la participación de 3 mil 110 funcionarios: 2 mil 460 activos y 650 en reserva. Estas cifras revelan, a juicio del moderador del programa, que se trata de una auténtica guerra. 

En la cifra de efectivos, se precisan 1 mil 200 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 330 del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 600 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 130 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y 200 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). 

Mientras que la fuerza de reserva la conforman 650 oficiales: 400 pertenecen a la PNB y 250 de la GNB.  

Un total de 33 delincuentes fueron neutralizados, entre los cuales 12 ya fueron identificados. 

“Un dato fundamental que refuerza lo que hemos dicho: 10 de los abatidos en la Cota 905 no tienen huellas dactilares registradas en Venezuela. Tres paramilitares colombianos capturados durante la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro han declarado que más de 20 ciudadanos neogranadinos que conforman organizaciones criminales se encontraban en la Cota 905 desde meses anteriores”, señaló. 

Presentó un video del presidente Nicolás Maduro ofreciendo detalles de los detenidos. Dijo que las autoridades andan tras los cabecillas de la organización y varios paramilitares colombianos y aseguró que “más temprano que tarde los encontrarán”. 

Otras informaciones dan cuenta de la magnitud de lo ocurrido: 

–112 personas que estaban secuestradas en los túneles de El Paraíso fueron liberadas por los cuerpos de seguridad. 

-9 ciudadanos secuestrados fueron liberados: cinco hombres, entre ellos un médico integral comunitario, una mujer y un niño. 

-37 casas abandonadas en el sector El Naranjal en la Cota 905 fueron rescatadas.  

Sobre este último aspecto, acotó que obligar a las familias a abandonar sus viviendas, bajo amenaza de muerte, es parte del modus operandi del paramilitarismo para tomar control de las zonas donde se establece. 

En cuanto a víctimas fatales y heridos, los números son los siguientes: 

–4 funcionarios fallecidos: 3 de la Policía Nacional Bolivariana y 1 de la Guardia Nacional Bolivariana.  

-28 personas heridas, de las cuales 10 pertenecen a la seguridad. 

“Honor y gloria a esos funcionarios que fallecieron defendiendo la soberanía nacional”, expresó el conductor de Desde Donde Sea. 

En el renglón de vehículos recuperados y entregados a sus dueños, las autoridades ofrecieron estos datos: 

–71 carros, 12 motos, 2 camiones 350 y 1 camión Iveco que estaban en la zona en poder de la banda.

-60 carros que habían quedado atrapados en el túnel de El Paraíso, cuyos propietarios fueron evacuados previamente.

-1 vehículo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

-1 camión de transporte.

Puso al aire un video de la cuenta de Instagram de Douglas Rico, director del Cicpc, sobre el rescate de las personas atrapadas en el túnel de El Paraíso, lo que ocurrió en pleno enfrentamiento. El rescate se realizó con apoyo de la Brigada de Acciones Especiales (BAE), Policía Nacional Bolivariana (PNB), un comando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales (UOTE). 

Durante el proceso de rescate, fue levantado y trasladado el cuerpo de un hombre, que lamentablemente ya había sido impactado por los tiros accionados por las peligrosas bandas, desde su guarida, en la altura de la montaña. 

El poder de fuego

Uno de los aspectos más alarmantes del balance es el relativo al poder de fuego que ostentaba esta banda. “Se encontró un arsenal de guerra y surge la pregunta sobre de dónde lo sacaron”, dijo Pérez Pirela antes de mostrar un video de las armas incautadas. 

“Entre los pertrechos que se encontraron como presunta posesión de la banda criminal de la Cota 905, había una ametralladora punto 50 (también conocida como M2), de fabricación estadounidense para las fuerzas armadas de ese país. La M2 es usada contra la infantería en contextos militares, sin embargo, podría activarse con alta efectividad contra vehículos sin blindaje o ligeramente blindados, fortificaciones ligeras y aviones o helicópteros a baja altitud. Con respecto a las municiones, se reportó la incautación de 2 mil cartuchos de punto 50. También se pueden observar varios rifles equipados con miras telescópicas, conocidos comúnmente como rifles de francotirador, que permiten una mayor precisión en el disparo, así como su ejecución a muy larga distancia. Aparte de estas armas de uso muy específico, también se encontraron 3 lanzacohetes, 2 subametralladoras Mini Uzzi, 14 cargadores tipo FAL y 4 mil cartuchos calibre 7.62… y yo insisto en la pregunta: ¿de dónde sacaron este arsenal?”. 

Allí no paran los hallazgos. La policía desmanteló un laboratorio para la producción de droga que funcionaba allí, en plena ciudad de Caracas. En este lugar, aparte del laboratorio clandestino, encontraron 20 kilogramos de pasta base de clorhidrato de cocaína y 100 gramos de droga crack. 

