La intromisión de Estados Unidos en América Latina genera efectos nefastos en los países que, como Venezuela, se han revelado contra sus órdenes e imposiciones. Pero de los traumas causados por la injerencia no se libran tampoco los pueblos de los países con gobiernos aliados de la superpotencia. 

Esto queda en evidencia al revisar el panorama interno de la región en la actualidad, y así lo hizo el equipo de Investigación de Desde Donde Sea, el programa que conduce el filósofo y comunicador político Miguel Ángel Pérez Pirela.  

“Quisimos partir de una pregunta generadora del debate, la de si logrará EE.UU. implosionar a toda América Latina –explicó-. No sabíamos que palabra colocar: la Casa Blanca, el gobierno de EE.UU., Joe Biden… Optamos por la burocracia porque es un funcionariado a las órdenes de un establishment guiado por los lobbies y grupos de poder, una estructura que se mantiene con gobiernos de uno o de otro partido”. 

A modo de editorial, presentó la ilustración de Iván Lira, titulada Lazo. En ella aparece el Tío Sam con una soga de ahorcado y dice: “Este es el tradicional lazo de amistad que une a Estados Unidos con los pueblos del mundo”. 

El caso de Colombia 

“Si vamos a hablar de la intromisión de la burocracia gringa en América Latina debemos comenzar con Colombia y su subpresidente, Iván Duque –inició-. Tras pasar por Quito, primera parada de una gira para supuestamente ‘fortalecer relaciones con las democracias de Suramérica’, el secretario de Estado, Antony Blinken, recaló en Bogotá el pasado 19 de octubre donde fue recibido por la cancillera y vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y luego por Duque”.  

Destacó que tanto Ecuador como Colombia son actualmente países militarizados, con el pueblo en las calles, donde se decretan toques de queda formales o informales y mueren los más pobres en manos de la fuerza pública. 

Oficialmente se anunció que el funcionario estadounidense codirigiría la Conferencia Regional de Migración, se reuniría con Duque en la capital colombiana y participaría en un diálogo de alto nivel entre los dos países. 

Mostró un video de la llegada de Blinken a la reunión con Duque y dice que el arribo se produce en medio de la polémica en torno a la suspensión de una normativa que regulaba la contratación gubernamental en épocas electorales, que se había adoptado supuestamente para evitar la compra de votos, típica del sistema electoral colombiano. Duque apoyó ese reglamento cuando era parlamentario, pero ahora lo ha dejado sin vigor.  

Mientras el gobierno recibía al jerarca estadounidense, el Comité Nacional del Paro realizó movilizaciones en diversas zonas del país para exigir condiciones dignas de trabajo en el sector Salud. Sus dirigentes demandan la aprobación de las propuestas que presentaron al Congreso en julio pasado. 

La visita se produjo menos de 72 horas después de la extradición ilegal del diplomático venezolano Álex Saab desde Cabo Verde hacia Florida y luego de que se anunciara la suspensión del diálogo entre el Gobierno bolivariano y sectores de la oposición extremista en México. La operación realizada con Saab fue denunciada por Caracas como parte de una estrategia de agresión continuada contra Venezuela.  

“Blinken está haciendo el papel del policía malo en el gobierno del senil Biden”, dijo Pérez Pirela, quien se apoyó en un titular de LaIguana.TV que reza: Venezuela denuncia: Visita de Blinken a Colombia es una estrategia de agresión. 

En el texto hacer referencia al comunicado de la Cancillería venezolana en el que se subrayó lo “poco creíble del aparente compromiso de Washington con la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y las instituciones democráticas, dadas las múltiples deudas que tiene el Estado colombiano en tan sensibles materias”. 

El presidente Nicolás Maduro, por su parte, sostuvo que la reunión entre Blinken y Duque había sido «muy tensa», particularmente en lo relativo a la producción de cocaína –que nuevamente rompió todos los récords– y a las masivas violaciones a los derechos humanos. 

