En menos de una década, gracias a una nefasta combinación entre medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y manejos dolosos, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) pasó de ser una de las principales compañías del ramo en todo el mundo, a emprender el lento camino hacia su recuperación. 

 

Aunque no puede dudarse del demoledor efecto de las sanciones, tampoco puede obviarse que la estatal fue objeto de un saqueo sistemático, del que participaron funcionarios corruptos de alto nivel desde el corazón mismo de la industria, aunque con ramificaciones hacia otras instancias del Estado, así como de particulares.

 

Tal fue el tema presentado por el experto en comunicación política Miguel Ángel Pérez Pirela en la edición número 355 de su programa Desde Donde Sea, transmitida este martes 3 de agosto de 2021 a través de las redes sociales de LaIguana.TV. 

 

 

El comunicador inició la disertación refiriéndose a una de las últimas acciones emprendidas por el Estado venezolano para reimpulsar su principal industria, cuyos detalles pueden consultarse en el artículo «Notición: Venezuela ahora es dueña 100% de Petrocedeño», publicado en LaIguana.TV. 

 

En ese orden, refirió que la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), asumió el 100% de participación de la empresa Petrocedeño, después de un proceso de negociación con las multinacionales Total Energies y Equinor, como reza en nota de prensa compartida por el ministro para el Petróleo, Tareck el Aissami. 

 

De acuerdo con el documento, explicó el analista, se inició un proceso de reactivación de la actividad petrolera en la Faja Petrolífera del Orinoco que incluye como estrategia fundamental la recuperación de todas las unidades del mejorador de Petrocedeño, en el marco de las acciones emprendidas por la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque.

 

Según indicó el funcionario, Petrocedeño es el complejo industrial de procesamiento de crudo extrapesado más importante del mundo, lo que sin duda redundará en beneficios para la golpeada industria. 

 

 

Seguidamente, el filósofo venezolano refirió que a propósito de la reciente salida de la petrolera Total Energies de Petrocedeño, La Tabla difundió una pesquisa en Twitter en la que se muestran los nexos de esta compañía con la estadounidense ConocoPhillips, implicada en la explotación de petróleo en la Libia post-Gadafi y en los intentos de apropiación de Citgo Petroleum, filial de Pdvsa en los Estados Unidos.

 

Con base en lo expuesto en el trabajo periodístico «Petroleras con negocios en Venezuela, el expolio a Citgo y la mano negra de Guaidó (+Petrocedeño)» desarrollado por el equipo de LaIguana.TV, procedió a detallar las demandas que ha interpuesto ConocoPhillips, socia cercana de Total Energies, contra Pdvsa. 

 

El medio puntualizó que ConocoPhillips «es la transnacional con la mayor indemnización por una expropiación en Venezuela» y explicó que en marzo de 2019, un tribunal internacional le ordenó a Venezuela cancelar 8.700 millones de dólares a la estadounidense «en compensación por la expropiación ilegal por parte del gobierno de las inversiones de ConocoPhillips en Venezuela en 2007», incluyendo los intereses.

 

Además, refirió Pérez Pirela, en abril de 2018, en una acción legal separada e independiente, un tribunal de arbitraje internacional constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) otorgó a ConocoPhillips aproximadamente 2.000 millones de dólares pertenecientes a Petróleos de Venezuela S.A. 

 

De otro lado, indicó que el grupo asociado con Guaidó se apropió irregularmente de Monómeros, compañía de fertilizantes filial de Petroquímicos de Venezuela (Pequiven) en Colombia, perteneciente a Pdvsa. 

 

De acuerdo con fuentes oficiales, el dinero de la empresa venezolana fue usado para financiar las operaciones de la oposición extremista. 

 

Lo más grave es que, a esta altura, ConocoPhillips logró arrancarle al Estado venezolano casi 11.000 millones de dólares en acciones legales emprendidas en tribunales internacionales.

 

Asimismo, Pérez Pirela destacó que, según La Tabla, la trasnacional estadounidense fue una de las empresas que se benefició del esquema de la llamada «Apertura Petrolera», tentativa de privatización de Pdvsa que se creó e implementó durante el gobierno del presidente Rafael Caldera (1994-1999). 

 

Concretamente, fue socio de la estatal venezolana en Petrozuata desde 1996, pero en 2007, cuando entró en vigor el nuevo modelo de empresas mixtas, la trasnacional con sede en Houston se negó a ajustarse a las nuevas reglas. 

 

La respuesta del Ejecutivo, encabezado por el para entonces presidente Hugo Chávez, fue ocupar sus activos en el país, a lo que ConocoPhillips replicó con una demanda a Venezuela, que acabó ganando.

 

 

En continuación con el relato de la trama que vincula a ConocoPhillips con Juan Guaidó y Citgo Petroleum, relató que las ansias de la trasnacional estadounidense en hacerse con el capital de PDVSA no se detuvieron con la milmillonaria compensación que recibió en razón de la expropiación de la que fue objeto en 2007, sino que sus largos brazos se extendieron hasta alcanzar Citgo Petroleum, principal activo en el extranjero. 