Territorio con garitas y trincheras

Otras instalaciones localizadas por las autoridades ponen en evidencia que esta banda tenía allí una especie de fortaleza, lo que demuestra su carácter paramilitar. 

“Varias garitas fueron destruidas por la fuerza pública. Se trata de los puntos de vigilancia en los accesos del barrio, donde se ubicaban los ‘soldados rasos’ de la estructura, por lo general adolescentes, casi niños, quienes cuentan con radios y teléfonos para avisar de la llegada de la policía –explicó-. En el Cementerio General del Sur, la banda criminal liderada por Carlos Luis Revete, alias ‘el Koki’, tenía una garita principal que fue desmontada este viernes 9 de julio, por efectivos de la PNB y la GNB”. 

Para mostrar imágenes de este aspecto, utilizó un tuit de la Policía de Caracas en el que se incluyeron fotos de la garita del cementerio y de otras destruidas en la parte alta de la Cota 905. Otro tuit, en este caso de la ministra Carmen Meléndez muestra vistas aéreas de las garitas ubicadas en los lugares designados como redoma de La India, El Pinar, túnel de El Paraíso, Santa Eduvigis, Loma Linda, La Invasión, La Gallera, Las Quintas, El Naranjal, Montañita y los puntos de vigilancia La Eléctrica, El Búnker y Ojo de Dios. 

Sobre este último emplazamiento, dio a conocer el titular de LaIguana.TV: “El Koki tenía a Caracas en 360°: video desde la garita el Ojo de Dios, en la Cota 905”. 

En dicho video, que circula por las redes sociales, se pudo observar que delincuentes de la banda criminal de alias “el Koki” tenían una amplia vista panorámica de Caracas desde la garita improvisada llamada “el Ojo de Dios”, que construyeron en la cima de una montaña, ubicada en la Cota 905. 

“La pregunta es obvia, ¿qué hacía una banda de delincuentes comunes dedicados al secuestro y la extorsión, con una vista de 360 grados de la ciudad? Ese tipo de vista solo la tiene en Caracas la Embajada de EE.UU. Esto ratifica lo que hemos denunciado acerca de que no son bandas de delincuentes comunes, sino paramilitares”. 

En este mismo sentido, uno de los detenidos, identificado como Jorvis Rafael Matamoros, confesó que recibió instrucciones de paramilitares colombianos para el levantamiento de trincheras establecidas entre la Cota 905 y La Vega.   

Dijo a las autoridades que le pagaban 20 dólares semanales por realizar las labores de levantamiento de las trincheras que construyó la banda criminal de “el Koki” a lo largo de la Cota 905, hasta La Vega. Matamoros también refirió que el pago que recibía podía ser cancelado con drogas. En el video que publicaron las autoridades, el presunto integrante de la banda de la Cota 905 declaró que quienes dictaban las órdenes eran ciudadanos de nacionalidad colombiana. Estos le decían a Carlos Calderón Martínez, alias “el Vampi”, cómo debían elaborar las garitas que recientemente fueron desmanteladas por los cuerpos de seguridad. 

“Eran trincheras como las de la Primera Guerra Mundial, en pleno centro de Caracas. Aquí surge la discusión sobre las Zonas de Paz, que se basaban en acuerdos para pacificar zonas de las ciudades, para que los delincuentes entregaran sus armas. Es un adefesio que siempre he criticado y seguiré criticando porque el Estado entregó soberanía y ahora tiene que recobrarla. Se llegó muy lejos y toda Venezuela está llena de paramilitares”, recalcó Pérez Pirela. 

Otro titular de LaIguana.TV aporta datos significativos: “Más de 20 paramilitares asesoraron a ‘el Koki’ y a las bandas de la Cota 905”. 

En esta nota se indica que el presidente Nicolás Maduro informó que más de 20 paramilitares están involucrados con las estructuras criminales que operaban en la Cota 905 y sectores adyacentes en Caracas. 

“Hay 3 paramilitares capturados en la Cota 905, quienes declaran que hay más de 20 paramilitares colombianos que tenían meses entrenado a los delincuentes en acciones terroristas con francotiradores y diversas tácticas”, declaró el mandatario durante el balance semanal de la lucha contra la covid-19. 

Resaltó que estas acciones delincuenciales buscaban “llenar de violencia y terror al pueblo venezolano, porque ese era el principal objetivo, es decir el terror a la población civil”. 

Allanamiento de la casa de alias “el Vampi”

El periodista de sucesos Román Camacho, en una entrevista ofrecida a Vladimir Villegas, dio detalles de los allanamientos a las casas de estos líderes criminales. 

