Por diversas vías, Estados Unidos intenta mantener bajo su dominio a América Latina, región a la que históricamente ha considerado su «patio trasero». Los movimientos incluyen acciones injerencistas, silencios y presiones, según sea la alineación que mantengan los gobiernos con Washington. 

 

Así, en fecha reciente, Antony Blinken, secretario de Estado de la administración Biden, visitó Bogotá y Quito para estrechar lazos con sus aliados incondicionales, Iván Duque y Guillermo Lasso. 

 

Blinken no reparó en que el gobernante de Brasil, Jair Bolsonaro, está acusado por el Congreso de crímenes de lesa humanidad debido a su deficiente manejo de la pandemia ni tampoco le merecieron comentarios las vinculaciones de Lasso y el mandatario chileno, Sebastián Piñera, con el escándalo de los ‘Pandora Papers’. 

 

El alto funcionario tampoco prestó atención a la represión sistemática que padece el pueblo chileno, ni siquiera por la «preocupación» que manifestó la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con las dificultades que tienen las víctimas del estallido social de 2019 para acceder a la justicia. 

 

Sin embargo, otra ala de la burocracia estadounidense, la comercial, sí se ha enfocado en torpedear desde la distancia la reforma energética que intenta avanzar el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que pretende pararle los pies a las trasnacionales. 

 

Sobre estos temas conversó el filósofo político y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela en la edición 379 de su programa Desde Donde Sea, transmitida la noche de este miércoles 27 de octubre a través de las plataformas digitales de LaIguana.TV. 

 

 

Para comenzar la edición, el experto refirió que tras pasar por Quito, primera parada de una gira para supuestamente «fortalecer relaciones con las democracias de Suramérica», el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken recaló en Bogotá el pasado 19 de octubre donde fue recibido por la cancillera y vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y luego por el presidente Iván Duque. 

 

En este punto, Pérez Pirela destacó que tanto Ecuador como Colombia «están prácticamente militarizados», sus pueblos están volcados a las calles y los más pobres siguen muriendo a manos de la fuerza pública. 

 

Indicó, asimismo, que oficialmente se anunció que el funcionario estadounidense codirigiría la Conferencia Regional de Migración, se reuniría con Duque en la capital colombiana y participaría en un diálogo de alto nivel entre los dos países.

 

Además comentó que la visita se produjo menos de 72 horas después de la extradición ilegal de Alex Saab –según versión del gobierno, diplomático en funciones al momento de su arresto– desde Cabo Verde hacia Florida y luego de que se anunciara la suspensión del diálogo entre el Gobierno Bolivariano y sectores de la oposición extremista en México. 

 

En ese marco, Caracas denunció la visita como parte de una estrategia de agresión continuada contra Venezuela. 

 

Más concretamente, apuntó, la Cancillería venezolana subrayó lo poco creíble del aparente compromiso de Washington con la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y las instituciones democráticas, dadas las múltiples deudas que tiene el Estado colombiano en tan sensibles materias.

 

También refirió que el presidente Nicolás Maduro, por su parte, sostuvo que la reunión entre Blinken y Duque había sido «muy tensa», particularmente en lo relativo a la producción de cocaína –que nuevamente rompió todos los récords– y a las masivas violaciones a los derechos humanos.

 

A su parecer, Maduro estaría «preocupado» por el encuentro entre Blinken y Duque pues «vislumbra» nuevos intentos desestabilizadores contra Venezuela. 

 

Regresando a los comentarios del presidente venezolano, refirió que en la misma intervención, Maduro señaló a Washington de atacar a los gobiernos soberanos y de guardar silencio cómplice hacia los que consideraba sus aliados. Además, indicó que con esa conducta terminaba «bendiciendo» tanto al narcotráfico como a la clase política colombiana, a la que tildó de «narco-oligarquía».

 

 

Seguidamente, Pérez Pirela analizó la compleja situación política en Brasil, en la que un acorralado Bolsonaro intenta impedir el triunfo del expresidente Luis Inácio «Lula» da Silva en los comicios del año próximo, valiéndose de mecanismos antidemocráticos, como ya lo hicieron factores reaccionarios contra el propio Lula y contra la presidenta Dilma Rousseff. 

