Con el cierre de la ruta de los Balcanes y el acuerdo suscrito por la Unión Europea con Turquía, en 2016, el Mediterráneo central devino vía principal para los flujos migratorios, con los puertos del sur de Italia como destino para los rescatados durante la peligrosa travesía, desde Libia y Túnez, fundamentalmente.

Varias fuentes estiman en alrededor de 20 mil hombres, mujeres y niños muertos desde 2014 al tratar de llegar a Europa a través del Mare Nostrum, llamado así por los romanos, convertido en estos tiempos en “el cementerio más grande de Europa”, como lo definió el papa Francisco.

Además, están los migrantes de países de África subsahariana fallecidos o desaparecidos en azarosas travesías hasta Libia, donde los sobrevivientes son sometidos a maltratos y vejaciones antes de emprender la etapa final del viaje en frágiles embarcaciones.

 

Esa nación norafricana sigue siendo el principal lugar de tránsito hacia Italia controlado por redes de tráfico de personas que operan al amparo del caos y la ingobernabilidad prevalecientes en ese país desde 2011, tras el derrocamiento y posterior asesinato de Muammar el Gaddafi.

La casi totalidad de las personas embarcadas en el litoral libio arriba a puertos de Sicilia rescatados por unidades de la Marina Militar, la Guardia Costera, la Guardia de Finanzas y organizaciones no gubernamentales (ONG), principalmente.

En Lampedusa, pequeño territorio insular ubicado a unos 355 kilómetros de Libia y 346 de Túnez, radica uno de los puntos de identificación y control, conocidos como “hot spots”, desde donde los solicitantes de protección internacional son enviados a estructuras de acogida temporal y el resto, a las de repatriación.

El infierno libio

Investigaciones realizadas por organismos internacionales y entidades independientes comprobaron en estos años las atrocidades cometidas por bandas armadas y del crimen organizado contra los migrantes, explotados como esclavos hasta reunir el dinero para pagar el último tramo de la travesía.

Ese proceso puede durar meses o años, según las denuncias dirigidas también contra el hacinamiento y los maltratos en centros de detención gestionados por las autoridades y otros gestionados por los traficantes de personas.

Así lo constató Médicos por los Derechos Humanos (MEDU), ONG italiana que brinda ayuda sanitaria internacional a poblaciones vulnerables en situaciones de crisis.

“La Fábrica de la Tortura”, un informe sobre las graves violaciones de los derechos humanos de los migrantes y refugiados en Liba (2014-2020), es el título del estudio elaborado con testimonios de más de tres mil migrantes, quienes pasaron por Libia.

El 85 por ciento de los entrevistados dijo que sufrió torturas o tratamientos inhumanos y degradantes, el 79 por ciento fue detenido o secuestrado en lugares con hacinamiento y pésimas condiciones higiénico-sanitarias, mientras el 75 por ciento fue sometido a constantes privaciones de comida, agua y cuidados médicos.

A la identificación precoz de los migrantes, víctimas de torturas llegados al “hot spot” del puerto de Pozzallo y a la promoción del acceso a servicios médicos, sicológicos y sociales, dedica MEDU uno de sus proyectos al cual se refirió la coordinadora de la ONG en Sicilia, IlariaOnida, en diálogo con Prensa Latina.

Uno de los objetivos principales del proyecto es lograr una buena rehabilitación de los migrantes, para lo cual es importante el diagnóstico al arribo con vistas a alertar a los centros de acogida a donde serán enviados y darles seguimiento.

Las embarcaciones se mueven con una frecuencia constante desde las aguas tunecinas y libias, indicó Onida, quien consideró que los intentos de frenarlas no eliminan el problema de las graves violaciones de los derechos humanos perceptibles en los migrantes.

Al respecto, mencionó casos de madres con hijos derivados de la violación sufrida en cárceles ilegales, hombres con señales visibles de agresión física en el cuerpo y personas, en general, con severos traumas sicológicos por recuerdos de momentos de violencia inhumana vividos durante el encierro.

 

Por su parte, la coordinadora de programas nacionales de MEDU, Mariarita Peca, recordó el reclamo de esa organización al gobierno italiano de vincular los acuerdos suscritos con Libia a la evaluación y verificación del respeto a los derechos fundamentales en ese país donde las violaciones “son tan graves como sistemáticas”.

 

Claro que eso es muy difícil, porque hay centros de detención formales, pero también informales en manos de grupos armados y traficantes de seres humanos, puntualizó Peca a Prensa Latina.