El video que ha circulado en redes es el del allanamiento a la casa de “el Vampi”, quien sería el número 1 de la banda y no “el Koki”, como se pensaba. Entonces, pese a que “el Koki” es el más nombrado, por encima de su jerarquía estarían alias “el Vampi” y alias “el Garbis”. 

Pese a que los tres delincuentes están actualmente en fuga, resaltó Camacho, todos han perdido importancia en el contexto criminal, pues fueron desplazados de su territorio (la Cota 905) por las autoridades. De reagruparse, especulativamente con bandas como la de alias “el Conejo” en Tejerías, por ejemplo, estos tendrían que incorporarse como subalternos de los jefes de esas bandas. Sobre “el Vampi”, sin embargo, pesa el hecho de que presuntamente abandonó primero el tiroteo cuando las autoridades comenzaron el despliegue para tomar la Cota 905, por lo que tiene una especie de deuda con los demás criminales que se presumen estarían bajo el refugio de otras organizaciones delictivas. 

Apoyándose en estas declaraciones, Pérez Pirela insistió en que esta operación no ha terminado. “Si el Estado deja solos estos sectores, volverán a instalarse las bandas”, puntualizó. 

Reflexiones sobre lo ocurrido

Para aportar otros elementos reflexivos sobre el tema leyó parte de un artículo del periodista de LaIguana.TV Clodovaldo Hernández, titulado “¿Son los kokis salvadores de la patria o deplorables productos del socialismo?”. 

En el texto se lee que “la ultraderecha local corre sin ton ni son de un lado a otro en sus apresuradas argumentaciones: en la mañana han elevado a un delincuente altamente peligroso hasta la categoría de salvador de la patria; en la tarde salen en onda de analistas sociológicos a decir que el individuo en cuestión es el deplorable producto de dos décadas y tanto de revolución. ¿Entonces, en qué quedamos?”.

“Bueno, los políticos ultraderechistas (y sus aparatajes de ONG y medios) tienen que hacer lo posible para surfear en los acontecimientos que ellos mismos detonan (verbo usado muy a propósito); de sus planes siempre fallidos, fracasados, abortados o mal paridos (perdonen ustedes esta expresión, pero es muy gráfica). Se entiende que ensalcen a un pran, con el argumento de que “tiene en jaque al rrrégimen”, y luego, según como le vaya al koki de marras, lo sigan apologizando o traten de encasquetárselo al gobierno, a la Revolución”.  

“Entiendan: a esta oposición no le queda otra alternativa que estos ires y venires conceptuales. Pero, objetivamente hablando, los líderes negativos de las barriadas son contrarrevolucionarios. Lo son en términos estructurales (ideológicos, económicos, culturales). Lo son por el efecto que causan en el cuerpo social. Y lo son porque tienen como aliados directos a lo peor de lo peor en materia de grupos políticos conservadores internos y globales”, dice el periodista, quien también, analiza las responsabilidades de la revolución cuando expresa: “Obviamente, el chavismo no puede ya seguir culpando a los 40 años previos de los grandes problemas sociales del país. Ello a pesar de que la base fundamental de las zonas pobres de Caracas y otras grandes ciudades se forjó en ese tiempo. Las visiones idílicas, según las cuales antes de Chávez todos acá éramos de clase media para arriba, son solo eso, visiones idílicas e intentos de manipular a desprevenidos. Según mi punto de vista, el fenómeno implícito en la pregunta es consecuencia de un hecho irrefutable: en realidad, el socialismo no ha llegado a implantarse en Venezuela. Desde que la Revolución Bolivariana lo asumió como ruta, lo que ha existido en la generalidad del país es, como mucho, un sistema mixto en el que sigue predominando el capitalismo, no solo como modo de producción, sino también como hegemonía ideológica, más allá de lo que sucede en el orden retórico, en el discurso oficial”. 

El artículo fue comentado por el profesor de música y asiduo participante de Desde donde sea Manuel Barrios: “Un proceso de penetración ideológica, poco tomado en cuenta, es el de la invasión cultural, los elementos simbólicos que son inculcados de manera constante en la población venezolana y que aisladamente parecen inofensivos pero juntos son muy poderosos. Durante años los vendedores de dvds en zonas populares se dedicaron por completo a la difusión de las narcoseries, el imaginario popular fue moldeado al culto del capo y los medios nacionales a la promoción de los artistas y deportistas colombianos, de nada servían las noticias de la guerra, desplazamientos y masacres, gran parte de la juventud popular estaba embobada pensando en sin tetas no hay paraíso”.  

Añadió Barrios que “nuestra cultura popular ha sido minuciosamente desmontada y reemplazada, especialmente en las zonas populares donde no se han constituido movimientos culturales sólidos, y es allí donde la violencia y los antivalores se han arraigado. La discriminación política sirve para sustentar este proyecto de reseteo cultural, al punto de que cualquier ciudadano que exprese valores nacionales es visto como chavista”. 