 

Más concretamente, Pérez Pirela indicó que en el presente, de acuerdo con lo reseñado por la agencia Argus, «es el segundo acreedor detrás de Crystallex» de Citgo Petroleum y procedió a mencionar detalles de este trabajo periodístico.

 

Así, en esta operación habría jugado un papel fundamental José Ignacio Hernández, pseudo-procurador designado por Juan Guaidó en 2019 y que para ese momento representaba a la trasnacional estadounidense. 

 

Refirió, asimismo, que en la investigación de Argus que data del 19 de junio de 2020, se precisa que una vez consumado el embargo, «buscará igualdad de derechos sobre las acciones de Citgo» y se destaca que «el equipo de Guaidó» favoreció a ConocoPhillips por encima de Citgo en la disputa legal.

 

Para sustentar esta aseveración, precisó que esa fuente también indica que en unos audios cuya veracidad fue verificada, Hernández aludía a un «entendimiento» con ConocoPhillips para que pausara «un caso estancado contra PDV en Portugal para centrarse en un caso en curso en un tribunal de Delaware. 

 

Esta instancia jurídica dictaminó que las acciones de Citgo pueden venderse para satisfacer una deuda con excompañía minera canadiense Crystallex, ahora propiedad del Fondo de Cobertura de Nueva York Tenor Capital Management.

 

De otra parte, La Tabla apunta que «el consejero senior para este arbitraje es Alberto Federico Ravell Nolck, hijo del editor de La Patilla y ‘ministro’ de Información de la ‘banda Guaidó’, Alberto Federico Ravell Arreaza».

 

 

Pérez Pirela considera que la estatal petrolera venezolana es vapuleada desde el extranjero, en cooperación con el grupo que acompaña a Guaidó y a este respecto, recuperó fragmentos de lo desarrollado en el trabajo periodístico «Junta usurpadora de PDVSA designada por Guaidó ahora asegura que Citgo ‘no se perderá'», publicado en el sitio web de LaIguana.TV. 

 

En este texto se informa que Horacio Medina, presidente de la junta directiva paralela de Citgo, que fue nombrada de manera ilegal por el exdiputado Juan Guaidó, afirmó el 23 de julio que la citada filial con sede en Estados Unidos «no se perderá» porque, a su juicio, «defenderán» sus activos en el extranjero, , comentó el comunicador.

 

Empero, la evidencia sobre los manejos cuando menos deficientes de estos agentes sobre Citgo, son más que evidentes, porque en 2019 registró pérdidas por 24 millones de dólares, situación que el entonces «presidente paralelo», Carlos Jordá, culpó de esta situación a la tormenta invernal Uri, que habría complicado la totalidad de las operaciones en la refinería de Corpus Christi.

 

Asimismo, la agencia Reuters reportó que en 2020 Citgo presentó una pérdida de 667 millones de dólares, mientras que los primeros meses de este año acumula saldos negativos en el orden de los 180 millones.

 

 

Empero, Miguel Ángel Pérez Pirela considera que es inapropiado suponer que la corrupción en PDVSA comenzó con los expolios del pseudo gobierno de Guaidó, porque en honor a la verdad, es muy anterior. 

 

Por ello, mencionó que investigaciones adelantadas por el Ministerio Público de Venezuela desde 2017, apuntan a que la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. fue una de las piedras angulares de una tentativa de largo aliento entre sectores de la burguesía, dirigentes de la oposición y un funcionariado corrupto para hacerse del control del aparato gubernamental.

 

Las autoridades venezolanas han estimado que solamente entre 2010 y 2016, lo actos de corrupción cometidos en la Faja Petrolífera del Orinoco le ocasionaron daños a la nación por el orden de los 200 millones de dólares. 

 

A estos fines, indicó que en un trabajo periodístico realizado por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla se destaca que si bien se trató de una estrategia multipolar, prácticamente desde el inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013), Pdvsa estuvo en la mira de los expoliadores.

 

Así, «surgió como opción la compra o contratación de los funcionarios claves y operativos de los procesos fundamentales para que las decisiones a su cargo favorezcan los intereses de quienes pagan y corrompen».

 

La extensa trama de corrupción, que se prolongó por cerca de una década, implicó la participación de diversas instancias del Estado además de la propia petrolera, entre los que se cuentan los entes encargados de adjudicar divisas y contrataciones, así como el propio Ministerio Público, particularmente durante la prolongada gestión de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, sintetizó el filósofo venezolano.

 

Esta fue la condición necesaria para que, siguiendo al portal especializado, se comenzara «a adoptar una dinámica que pudiera calificarse de industrial por su carácter profesional, masivo y sistemático».

 

Más precisamente, explicó, «se crearon y desarrollaron estructuras organizativas como despachos legales y contables que se dedicaban a gestionar y procurar las adjudicación de divisas.

 

Por si ello no bastara, en paralelo se levantaron estructuras semejantes a las empleadas por la mafia o el crimen organizado, cuyo propósito era «articular los aspectos menos ‘industrializables’ del negocio».