La reacción de Italia

Desde 2014 Italia registró un incremento sin precedentes en el número de arribos con 170 mil 100 en 2014, 153 mil 842 en 2015, 181 mil 436 en 2016, y 119 mil 369 en 2017, momento a partir del cual la curva inició una tendencia descendente con 23 mil 370 en 218, 11 mil 471 en 2019 y 34 mil 154 en 2020.

Al margen de las diferencias coyunturales derivadas de las fuerzas políticas integrantes de los seis gobiernos desde 2013 hasta 2021, el objetivo principal de Roma sigue siendo la contención del flujo migratorio a través de iniciativas propias y otras desarrolladas en el marco de la Unión Europea.

Por una parte, abrazó la idea de desestimular la migración mediante programas de asistencia e inversiones en las naciones de África subsahariana que alimentan los flujos hacia Italia y Europa en general.

Por otra, promovió acuerdos bilaterales y acciones de colaboración con países de tránsito y partida de migrantes, como Libia y Túnez, dirigidos a fortalecer la capacidad de control y vigilancia de sus fronteras.

 

Al mismo tiempo, en determinado momento chocó con las ONG participantes en labores de socorro, acusadas por algunos de representar un estímulo a la inmigración e incluso de complicidad con los traficantes de personas, sin que hasta ahora existan pruebas al respecto.

El origen de la presencia de las ONG en el Mediterráneo Central se remonta a 2014, cuando cesó la operación Mare Nostrum creada el año anterior por el gobierno italiano con el propósito de salvar vidas, la cual fue sustituida por la Tritón, iniciativa europea con fines de seguridad y protección de fronteras, principalmente.

La alemana Sea-eye es una de las que continúa activa a pesar de las limitaciones impuestas por exigencias legales y técnico-administrativas relacionadas con la navegación y las regulaciones vigentes para la realización de operaciones de búsqueda y rescate.

En entrevista concedida a Prensa Latina, el portavoz de esa organización con sede en la ciudad germana de Regensburg, KaiEchelmeyer, subrayó que la participación de organizaciones como Sea-eye en tareas de socorro marítimo, se debe a que los Estados de la Unión Europea no asumen su responsabilidad en ese asunto.

 

Tras recordar que en los últimos años más de 20 mil personas perecieron ahogadas en el Mediterráneo por ese motivo, el también responsable de los voluntarios de la organización en tierra señaló que la labor de Sea-eye es fundamental como defensa de los derechos humanos.

Según datos publicados por el Ministerio del Interior, del 1 de enero al 1 de septiembre de este año desembarcaron en Italia 39 mil 422 personas comparado con 19 mil 390 en el mismo período de 2020 y cinco mil 256 en 2019.

 

La persistencia del flujo migratorio en los momentos de mayor auge de la Covid-19 evidenció que “hay factores de gran relevancia y dramatismo que inducen a muchas personas a huir de sus respectivos países con o sin pandemia”, como expresó el profesor Vincenzo Cesáreo en diálogo con Prensa Latina.

El secretario de la fundación Iniciativas y Estudios sobre la Multietnicidad (ISMU) alertó, asimismo, sobre el probable aumento de la migración debido al impacto de los recientes acontecimientos en Afganistán “en grupos extremistas islámicos que operan en África” alentados por el triunfo de los talibanes.

Por su parte, Matteo Villa, investigador principal del Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales (Ispi), destacó la tendencia actual de los migrantes a realizar trayectos más cortos en lo que definió como “regionalización de las rutas”, con una mayor presencia de viajeros procedentes de Túnez.

En un artículo publicado en julio de este año, Villa señaló que los embarques de Libia incluyen con más frecuencia personas que estaban desde hace mucho tiempo en ese país, donde aumenta el número de migrantes retenidos, a pesar de la formación de un nuevo gobierno de unidad nacional.

 

El repunte en el número de arribos preocupa al actual gobierno italiano ante la ausencia de acuerdos concretos y duraderos con sus socios de la UE, sobre la gestión compartida del fenómeno, cuestión contemplada en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2020.

La iniciativa pendiente de aprobación por parte del Consejo Europeo pretende dotar al organismo regional de integración de un sistema que resuelva, entre otras cosas, los reclamos de Italia y otros países de primer ingreso sobre el Reglamento de Dublín, mediante el establecimiento de un mecanismo de solidaridad obligatoria.

El proyecto prevé, además, acuerdos con los países de origen y tránsito, así como el reforzamiento de las fronteras externas y del mecanismo para la repatriación de los migrantes a quienes le sea denegada la solicitud de asilo.