En un video de la sección Tienes que Verlo del portal de Venezuela se registraron las declaraciones del presidente venezolano: 

“La información que me llega y que ya se ha filtrado en medios colombianos es que la reunión privada fue muy tensa. Iván Duque ha viajado varias veces a Washington y no lo ha recibido nadie, ningún miembro del gobierno de EE.UU. En esta oportunidad, en el marco de una gira por América Latina, vino Antony Blinken y la reunión ha sido, parece, muy tensa, producto del aumento de la producción de cocaína y del narcotráfico, que desde Colombia lleva cada vez más cocaína a EE.UU.; producto también de la violación masiva de derechos humanos en las últimas manifestaciones, pues son más de 700 desaparecidos que no puede explicar Iván Duque. Hay que preguntarse: los estadounidenses votaron por un cambio en su país, tanto en lo interno como en la política exterior porque la gente quiere respeto a la soberanía de los pueblos y a la paz mundial. El pueblo de EE.UU., sobre todo la juventud, está exigiendo a gritos un nuevo sistema mundial y que EE.UU. deje de perseguir y sancionar a las revoluciones del mundo… Entonces, si eso es así, ¿por qué una visita a un país que es campeón mundial de producción y exportación de cocaína a EE.UU.? Habría que preguntarle a Antony Blinken qué hizo para exigir y para condenar la producción y el crecimiento de cocaína en el gobierno de Iván Duque”. 

Maduro aseguró que, con su actitud, basada en el ataque a los gobiernos soberanos y en el silencio cómplice hacia los que considera sus aliados, Washington termina «bendiciendo» tanto al narcotráfico como a la clase política colombiana, a la que tildó de “narco-oligarquía”. 

En un video de teleSUR se aprecia al presidente Nicolás Maduro rechazando también las declaraciones del secretario de Estado norteamericano. 

“Hay que preguntarle a Blinken y a Joe Biden, que llegaron con una bandera de cambio, si este es el cambio, ¿seguir yendo a Bogotá a agredir a Venezuela?, ¿seguir amenazando a Venezuela y a los pueblos del mundo? ¿Es una señal de cambio hacerse cómplice con el gobierno con mayor relación con el narcotráfico, la parapolítica y la violencia? Es lo que habría que preguntarle desde Caracas, Venezuela, desde América Latina y desde los propios EE.UU. a Blinken y a los gobernantes de EE.UU. Pareciera haber llegado el momento de cerrar esa complicidad y de que la sociedad estadounidense y el poder de EE.UU. reaccionen y le digan a la narco-oligarquía de Colombia que ya basta. Mientras tanto, gobiernos republicanos y demócratas terminan bendiciendo el narcotráfico que hay en Colombia y a la narco-oligarquía, a la clase política vinculada al delito, a la violencia y al narcotráfico. Esa es la verdad que desde Venezuela decimos. Esperamos que haya cambio en la política de EE.UU., igual que lo esperan los pueblos de América Latina y el de EE.UU. Que sean cambios para el bien, para la paz, para la democracia, para la convivencia, para el respeto al derecho internacional. Pero parecieran ellos haber decidido mantener el rumbo de la política fracasada de Donald Trump”. 

Brasil: Bolsonaro culpado por el manejo de la pandemia  

El pasado 20 de octubre, una comisión del Parlamento de Brasil anunció que el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, podría ser imputado hasta por once delitos relacionados con el deficiente manejo de la pandemia de coronavirus.  

LaIguana.TV presentó esta noticia así: Por su gestión de la pandemia: Estos son los 11 delitos que le podrían imputar a Bolsonaro.  

La nota señala que luego de una investigación que duró seis meses, la comisión dictaminó que existen argumentos de peso para acusar a Bolsonaro por: 

–Delito por epidemia con resultado de muerte.

-Infracción a medidas sanitarias preventivas.

-Uso irregular de fondos públicos.

-Incitación al delito.

-Falsificación de documentos.

-Charlatanismo.

-Prevaricación.

-Genocidio de indígenas.

-Crimen de responsabilidad.

-Crimen contra la humanidad. 

-Homicidio por omisión.

Las acusaciones, que se harán conforme a lo establecido en el Código Penal y la Constitución de Brasil, así como del Estatuto de Roma, implicarán también a funcionarios y exfuncionarios.  