 

El pasado 20 de octubre, una comisión del Parlamento de Brasil anunció que el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, podría ser imputado hasta por once delitos relacionados con el deficiente manejo de la pandemia de coronavirus. 

 

En ese orden, destacó que luego de una investigación que duró seis meses, la comisión dictaminó que existen argumentos de peso para acusar a Bolsonaro por delito por epidemia con resultado de muerte, infracción a medidas sanitarias preventivas, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos, charlatanismo, prevaricación, genocidio de indígenas, crimen de responsabilidad, crimen contra la humanidad y homicidio por omisión. 

 

Las acusaciones, que se harán conforme lo establecido en el Código Penal y la Constitución de Brasil, así como del Estatuto de Roma, implicarán también a funcionarios y exfuncionarios, apuntó el analista. 

 

En alusión a los últimos acontecimientos, que este martes 26 de octubre, con siete votos a favor y cuatro en contra, la comisión parlamentaria a cargo de la investigación dictaminó que habían elementos de juicio para imputar al presidente brasileño por nueve delitos distintos, con base en unas 80 acusaciones. Tres de sus hijos también estarían implicados en este caso. 

 

No obstante, Pérez Pirela matizó que aunque la comisión carece de autoridad para imputar Bolsonaro, trascendió que el informe, que cuenta con decenas de testimonios, será entregado ante instancias internacionales que sí tienen las competencias para enjuiciarlo por estos crímenes contra la humanidad.  

 

A su parecer, el presidente brasileño está muy lejos de deponer su actitud. En data reciente relacionó falsamente la inoculación con vacunas contra el coronavirus con el padecimiento del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

 

Ante esto, la comisión del Senado que lo investigaba, solicitó la suspensión de las cuentas del gobernante en las redes sociales debido a que las utiliza para propagar bulos sobre la COVID-19. 

 

Sobre este tema, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, condenó el anticientificismo de su par y le tildó de «extremista» y «neonazi». Maduro también acusó a «los medios de comunicación mundiales» de ocultar estas informaciones, en su afán de proteger a dirigentes derechistas.

 

A este respecto, el comunicador sostuvo que Maduro tenía razón, porque otro habría sido el tratamiento mediático, si el comentario lo hubiera proferido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel o el ruso, Vladimir Putin, por citar solo dos ejemplos. 

 

 

En la misma tónica de cuestionamiento al papel de la burocracia estadounidense en la promoción de desestabilizaciones e injerencias orientadas a implosionar procesos democráticas en la región, se trasladó a Ecuador, donde el gobierno declaró un estado de excepción y fue respaldado por Blinken. 

 

Para entrar en materia, recordó que el coletazo de los ‘Pandora Papers’ pone en apuros al presidente Guillermo Lasso (Ecuador), quien a pesar de negarse a comparecer ante el Congreso, deberá enfrentar una investigación por defraudación tributaria.  

 

Según se lee en un trabajo periodístico de LaIguana.TV, en un comunicado, la Fiscalía General del Ecuador anunció que tras haber recibido una denuncia del excandidato presidencial Yaku Pérez, investigaría al gobernante por presuntamente haber cometido fraude fiscal por medio de empresas ‘offshore’ desde 2013 en un tinglado que aparentemente involucraba a familiares cercanos. 

 

Detalló, asimismo, que a mediados de octubre, Lasso admitió ante las cámaras de televisión que tenía parte de su dinero en cuentas en el extranjero, lo que motivó el anuncio de una investigación por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. La causa será presentada el venidero 6 de noviembre.  

 

De otra parte, aunque apenas tiene cinco meses ejerciendo el cargo, su gobierno ya acusa signos importantes de desgaste. «¿Recuerdan ustedes que esto lo habíamos predicho aquí en Desde Donde Sea, que en pocos meses le esperaba a Lasso una resistencia popular importante? Así ha venido sucediendo, apuntó el filósofo. 

 

A este respecto, indicó que maestros, trabajadores del campo y obreros, principalmente de la costa, rechazaron enérgicamente las medidas económicas dictadas por el gobernante.