Pérez Pirela respaldó este enfoque. “No cabe la menor duda de que ha habido un proceso cultural paralelo a las armas y las bandas. Hay que aplicar una visión filosófica porque está involucrada la visión estética. Se ha implantado el modelo del barrio de Medellín, las manifestaciones culturales de los capos colombianos”. 

Mercenarios colombianos en Haití

Otra nota de LaIguana.TV da pie para conectar otra de las grandes noticias de la semana precedente: el magnicidio en Haití: “¿Tienen relación los asesinos del presidente de Haití y la banda de ‘el Koki’?”, se pregunta el portal. 

El sábado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó la necesidad de seguir fortaleciendo la seguridad y defensa de la nación ante los embates de bandas delincuenciales y, más recientemente, luego del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, a manos de mercenarios colombianos el pasado 7 de julio. 

Maduro dijo: “Mercenarios del Ejército de Colombia en situación de actividad matando a un presidente en una patria hermana, Haití. Ya usted está viendo mercenarios capturados en la Cota 905, entrenando delincuentes y terroristas en Venezuela. Ahí van ellos, un ejército de mercenarios, un país exportador de violencia, de terrorismo: la mayor amenaza que tienen América Latina y el Caribe es hoy la mafia que está en el poder en Colombia”, dijo durante el acto de transmisión de mando de las comandancias de la FANB. 

A continuación, hizo una especie de radiografía del magnicidio. La última conferencia de prensa oficial, encabezada por Claude Joseph -autodesignado presidente interino de Haití- y por Léon Charles, director de la Policía Nacional, precisó por fin el número total de implicados en el asesinato del presidente Moïse. 

Se trata de 28 sujetos, dos norteamericanos -James Solages y Joseph Vincent- y 26 colombianos, militares retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia, según confirmó ayer el Ministerio de Defensa de ese país. 

Siete de los paramilitares fueron abatidos durante enfrentamientos sucedidos con las fuerzas de seguridad. 

Por otro lado, 15 de ellos han sido capturados: la mayoría por la policía, pero otras por el propio accionar de la población civil, que tras capturar a al menos dos de ellos en Jalouzi, en una zona próxima a la de la residencia de Moïse, en Pelerin, decidieron entregarlos a las autoridades. 

Se sabe que la infiltración de mercenarios y paramilitares, en particular de nacionalidad norteamericana, no es nueva en el país caribeño. En febrero de 2019, ocho personas fueron capturadas en el centro de Puerto Príncipe, en las inmediaciones del Banco Nacional de Crédito. Iban a bordo de dos camionetas sin matrícula, llevaban consigo rifles automáticos, pistolas, drones, teléfonos satelitales, un telescopio y chalecos antibalas, según lo informó entonces el Miami Herald. 

Al ser detenidos, adujeron estar en “misión gubernamental”. De qué gobierno, nunca lo aclararon. De los ocho, dos eran de las fuerzas de Operaciones Especiales de la Armada de Estados Unidos, y uno un exmarine. Había también otros dos ciudadanos norteamericanos, dos serbios -uno residente en EEUU- y un haitiano. Con la salvedad de este último, ninguno fue citado a declarar ni compareció ante juez o autoridad policial alguna. 

Ante el desconocimiento del propio primer ministro de Haití, fueron llevados rápidamente a EE.UU., siendo escoltados, sin esposas, por el propio personal de su embajada. Incluso tuvieron acceso a la sala diplomática VIP del aeropuerto. Le fue negado a Haití el ejercicio de sus propios procedimientos judiciales, hasta la fecha no se les ha imputado cargo alguno en su propio país. 

Pocos meses después, el 12 de noviembre del 2019, Jacques Yves Sébastien Duroseau, de 33 años, otro exmarine, fue detenido en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, cargando tres estuches con pistolas, rifles de asalto, municiones y pertrechos militares. Su viaje había sido legal y estaba autorizado por American Airlines. Pese a haber sido trasladado a la Dirección Central de la Policía Judicial, tampoco fue interrogado, y fue retirado expeditivamente del país con dirección a EE.UU. 

Estos dos casos, aparentemente aislados, constituyen situaciones quizás no tan excepcionales, si consideramos, en primer lugar, que se trató de infiltraciones descubiertas de manera prácticamente accidental, por agentes rasos de las fuerzas de seguridad que cumplían sus tareas de manera rutinaria. 

En segundo lugar, que ambas se produjeron en medio un ciclo de movilización social y protestas masivas antigubernamentales que buscaban forzar la dimisión de Moïse, estrecho aliado de EE.UU., lo que llevó a que organismos locales de derechos humanos consideraran que se trataba de mercenarios que venían a apuntalar la represión selectiva de opositores y manifestantes. 