Este martes 26 de octubre, con siete votos a favor y cuatro en contra, la comisión parlamentaria a cargo de la investigación dictaminó que había elementos de juicio para imputar al presidente brasileño por nueve delitos distintos, con base en unas 80 acusaciones. Tres de sus hijos también estarían implicados en este caso.  

La reseña de este hecho noticioso también fue presentada por teleSUR, señalando que siete de los once senadores avalaron el texto presentado por el senador Renan Calheiros, que también recomienda inculpar a 77 personas más, incluidos varios ministros, exfuncionarios y directivos de empresas. Con la votación, la comisión finalizó la investigación de seis meses que pide que los fiscales lleven a Bolsonaro a juicio. Desde el inicio, Bolsonaro minimizó la pandemia y defendió medicamentos sin eficacia, como la cloroquina y levantó duda sobre la eficacia de las vacunas. 

Aunque la comisión carece de autoridad para imputar Bolsonaro, trascendió que el informe, que cuenta con decenas de testimonios, será entregado ante instancias internacionales que sí tienen las competencias para enjuiciarlo por estos crímenes contra la humanidad.   

“Es otro de los engendros de Donald Trump, como lo es Guaidó en Venezuela”, comentó Pérez Pirela. 

Pese a este firme cuestionamiento del Poder Legislativo, el presidente brasileño está muy lejos de deponer su actitud. En data reciente, relacionó falsamente la inoculación con vacunas contra el coronavirus con el padecimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).  

Ante esto, la comisión del Senado que lo investigaba, solicitó la suspensión de las cuentas del gobernante en las redes sociales debido a que las utiliza para propagar bulos sobre la covid-19.  

La comisión exige el bloqueo por tiempo indeterminado luego de que el pasado jueves el jefe de Estado insinuara que las personas vacunadas contra la covid-19 corren el riesgo de contraer sida. El video fue retirado por Facebook e Instagram, mientras YouTube suspendió el perfil de Bolsonaro por una semana. 

“Esperemos que no haga como Trump, que está creando su propia red social -dijo el moderador del programa-. Está claro que no se trata solo de informaciones falsas, pues decir algo tan disparatado no es ya una mentira, sino una señal de demencia, de locura. ¿Ustedes se imaginan que el presidente de Cuba, el de Venezuela o Vladímir Putin digan algo así? Y conste que lo dice el presidente de una potencia emergente a nivel mundial, como es Brasil”. 

Sobre este tema, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, condenó el anticientificismo de su par y le tildó de «extremista y neonazi». Maduro también acusó a los medios de comunicación mundiales de ocultar estas informaciones, en su afán de proteger a dirigentes derechistas. 

Mostró las palabras de Maduro en un video de la sección Tienes que Verlo titulado ¡Loco y neonazi! las locuras que dice Bolsonaro sobre vacunas anticovid y el sida. 

“Primero dijo que era una gripezinha, luego ha dicho una cantidad de locuras, típico de un extremista de derecha, de un neonazi como es Bolsonaro. Ayer dijo en vivo y directo que ponerse las vacunas contra el coronavirus provocaba sida. ¿No lo vieron? Claro, porque los medios de comunicación mundiales lo tapan para proteger a la derecha. ¿Cómo puede llamarse a una persona que diga eso? Irresponsable, loco, falluto, farsante. Imagínense lo que tiene que soportar el pueblo de Brasil. Desde Venezuela rechazamos esas locuras contra el pueblo de Brasil, contra la humanidad y contra el pueblo de Venezuela”. 

Pérez Pirela hizo un paréntesis para averiguar el significado de la palabra falluto, dicha por Maduro. Comentó que es un vocablo del coloquial despectivo de Argentina, que significa “defectuoso, hipócrita, que actúa con falsedad y no cumple lo prometido”. Varios participantes del programa intervinieron en las plataformas por las que se transmite para decir que sí habían oído y usado antes tal expresión. 

Ecuador: Lasso declara estado de excepción, respaldado por Blinken 

Otro país analizado fue Ecuador, donde también se nota al movimiento del tablero político en América Latina. El coletazo de los Pandora Papers pone en apuros al presidente Guillermo Lasso, quien, a pesar de negarse a comparecer ante el Congreso, deberá enfrentar una investigación por defraudación tributaria.  