 

Pérez Pirela también detalló que este tinglado se sostenía sobre la base de una combinación entre el manejo de relaciones familiares, personales y políticas, prácticas extorsivas, aspiraciones personales y la explotación de intereses particulares relacionados con actividades artísticas, culturales o recreativas.

 

Estas fueron las condiciones a partir de las cuales se tejió una red de «compromisos y complicidades» que permitieron consolidar una gran estructura delincuencial, cuyo centro operativo eran los contratos de las empresas mixtas que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.

 

 

En el orden de presentar el que acaso es el escándalo de corrupción más importante de la historia venezolana, el también director de LaIguana.TV desarrolló ampliamente la estafa que cometiera el exministro Rafael Ramírez, cuya extradición a Venezuela fue aprobada por Italia, en el llamado caso del «barco fantasma», con base en otro trabajo de investigación publicado por La Tabla el 17 de diciembre de 2017. 

 

Se trata de la compra del «barco taladro Songa Saturn», que debía encargarse de la perforación gasífera en la costa oriental caribe y en su día fuera presentado por el exministro como «de última generación», en unas declaraciones que se recogieron en una nota de prensa institucional fechada el 24 de septiembre de 2010.

 

Sin embargo, precisó el analista, el buque en realidad fue construido en 1983 y refaccionado en 2006 y 2009, por lo que la afirmación de que se trataba de un equipo de ‘última generación’ era absolutamente insostenible.

 

Como consta en la pesquisa de La Tabla, la operación fraudulenta de Ramírez no se limitó a la adquisición de un equipo obsoleto a precio de uno nuevo, sino que aseguró que la alianza entre PetroSaudi y PDVSA en ese proyecto del barco taladro, formaba parte de la estrategia para la conformación de una empresa mixta entre Arabia Saudí y Venezuela.

 

A juicio del experto, en ningún caso esto podría haberse concretado, puesto que la petrolera saudí es propiedad de un particular asentado en Londres y no del Estado saudita, pero aún al corriente de esta situación, Ramírez afirmó entonces que sería «la primera vez en la historia que se constituye una empresa de estas características entre Venezuela y otra nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)».

 

 

Estas operaciones fraudulentas, como ha sucedido en otros casos, llevaron al país ante tribunales internacionales, cuyas decisiones no fueron favorables a los intereses de la nación. 

 

Es el caso de la disputa entre PetroSaudi y Pdvsa, pues a pesar de las promesas de Ramírez, el mes de agosto de 2015, la estatal petrolera venezolana inició un arbitraje comercial en la ciudad de París, con el propósito de «resarcir los daños sufridos por el deficiente desempeño de la unidad de perforación contratada para los yacimientos gasíferos del estado Sucre», refirió el comunicador venezolano.

 

Mencionó, asimismo, que investigaciones posteriores han determinado que Venezuela pagó una cantidad muy superior al precio de mercado por un barco que estaba prácticamente inutilizado, a lo que se suma que canceló importes milmillonarios en muelles extranjeros donde el barco permaneció atracado.

 

Por otro lado, subrayó que en claro daño a los intereses nacionales, en el contrato suscrito en 2009 entre Pdvsa y PetroSaudi se establecía que en caso de litigio, habría de ser la estatal venezolana la que debía cancelar lo que restara y solo después tendría acceso al arbitraje.

 

Así, aunque el fallo de la Alta Corte de Inglaterra de octubre de 2016 favoreció a nuestro país, pues en él se declaraba que las acciones emprendidas por PetroSaudi para ejecutar garantías y obtener pagos a partir de la prohibición del acceso a dinero en disputa, eran «fraudulentas» y «nulas», las tornas cambiaron rápidamente, pues PetroSaudi introdujo una demanda en la Corte de Apelaciones de Londres y en enero de 2017, la empresa logró que se obligara a PDVSA a cancelarle  los 129 millones de dólares demandados en septiembre de 2016.

 

Según el dictamen, Pdvsa debía proporcionar una carta de crédito ‘Standby’ (SBLC) para asegurar el pago y el SBLC estaba con un banco portugués y se rige por la ley inglesa y PetroSaudi ejerció sus derechos bajo SBLC y exigió los 129,8 millones de dólares, usando una carta de crédito del Novo Banco y el Estado venezolano perdió esa misma cantidad.

 

Para concluir la lamentable historia de expolio y dar paso a los comentarios de la audiencia, Pérez Pirela recordó que en 2020, el gobierno de Malasia adelantó acciones para que PetroSaudi International accediera a más de 340 millones de dólares de su subsidiaria venezolana que reposan en un banco del Reino Unido, bajo el alegato que «provienen de actividades ilegales».

 

En esta trama de corrupción están involucrados el exprimer ministro malayo Najib Razak, Rafael Ramírez, estrellas del jet-set hollywoodense como Kim Kardashian y Leonardo Di Caprio, e inclusive el expresidente estadounidense Barack Obama.