En tercer lugar, que quizás la infiltración de mercenarios y exmarines no detectadas, puedan explicar por qué el tráfico de armas de manufactura norteamericana se duplicó en apenas 5 años hasta alcanzar un número cercano a las 500 mil, según datos de la propia Policía Nacional y la Comisión Nacional de Desarme. 

“Esta es otra prueba de que no se puede entregar la soberanía de ninguna parte del país, bajo ningún concepto. ¿Qué vamos a esperar, será a que Venezuela se convierta en Colombia o en Haití, países que han cedido su soberanía completamente? Las guarimbas fueron guiadas por mercenarios colombianos y dirigentes como Freddy Guevara, Leopoldo López, Miguel Pizarro”, subrayó el moderador del programa. 

“Aquí surge de nuevo la pregunta: ¿De dónde salen los arsenales que poseen estas megabandas, no solo en la Cota 905 sino en todos los demás lugares que hemos mencionado. Una organización investigadora colombiana muy seria, la Fundación Arcoíris, dice que Maracaibo es la capital del paramilitarismo suramericano. Así como se tomó control de la Cota 905, se debe tomar el control de todo el territorio, no se puede dejar que ejerzan el poder en ningún lugar, incluyendo las cárceles, desde donde se dirigen las actividades hacia afuera”, aseveró. 

Un usuario señaló que las guarimbas en Nicaragua también fueron guiadas por mercenarios colombianos. 

Más detalles sobre lo ocurrido en Haití se incluyeron en la nota de LaIguana.TV “En Haití: mercenarios torturaron al presidente Jovenel Moïse antes de asesinarlo”. En ese despacho se indica que Mathias Pierre, ministro encargado de Elecciones del Gobierno de Haití, aseguró el viernes que el presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado la madrugada del miércoles en su residencia privada, fue sometido a torturas antes de ser ejecutado. 

“El presidente fue asesinado. Antes del asesinato fue torturado y las pruebas son que le partieron un brazo y le partieron un pie. Luego recibió el impacto de 12 balas”, dijo el funcionario en una entrevista concedida a la emisora colombiana W Radio. 

La sombra de la derecha venezolana

Pérez Pirela prosiguió el análisis señalando los lazos existentes entre lo ocurrido en Haití y la derecha venezolana. Otro titular de LaIguana.TV pone el dedo en la llaga: “Es venezolano y seguidor de Guaidó dueño de empresa que contrató mercenarios de Haití”. 

La nota hace referencia a declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien confirmó el sábado 10 de julio que el dueño de la empresa que contrató a los mercenarios que mataron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, es un venezolano activista y seguidor de Juan Guaidó. 

La información la ofreció al momento de dar detalles de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro. 

Mostró imágenes de la vicepresidenta, explicando que la información fue difundida por la agencia de noticias estadounidense AP. Se trata de Antonino Intriago, jefe de una empresa de mercenarios establecida en Florida, quien ha llamado en sus redes sociales al magnicidio del presidente Maduro.  

“Esto demuestra que se trata de un plan regional no de un asunto de un barrio. Llegamos así a la Operación Gedeón. Resulta que una fuente cercana a Guaidó confirmó que el empresario Antonio Enmanuel Intriago Valera viajó el 23 de febrero a Cúcuta y que su compañía de seguridad CTU Security era una opción para la Operación Gedeón, la cual intentaron desplegar el 3 de mayo de 2020 desde Colombia hacia Venezuela, sin embargo, fue neutralizada por cuerpos de seguridad nacionales. Así lo reveló la corresponsal de Telesur Madelein García a propósito de un artículo que publicó el titulado: ‘Colombianos detenidos por asesinato de presidente haitiano alegan vínculos con firma de Miami’, una investigación en la que enlazan al mencionado venezolano con el magnicidio contra el mandatario Moïse”. 

De acuerdo con la investigación periodística publicada en el referido medio, 17 colombianos y 2 haitiano-estadounidenses fueron detenidos en Haití por su presunta participación en el asesinato de Moïse. Uno de los entrevistados contó al diario que los sujetos aseguraron haber sido contratados por la compañía de Intriago Valera, CTU Security. 

Asimismo, señalaron que permanecieron por tres meses en Haití, otros por más tiempo. No manejaban información sobre si los directivos de CTU conocían de la trama del magnicidio. Según revelaron algunas fuentes al medio, los ciudadanos fueron contratados con la finalidad de suministrar seguridad a personajes importantes y les cancelaba unos $3,000 mensuales. 

Por su parte, el director interino de la policía haitiana, Leon Charles, indicó que todos los sospechosos ratificaron que trabajaban para una compañía con sedes en EE.UU. y Colombia. Dijeron que trabajaron con dos haitiano-estadounidenses y un médico de alto perfil. 