 

Más concretamente, precisó, los ciudadanos acusan a Lasso de privilegiar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y de imponer un programa neoliberal, con las subsecuentes afectaciones en la inversión social, particularmente en la educación. 

 

A su juicio, el punto más álgido de la agenda económica del gobierno es el alza mensual de los precios del combustible, que según denuncian distintas organizaciones sociales, traerá consigo un incremento generalizado en los precios de todas las mercancías, sobre todo los de primera necesidad.  

 

Mientras estas situaciones estaban en la mira de la opinión pública, Lasso aprovechó una terrible revuelta carcelaria en la ciudad de Guayaquil que dejó 118 muertos y 79 heridos, para decretar un estado de excepción por 60 días cuyo propósito declarado es hacer frente a la violencia y al narcotráfico, comentó el también director de LaIguana.TV.

 

Sin embargo, opositores al mandatario derechista valoraron que esta medida podría ser usada como pretexto para impedir las manifestaciones convocadas para este 26 de octubre. 

 

«Siempre la excusa para la represión del pueblo y sus reivindicaciones», agregó. 

 

Para más, la cuestionable resolución fue saludada con beneplácito por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien aprovechó su estancia en el país andino en el marco de una vista oficial para alegar que se trataba de una medida «excepcional».

 

En un intento por frenar un llamado a paro nacional y tras enfrentar sucesivas protestas, el pasado 22 de octubre, Quito abandonó momentáneamente la tentativa de aumentar escalonadamente los precios de la gasolina y el diésel, al tiempo que anunció nuevas tarifas. Así, el galón de gasolina extra costará 2,55 dólares estadounidenses, mientras que el de diésel se venderá en 1,90 dólares. 

 

Pérez Pirela apuntó que aunque se trata de un país productor de petróleo, los precios del combustible son bastante caros y los comparó con el de Venezuela, que a precio no regulado se vende en 0,5 dólares por litro. 

 

De vuelta al análisis, aseguró que esta medida desesperada no surtió el efecto deseado y aún con estado de excepción, los convocantes ratificaron que marcharían para demandar un cambio en la política económica, a la que juzgan plenamente volcada a los designios del Fondo Monetario Internacional. 

 

Por su lado, Lasso anunció que la Policía estaría desplegada en todo el país para evitar el cierre de vías y actuar en contra de los manifestantes, a los que de entrada calificó como violentos. 

 

La advertencia gubernamental no fue palabra vacía, apuntó Pérez Pirela, pues la Unión Nacional de Educadores del Ecuador denunció este martes 26 de octubre a través de un video, que fuerzas del orden dispararon y gasearon a los participantes de la marcha antigubernamental. 

 

«Comenzó una vez más la represión contra los más pobres, contra los indígenas», enfatizó tras mencionar estas lamentables situaciones. 

 

 

Seguidamente, Miguel Ángel Pérez Pirela analizó en detalle los fundamentos de la reforma energética que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ha supuesto una confrontación a gran escala con las trasnacionales. 

 

A este respecto, explicó que el pasado mes de marzo, el Congreso mexicano aprobó una reforma energética con la que el gobierno de AMLO pretendía regresar el control del Estado el sector eléctrico, que fue entregado paulatinamente a privados y trasnacionales desde inicios de la década de 1990. 

 

Precisó, asimismo, que la política entreguista y neoliberal tuvo su cúspide con la aprobación de una reforma energética en 2013, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó amplias ventajas a trasnacionales como Iberdrola, una de las responsables del alza indiscriminada de los precios de la electricidad en España. 

 

De otra parte, refirió que detractores aseguran que la tentativa de AMLO no responde a las formas contemporáneas de funcionamiento de las empresas de este ramo y vaticinan que la electricidad producida en las plantas del Estado será más costosa.

 

Con base en lo reseñado por BBC Mundo, recordó que desde Washington advirtieron que la reforma contravenía lo acordado en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que prohíbe explícitamente «favorecer» a empresas públicas. 

 

«¿Realmente se puede suscribir un tratado internacional contra los bienes de producción nacional? No creo que eso sea muy constitucional que digamos», cuestionó. 