LaIguana.TV tituló así esta noticia: Por defraudación tributaria: Fiscalía de Ecuador abre investigación contra Lasso.  

El texto dice: En un comunicado, la fiscalía general del Ecuador anunció que investigaría al gobernante por presuntamente haber cometido fraude fiscal por medio de empresas offshore desde 2013, en un tinglado que aparentemente involucraba a familiares cercanos, tras haber recibido una denuncia del excandidato presidencial Yaku Pérez.  

A mediados de octubre, Lasso admitió ante las cámaras de televisión que tenía parte de su dinero en cuentas en el extranjero, lo que motivó el anuncio de una investigación por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. La causa será presentada el venidero 6 de noviembre.   

Pérez Pirela acotó que el denunciante Yaku Pérez, excandidato presidencial, fue uno de los supuestos dirigentes indígenas que ayudó a Lasso a ganar la segunda vuelta electoral, algo que en su momento fue analizado en Desde Donde Sea. 

Un video de teleSUR ahonda en el punto del reconocimiento forzoso de Lasso de su rol en los Pandora Papers. La periodista Denisse Herrera informa que en una reciente entrevista con un medio local de televisión, Lasso reconoció que parte de su patrimonio está en el extranjero, no a su nombre, pero sí a nombre de su familia. Dijo que hay un complot internacional contra políticos como él que tienen un gran patrimonio, para descontextualizar y afectar su imagen. También ha culpado a la oposición, específicamente al correísmo. Ha negado que tenga empresas offshore. La comisión investigadora deberá investigar varios aspectos pendientes, incluyendo un llamado a la familia de Lasso. 

De otra parte, aunque apenas tiene cinco meses ejerciendo el cargo, su gobierno ya acusa signos importantes de desgaste. Así, maestros, trabajadores del campo y obreros, principalmente de la costa, rechazaron enérgicamente las medidas económicas dictadas por el gobernante. 

“Eso lo habíamos predicho nosotros. Que en pocos meses o semanas iba a tener una resistencia popular importante por aplicar las recetas neoliberales y seguir al pie de la letra los dictados de Washington”, subrayó el presentador. 

Los ciudadanos acusan a Lasso de privilegiar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y de imponer un programa neoliberal, con las subsecuentes afectaciones en la inversión social, particularmente en la educación.  

El punto más álgido de la agenda económica del gobierno es el alza mensual de los precios del combustible, que según denuncian distintas organizaciones sociales, traerá consigo un incremento generalizado en los precios de todas las mercancías.  

Otro reportaje de teleSUR muestra a agricultores, maestros y otros integrantes de la clase obrera rechazando las medidas del gobierno de Lasso  

En el material audiovisual se señala que los manifestantes exigen al gobierno que revise los precios del combustible y que cumpla una promesa de campaña sobre la cosecha del arroz, que sigue afectando a los agricultores de la costa. Mientras tanto, los maestros exigen que se cumpla la Ley Orgánica de Educación. Varios de los gremios estaban llamando a la movilización prevista para el 26 de octubre para reclamar que se dialogue sobre los graves asuntos pendientes. Esto se suma a un reciente pronunciamiento de los pueblos indígenas que exigen respeto a los territorios ancestrales. 

Mientras estas situaciones estaban en la mira de la opinión pública, Lasso aprovechó una terrible revuelta carcelaria en la ciudad de Guayaquil, que dejó 118 muertos y 79 heridos, para decretar un Estado de excepción por 60 días cuyo propósito declarado es hacer frente a la violencia y al narcotráfico. 

Sin embargo, opositores al mandatario derechista alertaron que esta medida podría ser usada como pretexto para impedir las manifestaciones convocadas.  

En nota de teleSUR se informa que, según Lasso, la medida pretende controlar el flujo de armas y emprender acciones de patrullaje para avanzar en la requisa de drogas, entre otros delitos. Argumentó que más de 70% de las muertes violentas, por ejemplo, en la provincia de Guayas están relacionadas con tráfico de drogas. Analistas señalan que es una medida desesperada tomada por Lasso, quien no pasa por su mejor momento, afectado por el escándalo de los Pandora Papers, la crisis carcelaria y las protestas contra el alza del combustible. 