El pasado viernes la esposa de unos de los capturados, identificado como Francisco Uribe, manifestó durante una entrevista para W Radio que su pareja fue contratada por CTU y que recibió $2,700 como parte de pago, además, fue trasladado a República Dominicana para desempeñarse como guardia de seguridad privada para familias de altos recursos económicos. 

CTU Security está registrada formalmente en Florida. El Nuevo Herald precisó que la empresa de Intriago Valera se encuentra registrada oficialmente como counter terrorist unit federal academy llc, y establecida en 2019 en florida en 2019 y cuyo propietario figura el empresario venezolano. 

Para mostrar el hilo conductor entre el magnicidio de Moïse y los hechos de la Operación Gedeón, recordó que el mercenario identificado como Juan Gutiérrez Aranguren, confesó que el gobierno colombiano presidido por Iván Duque le brindó apoyo tras desertar de las filas castrenses venezolanas y acatar el llamado de Guaidó para unirse a los planes que buscaban deponer al mandatario Nicolás Maduro en la Operación Gedeón. 

Por otra parte, la venezolana Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, de 39 años, capturada en Colombia por su presunta participación en la Operación Gedeón, plan criminal desmantelado por el gobierno venezolano en mayo de 2020, reveló que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de ese país tenía conocimiento de los atentados terroristas que se iban a ejecutar en Venezuela.   

En entrevista con el medio colombiano Caracol televisión, alias “Rosa”, respondió sin titubeos ante la pregunta si la DNI sabía de la Operación Gedeón: “Claro, claro. Sí sabía de la operación”. Asimismo, identificó a una persona -con el nombre de Franklin Sánchez- como el funcionario de este organismo que le daba indicaciones para cuidar su seguridad. Sin embargo, esta misma persona fue la encargada de ponerle una cita que terminó con su captura en septiembre de 2020. 

En agosto del año pasado, los ciudadanos norteamericanos Luke Denman y Airan Berry, participantes de la Operación Gedeón fueron condenados a 20 años y 9 meses de cárcel en Venezuela por los delitos de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo. Denman y Berry integraban la contratista estadounidense Silvercorp USA, la cual era administrada por Jordan Goudreau, con quien Juan Guaidó firmó un contrato en el que se estableció el adiestramiento de mercenarios para invadir a Venezuela, deponer al gobierno bolivariano y demás autoridades. Y generar un baño de sangre porque pensaban matar a mucha gente. 

Comentó Pérez Pirela que es deplorable la forma como los medios colombianos intentan lavar la imagen a mercenarios acusados de asesinar al presidente de Haití.

“No lo podía creer: el mismo Ministerio de Defensa admitió que eran militares, algunos activos y otros retirados. Pero los medios quieren lavarles la cara. Luego de que salió a la luz pública la participación de mercenarios colombianos en el asesinato del presidente Moïse, los medios de comunicación de la derecha han pretendido restar importancia a este hecho y hacer creer ante la opinión pública de que solo se trató de un engaño contra los exmilitares neogranadinos… Pobrecitos, los engañaron, aunque son militares de élite”, expresó. 

Tal es el caso de medios como W Radio, la revista Semana o Blu Radio, que han hecho eco de información, supuestamente brindada por familiares o allegados de los detenidos, para poner en tela de juicio la versión oficial del gobierno de Haití, la cual sostiene que el asesinato fue cometido por un comando integrado por mercenarios colombianos. 

Específicamente, la revista Semana difundió un supuesto audio de uno de los aprehendidos, el sargento viceprimero retirado Ángel Mario Yarce, donde asegura a su esposa que ellos habrían sido contratados para trabajar como guardaespaldas del primer mandatario de la nación caribeña, labores por las cuales recibirían entre 2.500 a 3.000 dólares mensual. 

Estos medios, además, han publicado artículos en los que se señala que los exmilitares estaban en suelo haitiano para “unirse a la lucha contras las bandas criminales en los barrios populares de ese país”, pese a que la propia primera dama haitiana, Martine Étienne Moïse, testigo del asesinato y quien resultó gravemente herida durante la operación criminal, confirmó, mediante un audio difundido en su cuenta en Twitter, que los sujetos fueron contratados para asesinar al mandatario nacional dentro de su casa. “Hasta esa excusa es una gravísima confesión porque qué tienen que hacer unos militares colombianos combatiendo bandas armadas en las calles de Puerto Príncipe”, enfatizó Pérez Pirela. 

