Expertos en el mercado financiero prevén que Citgo Petroleum, principal activo de Venezuela en el extranjero, está próxima a pasar a manos de sus acreedores en el extranjero, tras dos años y medio bajo el control de personal cercano al exdiputado Juan Guaidó.  

Según un reporte elaborado por Bloomberg, aunque el poder Guaidó «ha disminuido», aún maneja «Citgo Petroleum Corporation, la refinería y distribuidora de gas estadounidense con el potencial de generar cientos de millones de dólares para ayudar a derrocar al presidente Nicolás Maduro». 

No obstante, esta fuente sostiene que la empresa refinadora adeuda 7.000 millones de dólares a distintos acreedores, que hoy avanzan acciones legales para obtener sus impagos en las que «parecen estar teniendo éxito». 

Para la agencia estadounidense, la apropiación de Citgo no se ha concretado, gracias a una orden ejecutiva «que mantiene a la empresa en manos de Guaidó», al menos hasta octubre de 2021. Empero, destacan que «los acreedores se están preparando para cobrar, y el mercado parece creer que la empresa terminará en manos no venezolanas por primera vez desde la década de 1980». 

En ese orden, en el trabajo periodístico se destaca que los bonos de deuda que se emitieron poniendo como garantía a Citgo, duplican en el mercado a otros papeles venezolanos impagos y a las operaciones de deuda de Pdvsa, ello a pesar de que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington sobre la estatal petrolera venezolana impiden a compradores estadounidenses transarlos. 

Bloomberg admite que en 2019 la administración Trump decidió apostar por Guaidó para derrocar a Maduro y vio en Citgo –que es «propietaria de tres refinerías, seis oleoductos y 42 terminales en 21 estados» y cuenta con 3.400 empleados– una pieza «fundamental de la industria petrolera venezolana», indispensable para conseguir un cambio de gobierno en Venezuela, razón por la cual «se la entregó a la oposición».  

Entre los designados por el exparlamentario como pseudodirectivos de la petrolera, esta fuente destaca a Carlos Jordá, a quien se habilitó como «director ejecutivo» y «presidente».

Según este relato, la caída de la producción petrolera en Venezuela, obligó a la pseudoadministración reconocida por Washington a «reemplazar» los crudos pesados venezolanos con petróleo similar procedente de México y Colombia, al tiempo que se indica que «la cantidad de crudo venezolano (empleado por Citgo) cayó del 29% en 2015 a cero en 2020».  

Empero, en el reporte de Bloomberg se omiten los efectos de las sucesivas rondas de sanciones impuestas sobre Pdvsa bajo el gobierno de Donald Trump y tampoco se menciona que Guaidó y el grupo que le secunda las solicitaron y promovieron, aún a sabiendas del grave daño económico que eso representaba para su país, que perdió el 99% de sus ingresos en cinco años por esta causa.   

Datos oficiales evidencian que en 2020, la refinadora acumuló pérdidas en el orden de los 667 millones de dólares y también una creciente cantidad de demandas por parte de sus acreedores, tanto corporativos como individuales. 

Las demandas, explica la agencia especializada en mercados financieros, van tanto contra Citgo como contra Pdvsa o cualquier entidad perteneciente al Estado venezolano vinculada al negocio petrolero en los Estados Unidos, incluyendo PDV Holding, Inc, empresa matriz de Citgo.  

De acuerdo con su pesquisa, las dos causas principales se refieren a contratos relacionados con Pdvsa: de un lado, la estadounidense ConocoPhillips intenta cobrar una deuda de 1.300 millones de dólares supuestamente adeudados por la expropiación de sus activos en Venezuela; del otro, inversores «que poseen 2.000 millones de dólares en bonos» de Pdvsa cuya garantía era el 50,1% de las acciones de Citgo.  

Además están los 1.000 millones de dólares que la exminera canadiense Crystallex consiguió como compensación por la expropiación de una mina de oro durante el gobierno de Chávez.  

Todos estos casos se resolvieron en tribunales internacionales, históricamente afines a los intereses estadounidenses.  

A este respecto, Bloomberg precisa que un antecedente decisivo para que se desatara la ola de demandas contra Citgo en los juzgados estadounidenses es que «Crystallex, que atravesaba una reorganización por quiebra, ganó un fallo en Delaware en el que que demuestra que Pdvsa y Venezuela son la misma entidad», por lo que pueden solicitarse pagos a cargo de los activos de Venezuela en los Estados Unidos.  

Una pesquisa publicada por la agencia Argus reseña que ConocoPhillips, que recibió una millonaria compensación por una expropiación que data de 2007, «es el segundo acreedor detrás de Crystallex» de Citgo Petroleum. 

Además, Argus destaca que en esta operación de despojo del patrimonio de Venezuela en juzgados internacionales para cobrar presuntas deudas, habría jugado un papel clave José Ignacio Hernández, pseudoprocurador designado por Juan Guaidó en 2019. 

Esta agencia asegura, con base en unos audios cuya veracidad comprobó, que para entonces Hernández representaba a la trasnacional estadounidense, al tiempo que subraya que «el equipo de Guaidó» favoreció a ConocoPhillips en lugar de a Citgo.  

De su lado, Bloomberg puntualiza que «BancTrust & Co estima el valor de Citgo en  7.800 millones de dólares y de las reclamaciones en su contra en  7.000  millones».  

De este modo, será «un juez de Delaware decidirá cómo se venderán las acciones y cómo se dividirán las ganancias», sentencia que, según estiman, debe producirse durante «las próximas semanas», si bien «es probable que se requiera una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro». 

Por su parte, aunque «se acerca la fecha límite para las objeciones a la subasta», los agentes de Guaidó que controlan Citgo carecerían de un plan para hacer frente a la tormenta a incluso habría «poco acuerdo» entre ellos acerca de lo que ha de hacerse.  

Así, Horacio Medina, «persona clave» de Pdvsa en Estados Unidos, en decir de Bloomberg, admitió ante esa instancia que el escenario planteaba una «amenaza real» contra Citgo y que su equipo necesitaba «presentar urgentemente un plan a los tribunales», mientras que otro grupo no identificado habría sugerido venderla «e intentar llegar a un acuerdo con los acreedores».  

Un portavoz no identificado dijo a la agencia que una tercera posición, aparentemente defendida por Julio Borges, pseudorepresentante en el extranjero de Juan Guaidó, sería «transferir Citgo a un fideicomiso independiente».  

Empero, Bloomberg indicó que no pudo corroborar la veracidad de estas versiones porque «Guaidó no respondió a numerosos mensajes en busca de comentarios» para el artículo. 

En todo caso, será en octubre cuando la administración Biden decida «si vale la pena seguir manteniendo a Citgo en manos de la oposición», se advierte en el reportaje. 

Asimismo, esta fuente sostiene que no hay «señales de que Maduro esté perdiendo poder», por lo que «parece probable que prevalezca la presión de los acreedores para vender».  

(LaIguana.TV)