José Luis Parada, quien ejerciera como director de Producción y Explotación de Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa) durante la gestión de Rafael Ramírez Carreño (2004-2014), habría ocultado 7,1 millones de dólares en la banca suiza provenientes de actos de corrupción.

Según refiere El País, citando documentos a los que habría tenido acceso exclusivo, el movimiento bancario se produjo en 2014, cuando Parada trasladó el dinero desde la Banca Privada d’ Andorra a la Banca Credinvest asentada en el país helvético.

Siempre siguiendo a esta fuente, el exfuncionario se habría valido del secreto bancario vigente en el principado pirenaico hasta 2017, para depositar entre 2010 y 2011 unos seis millones de dólares pertenecientes a Nervis Villalobos, un exviceministro de Energía ligado a las tramas de corrupción de Ramírez y otros dos millones de Diego Salazar, primo hermano del también exministro de Petróleo de Venezuela.

De acuerdo con lo expuesto por el diario español, se trata de una nueva arista en el llamado caso de la BPA, que dejó al descubierto el esquema delictivo con el que durante años funcionarios y exfuncionarios desfalcaron la estatal Pdvsa, que se sustentaba a partir del cobro de coimas.

En 2017, la Fiscalía General de Venezuela dictó orden de aprehensión y capturó a Salazar, a quien se le imputan diversos delitos relacionados con el desfalco a la Nación, que según estimaciones del Estado venezolano, ascendería a 4.200 millones de dólares.

Asimismo, el Ministerio Público interpuso un recurso de extradición ante Italia, país donde reside Ramírez, con la expectativa de procesarlo por su responsabilidad en estos graves hechos, pero el pasado 20 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Roma negó la solicitud de Venezuela, alegando que imperaba la necesidad de brindar «protección internacional por la violación de los derechos humanos en Venezuela», ello a pesar de los graves cargos que se le imputan: peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.

Villalobos, por su parte, está detenido en España desde 2017 a petición del gobierno estadounidense por su presunta participación en el esquema de corrupción que condujo al desfalco de Pdvsa. Paralelamente, un tribunal madrileño lo investiga por el cobro de comisiones en favor de la compañía asturiana Duro Felguera y otra causa relacionada con el blanqueo de capitales.

En Venezuela, el exviceministro es solicitado en calidad de «máximo integrante» de un tinglado que movilizó en Andorra unos 2.000 millones de euros en comisiones de Pdvsa. Las autoridades estiman que solo por cuenta de Nervis Villalobos, el Estado perdió al menos 1,8 millones de euros.

El País apunta que «la actividad de esta trama de conseguidores compuesta por más de una treintena de personas provocó en la energética estatal un agujero de 2.000 millones, según la investigación andorrana». Tanto Villalobos como Salazar han sido imputados por la justicia de Andorra.

Paraísos fiscales y lavado de activos: el mismo modus operandi

Este medio sostiene que los indicios apuntan a que Parada se valió de la opacidad de ciertos paraísos fiscales para adquirir «entre 2008 y 2014 valores de distintas empresas por un total de 16 millones de dólares». Además, dos tarjetas corporativas a nombre de Prometeo Internacional SA se habrían usado para gastar 128.700 euros en alojamientos y restaurantes exclusivos de ciudades como Los Ángeles, Miami, Düsseldorf, París, San Diego, Barcelona o Bogotá.

El diario soporta su trabajo periodístico en planillas conocidas como ‘know your customer’ –conozca a su cliente–, que eran proporcionadas por la BPA a sus clientes para que aclararan el origen de sus fondos.

En el caso del exdirector de Producción y Explotación de Pdvsa, alegó que sus ingresos procedían de asesorías a Nervis Villalobos, una táctica que ampliamente utilizada por el grupo para lavar el dinero expoliado a Venezuela, como demostró posteriormente la investigación de la justicia andorrana.

En este caso, Villalobos y Salazar habrían hecho llegar los recursos a Parada por medio de transferencias internas dentro de la BPA utilizando para ello cuentas asociadas a distintas compañías de maletín.

Según El País, Parada habría enviado más de 7,1 millones a Suiza. Otros hallazgos apuntan a que el 28 de marzo de 2011 transfirió «un millón desde la BPA a una cuenta de la Union Bancaire Privée de Suiza a nombre de un misterioso beneficiario, ‘redsocks'», cuya identidad aún no ha podido ser establecida.

Aparentemente, en 2014 Parada habría apostado a la banca suiza, conocida por su opacidad, para evitar que el brazo de la justicia de Andorra lo alcanzara, pues desde 2012 estaba en curso una investigación sobre altos funcionarios y exfuncionarios de Pdvsa por lavado de activos.

Así, el medio español sostiene que en un documento llenado por un empleado de la BPA, Parada alegó que no existía «seguridad jurídica en el país –Andorra– que proteja su patrimonio» y denunció «como una persecución intencionada por parte de las autoridades locales a las personas de su nacionalidad». En el mismo reporte también se indica que fue recomendado como cliente por Luis Alejandro Rivero, gestor de Inveramerica Asesoría Financiera LTD, una compañía asentada en Miami.

En todo caso, el informe publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) en octubre de 2020 relaciona el dinero que Parada depositó en la BPA con el desfalco a Pdvsa.

«La condición de alto directivo de la petrolera presume la participación [de Parada] en un entramado delictivo. La contraprestación económica recibida en su cuenta del Principado presentaría indicios suficientes para sospechar que tendrían su origen en la corrupción» y procederían de Salazar y Villalobos, reza parte del informe.

Esta pesquisa de la Uifand se fundamenta en el correo electrónico con «instrucciones» que habría enviado una empleada de Ingeniería y Proyectos Energéticos (Ingespre), firma relacionada con Villalobos, «al gestor de la cuenta de Parada en la BPA, Pablo Laplana», asegura El País.

Parada fue uno de los primeros exfuncionarios de Pdvsa en ser imputado por el Ministerio Público. En 2015, bajo la gestión de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, también solicitada por la justicia venezolana, se le procesó por malversación de fondos y asociación para delinquir. Inexplicablemente, le fue otorgada una medida cautelar de casa por cárcel mientras se celebraba el juicio, lo que facilitó su huida del país en 2017. Según la Uifand, reside en Canadá.

De acuerdo a la versión de El País, en este caso también estaría implicado Javier Alvarado, quien fungiera como director de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) entre 2007 y 2010.

Aunque se le seguía un proceso en España, Alvarado fue detenido en Madrid en 2019 a instancias de un juez de Texas (Estados Unidos), por supuestos delitos de conspiración para lavado de activos y lavado de activos en el orden de los 50 millones de dólares que habrían sido obtenidos del desfalco a empresas estatales venezolanas.

(LaIguana.TV)