De acuerdo con el senador colombiano Gustavo Bolívar, esta postura adoptada por los medios de comunicación es una demostración del doble discurso que maneja la oligarquía colombiana, la cual defiende a los exmilitares señalados de torturar y acabar con la vida del presidente Moïse, tildándolos de “contratistas engañados”, pero, al mismo tiempo, califica de terroristas y vándalos a los manifestantes colombianos que salieron a las calles en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Duque, en un intento de criminalizar la lucha del pueblo colombiano por la defensa de sus derechos. 

En este sentido, el también senador Iván Cepeda Castro puso en duda que estos militares profesionales hayan sido tan ingenuos como para participar, bajo engaños, en un plan para asesinar a un jefe de Estado. “Afirman ahora que los militares colombianos (curtidos soldados profesionales y exintegrantes de unidades de élite) ‘fueron engañados’ y llevados en medio de su ingenuidad a una operación mercenaria. Pobres”, subrayó en su cuenta en Twitter en tono de ironía. 

Advertencias de hace diez años y más

Explicó que Britto García y él plantean la tesis de que luego de lo ocurrido el 13 de abril, la derecha comprendió que más nunca debe permitir que el pueblo baje de los cerros a restablecer la democracia. Y por eso llenaron los barrios de bandas paramilitares para masacrar a las personas que quieran bajar a defender su gobierno en una situación parecida a la de abril de 2002. 

Cuando lanzamos estas alertas, muchos se burlaron de nosotros. En 2004, cuando el caso Daktari, hablaron de los “paracachitos”, igual como se burlan de lo que está pasando ahora.  

Leyó un fragmento del libro en el que se señala que “una operación militar o paramilitar nunca es un hecho aislado: sin logística no hay operativo. En vano intentaremos conocer sobre la una o el otro en medios de comunicación privados que por lo general tienden a ocultarlos o tergiversarlos. Pero es posible una contralectura de los medios que revele el entramado de complicidades gerenciales, partidistas y comunicacionales, cuyo colaboracionismo facilita una invasión extranjera e intenta luego negar su realidad o tergiversar sus propósitos. Hay una invasión silenciosa. Descubierta cuando se disponía a cumplir sus objetivos, la invasión cuenta además con el apoyo de la inmensa mayoría de los medios de comunicación privados, que primero intentan ocultar el hecho mediante un apagón informativo, luego lo banalizan y finalmente tratan de presentarlo como una operación del gobierno democrático, a pesar de la abrumadora evidencia que apunta e incrimina en forma indubitable a sectores financieros, políticos e incluso militares de la oposición”. 

Un análisis de estos vínculos consta en el estudio de Luis Britto García Invasión paramilitar, medios de comunicación, grupos económicos y oposición política, también integrado en la Segunda Parte del libro sobre la Operación Daktari. “El mayor peligro para nuestro país sería considerar el triunfo contra la Operación Daktari como un desenlace total y definitivo. Todo conflicto se extiende más allá de sus fronteras originarias, y el conflicto colombiano no es la excepción. Una infiltración paramilitar permanente crea graves problemas sociales, económicos y políticos que analizo en mi trabajo «Del Estado venezolano al ParaEstado venezolano: Consideraciones de una injerencia silenciosa», que ocupa la Tercera Parte de esta publicación”.  

“Las conspiraciones se derrotan antes con la verdad que con las armas –continuó leyendo-. Un minucioso y eficaz trabajo de inteligencia puso al descubierto la maquinaria de la invasión y permitió frustrar sus propósitos. Otra indagación revela la trama de complicidades políticas, financieras y militares que la pusieron en marcha. En gran parte, los implicados se delatan a sí mismos en sus medios de comunicación al negar la realidad de la agresión, minimizarla, banalizarla o tergiversar su origen y propósitos. Los hechos, las evidencias, los testimonios, las experticias, los documentos, las pruebas físicas, que comprueban esta irrefutable verdad están expuestas de manera selectiva en los anexos que integran la Cuarta Parte de este libro. En su conjunto, confirman una irrefutable verdad. Gran parte de la oposición venezolana no tiene reparos jurídicos ni éticos ni patrióticos en recurrir a la más atroz violencia antidemocrática, ni en convocar y apoyar fuerzas extranjeras de la condición más indigna para que le entreguen el poder que ella es incapaz de obtener por la vía legítima. Tal conducta es consistente y persistente. La documentación que consta en estas páginas no sólo es recapitulación del pasado, sino advertencia sobre procesos en marcha que de no ser detenidos podrían traducirse en graves acontecimientos futuros. Diez años después estamos viendo eses acontecimientos. La infiltración de irregulares y de profesionales de la violencia mercenaria por nuestras amplísimas fronteras no ha concluido. El apoyo a estas fuerzas siniestras por sectores de la oposición y de la oligarquía nacional y transnacional no quedó en el pasado. Quien abre la puerta al paramilitarismo como sirviente termina sirviéndolo. Quien niega la realidad termina siendo negado por ella. Recuerdan ustedes las fotografías de Guaido con los narcoparamilitares que lo recogieron y lo llevaron hasta el mismísimo palacio presidencial”. 