La cuestionable resolución fue saludada con beneplácito por el secretario de Estado, Antony Blinken, quien aprovechó su estancia en el país andino en el marco de una vista oficial para alegar que se trataba de una medida «excepcional». 

“Es lo que hace EE.UU. cuando se trata de un gobierno de derecha”, resaltó Pérez Pirela. 

Blinken, según un reporte de RT, respaldó el Estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso. Añade que se reunieron y acordaron fortalecer los nexos bilaterales en los ámbitos de infraestructura, educación y salud y comenzaron a negociar un tratado de cielos abiertos para generar mayor comercio. 

Lasso había tenido que moderar su plan de ajuste, en un intento por frenar un llamado a paro nacional y tras enfrentar sucesivas protestas. El pasado 22 de octubre, Quito abandonó de momento la tentativa de aumentar escalonadamente los precios de la gasolina y el diésel, al tiempo que anunció nuevas tarifas.  

El galón de gasolina extra costará 2,55 dólares estadounidenses, mientras que el de diésel se venderá en 1,90 dólares.  

“El congelamiento llega después de las fuertes protestas contra las reformas tributarias y el aumento de los carburantes que han crecido más de 40% en pocos meses”, reportó RT. 

Sin embargo, esta medida desesperada no surtió el efecto deseado y aún con Estado de excepción, los convocantes ratificaron que marcharían para demandar un cambio en la política económica.  

Lasso anunció que la policía estaría desplegada en todo el país para evitar el cierre de vías y actuar en contra de los manifestantes, a los que de entrada calificó como violentos.  

Otro video de RT señala que los indígenas y trabajadores ecuatorianos marcharán contra las medidas económicas de Lasso.  “Son las primeras de este tipo que deberá enfrentar Lasso, quien ostenta el cargo hace apenas cinco meses. La principal causa de la indignación popular es el alza de los combustibles, aunque el Gobierno ya ordenó el congelamiento de los costos. Las organizaciones sociales lo consideran aún demasiado alto en proporción a los ingresos de los ecuatorianos. Dicen que el gobierno trata de cumplir todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en vez de cumplir con las necesidades de la población. Lasso anunció el despliegue de las fuerzas del orden para evitar el cierre de vías durante las marchas y condenó las manifestaciones que están orientadas por la lógica de la violencia”, reportó la corresponsal. 

La advertencia gubernamental no fue palabra vacía. La Unión Nacional de Educadores del Ecuador denunció este martes 26 de octubre a través de un video, que fuerzas del orden dispararon y gasearon a los participantes de la marcha antigubernamental. Un video muestra a los manifestantes corriendo porque hay disparos de los militares. 

“Como era de esperarse, en menos de cinco meses comenzó la represión contra los más pobres del gobierno derechista de Lasso”, concluyó Pérez Pirela. 

AMLO versus las trasnacionales: la reforma energética 

Pasó entonces a México, un país con un presidente que se esfuerza por desmontar las fatídicas políticas neoliberales de sus antecesores. 

El pasado mes de marzo, el Congreso mexicano aprobó una reforma energética con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende regresar el control del Estado el sector eléctrico. 

Esta actividad económica estratégica fue entregada paulatinamente a privados y trasnacionales desde inicios de la década de 1990.  

La política entreguista y neoliberal tuvo su cúspide con la aprobación de una reforma energética en 2013, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó amplias ventajas a trasnacionales como Iberdrola, una de las responsables del alza indiscriminada de los precios de la electricidad en España.  

En un video, la periodista de RT Pamela Quibec reporta que fue aprobada la reforma impulsada por AMLO, que busca fortalecer a la Comisión Nacional de Electricidad. El experto Rogelio Calderón aplaude la medida, señalando que “le da facultades al Estado y a sus empresas. Le va a permitir tener ciertas capacidades, como la de supervisión de actividades que se habían desviado por la anterior reforma energética, la de 2013”. Otros analistas creen que es una política negativa pues va en contra de la presencia de grandes empresas del sector y afectarán la implantación de energías limpias. 