 

El analista comentó que el mandatario mexicano defendió la reforma, alegando que con ella no se pretendía impedir la participación de particulares en el negocio energético sino establecer mecanismos de regulación desde el Estado. A su juicio, el modelo vigente no beneficiaba ni a los ciudadanos ni al erario. 

 

Sin embargo, durante los meses siguientes, los empresarios del sector intentaron por todos los medios torpedear la reforma a través de recursos de amparo ante los tribunales y López Obrador replicó con una nueva propuesta, que si llega a buen término, supondrá un cambio a nivel constitucional, mucho más difícil de revertir o de torpedear, pero con la salvedad de que necesita ser aprobada por dos terceras partes del parlamento y la coalición gobernante no dispone de todos los votos requeridos.

 

Concretamente, en la reforma se contempla que el 54% de la electricidad sea producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el resto por compañías privadas. Además, otorga al Estado mexicano la propiedad del litio presente en el subsuelo, un aspecto que no se contempló en la iniciativa de marzo. Independientemente del destino de la reforma, AMLO aseveró que el litio será nacionalizado, detalló Pérez Pirela. 

 

Pese a los obstáculos, el presidente mexicano insiste en que es el momento de dar un vuelco estructural al modelo de generación y gestión de la energía en su país. A su parecer, la nación azteca debe aprender de los avatares que han tenido que sortear otros países afectados por crisis eléctricas, dijo el experto para concluir sus reflexiones sobre este tema. 

 

 

Antes de dar paso a los comentarios de la audiencia, Pérez Pirela se refirió a la situación de Chile, en la que su presidente corre el riesgo de ser enjuiciado políticamente y responde a las protestas sociales con una feroz represión que ha sido silenciada en la prensa hegemónica. 

 

Sobre este tema, destacó que la aparición de Sebastián Piñera en los ‘Pandora Papers’ colmó nuevamente la paciencia del pueblo chileno, que otra vez se echó a las calles para exigir su enjuiciamiento. 

 

Paralelamente, indicó, incluso a pesar de que el gobernante ha negado la comisión de cualquier delito de evasión fiscal y ha enfatizado que el Poder Judicial chileno determinó que los hechos por los que está siendo investigado no constituyen delito alguno, diputados opositores promueven un ‘impeachment’ en su contra. 

 

Refirió, asimismo, los adversarios del gobernante derechista alegan que se ocultó información a los chilenos acerca de los manejos turbios del presidente y sus allegados en paraísos fiscales. 

 

Pocos días después de este escándalo, las protestas indígenas fueron la excusa de la que se valió Piñera para decretar un estado de excepción en la macrozona sur del país, que estaría vigente por 15 días y podría ser prorrogada durante 15 días más, lo que en el criterio del comunicador, es análogo a lo que está haciendo Guillermo Lasso. 

 

Así, comentó que en comparecencia con la prensa, el gobernante justificó la medida echando mano de argumentos similares a los que esgrimiera su par ecuatoriano, Guillermo Lasso: luchar «mejor» contra «el terrorismo y el crimen organizado» y «proteger la vida y la seguridad» de los residentes.

 

Desde su punto de vista, este caso no es más que otra demostración de la escasa cultura de respeto a los derechos humanos presente en Chile, que ha alcanzado niveles particularmente bajos durante la última gestión gubernamental de Sebastián Piñera. 

 

Para fundamentar todavía más su apreciación, señaló que en su más reciente informe, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que las víctimas del estallido social de 2019 deben sortear múltiples obstáculos para acceder a la justicia. 

 

Asimismo, puntualizó que voceros de esa instancia expresaron su «preocupación» sobre la tentativa del Estado chileno en restringir la expresión artística y criminalizar la protesta ciudadana, y advirtieron que el plan de Piñera para adoptar medidas de contención de manifestaciones no cumple con los estándares internacionales. 

 

A modo de cierre, informó que de espaldas a estos señalamientos, este martes, el gobierno chileno usó cañones de agua para dispersar una manifestación antigubernamental en la capital, que según imágenes compartidas en las redes sociales, era fundamentalmente pacífica, si se excluye la colocación de algunas barricadas con desechos ardientes.