“En La Cuestión colombo-venezolana, planteo la pregunta: Venezuela, ¿próximo paraestado de la región? Nadie pareció escuchar la interrogante”, dijo y citó el trabajo de hace diez años: 

“Estamos hablando entonces de varios paraestados, cuya vocación principal no es precisamente la paz en la región, pues es evidente que para estos grupos la guerra se ha convertido en un sustancioso negocio. Ante esto, y teniendo en cuenta que compartimos una frontera colombo-venezolana de 2.317 kilómetros y albergamos cinco millones de colombianos desplazados por la violencia neogranadina, es justo preguntarnos ¿qué va a pasar con el Estado venezolano, así como lo conocemos hoy día? ¿Se convertirá éste en el próximo paraestado de la región? Algo es cierto, el triunfo de la injerencia estadounidense en Venezuela pasa por la instalación definitiva de la violencia secular colombiana dentro del territorio venezolano. En este sentido, el paraestado que parece coexistir ya con el Estado venezolano, junto con su brazo armado (el paramilitarismo) y su brazo financiero (el narcotráfico), es el instrumento por excelencia para la radicación de dicha violencia, a la vez terrorista y desestabilizadora. La existencia real de un paraestado en Venezuela parece ser confirmada por una escalada de la violencia, que no solamente está tocando a ciudadanos civiles venezolanos, sino incluso a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales. Recordemos la ya citada masacre en Táchira (caso de los maniseros), ocurrida en octubre de 2009; la muerte de dos sargentos de la GNB en el municipio Libertador del Táchira el 2 noviembre de 2009 y las muertes de más de doscientos campesinos”. 

Comentó que les dedicó el libro a los más de 300 campesinos que habían sido asesinados hasta entonces (2012) por las fuerzas paramilitares de derecha. “¿Cuántos más han muerto desde entonces?”, preguntó y prosiguió con la lectura. 

“Esta arremetida, entre otras muchas causas, parece tener como objetivo focal hacer pagar al Estado venezolano algunos duros golpes que ha dado contra el negocio del paramilitarismo y el narcotráfico que habitan el paraestado venezolano: en Venezuela, en el año 2009, se incautaron 30.366,52 kilogramos de droga, 29 aeronaves, se apresó a II capos y 7.000 ciudadanos fueron investigados”.  

Señaló que en el remate del libro dice: “Donde hay paramilitares no hay democracia participativa ni protagónica: la estructura del paramilitarismo desestructura al pueblo organizado. Esto se explica porque lo particular de la estructura paramilitar y paraestatal es un mecanismo de organización que, para mantenerse en vida, lucha y trata de erradicar cualquier otro tipo de organización coexistente. En otras palabras, donde hay paramilitares difícilmente existe una organización social. Si hay paramilitares, ni siquiera pueden existir los elementos de organización mínima que hacen posible una democracia participativa la cual, de hecho, es uno de los imperativos categóricos para la coexistencia entre los venezolanos, según la propia Constitución aprobada en 1999. De ese modo, resulta completamente incompatible la coexistencia espacio-temporal de consejos comunales, mesas técnicas de agua, cooperativas, consejos de trabajadores, sindicatos, comunas, con organizaciones paramilitares, cuya vocación es precisamente la anulación de toda organización. Anulación que tiene como finalidad última el control del territorio y la vida misma de sus habitantes, a través de un biopoder que vigila, estructura y sistematiza la cotidianidad de cada habitante del territorio ocupado. Ello se ve reflejado en el relevo por parte del paramilitarismo de lo que deberían ser las competencias propias, no sólo del Estado, sino también de las comunidades organizadas bajo la premisa de una democracia participativa y protagónica. De esta manera, el control por parte de los paramilitares sobre la vida de los individuos, pasa por el manejo de actividades y necesidades del día a día como la seguridad, salud, servicios básicos, educación, etc. Es precisamente aquí donde el paramilitarismo da un salto vertiginoso, transfigurándose de organización militar a organización paraestatal. He aquí el origen del paraestado”. 

Concluyó que aquellos trabajos bibliográficos y de investigación fueron como radiografías de lo ocurrido en la Cota 905, pero lanzadas como una advertencia hace diez años. “No se escuchó. Las respuestas fueron las zonas de paz que entregaron barrios y pueblos enteros al paramilitarismo. Así que lo decimo de nuevo: si no se detienen estas manchas paramilitares, dentro de pocos años vamos a ser un espejo de Colombia, un país donde hay un Estado formal, un paraestado guerrillero y un paraestado paramilitar. Es el plan internacional para apoderarse de todos sus recursos”. 

(LaIguana.TV)