Detractores aseguran que la tentativa de AMLO no responde a las formas contemporáneas de funcionamiento de las empresas de este ramo y vaticinan que la electricidad producida en las plantas del Estado será más costosa. 

El afán injerencista de EE.UU. no se ha hecho esperar. BBC Mundo reseñó que desde Washington advirtieron que la reforma contravenía lo acordado en el tratado México-Estados Unidos-Canadá, que prohíbe explícitamente «favorecer» a empresas públicas.  

“¿Se puede suscribir un tratado internacional que impida favorecer a empresas nacionales?”, se preguntó Pérez Pirela. 

El mandatario mexicano ha defendido la reforma, alegando que con ella no se pretende impedir la participación de particulares en el negocio energético, sino establecer mecanismos de regulación desde el Estado. A su juicio, el modelo vigente no beneficiaba ni a los ciudadanos ni al erario.  

Más detalles de la polémica fueron plasmados en otro video de una de las frecuentes interacciones del mandatario con la prensa. “Este no es el tiempo de que los políticos estaban a servicio de las empresas –dice AMLO-. Ahora tenemos que cuidar el patrimonio público, el presupuesto, que es dinero del pueblo y hacer negocios. Nada más que al servidor público le deben interesar mucho, mucho, mucho, mucho los negocios públicos, no los negocios privados”. 

Durante los meses siguientes a la presentación de la reforma, los empresarios del sector intentaron por todos los medios torpedear la reforma por medio de recursos de amparo ante los tribunales.  

AMLO replicó con una nueva propuesta, que si llega a buen término, supondrá un cambio a nivel constitucional, mucho más difícil de revertir, pero con la salvedad de que necesita ser aprobado por dos terceras partes del Parlamento y la coalición gobernante no dispone de todos los votos requeridos. 

Concretamente, en la reforma se contempla que el 54% de la electricidad sea producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el resto por compañías privadas. 

Además, otorga al Estado mexicano la propiedad del litio presente en el subsuelo, un aspecto que no se contempló en la iniciativa de marzo. Independientemente del destino de la reforma, AMLO aseveró que el litio será nacionalizado.  

“Por eso es que están chillando –planteó Pérez Pirela-. Aplaudo esa decisión de López Obrador”. 

Otro video de teleSUR indica que el Poder Ejecutivo mexicano envió una iniciativa de ley al Congreso para fortalecer al sector eléctrico y garantizar precios justos. También contempla las normas para explotar los yacimientos de litio que se encuentran al norte del país. El periodista Eduardo Martínez cubrió declaraciones de AMLO en las que dijo que “solo la nación va a poder explotar esos yacimientos porque ese litio que está en el subsuelo de la patria es de los mexicanos”. Explicó que las ocho concesiones otorgadas con anterioridad serán respetadas siempre y cuando demuestren que han iniciado trabajos de exploración para descubrir este elemento esencial para las industrias tecnológica, automotriz y de la medicina. “El propósito es que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos y que no haya aumentos”, declaró AMLO.  

Si se aprueba la reforma quedarán sin efecto contratos que beneficiaban a grandes empresas que se favorecían con el uso sin costo de la infraestructura pública. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que “esos contratos permitían a las empresas no pagar el posteo ni se prorrateaba para ellas el costo de la transmisión de la energía que, en algunos casos, cuesta lo mismo que la generación”. Con la aprobación se pondría fin a la ola privatizadora de los gobiernos del período neoliberal.  

López Obrador insiste en que es el momento de dar un vuelco estructural al modelo de generación y gestión de la energía en México. A su parecer, la nación azteca debe aprender de los avatares que han tenido que sortear otros países afectados por crisis eléctricas.  

Un nuevo video de RT señala que AMLO se ha hecho eco de la crisis energética europea. “Queremos que se mantengan los precios accesibles, que no haya subsidios para las grandes empresas. A ver, que me digan ¿en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales de la industria eléctrica? ¿Es que no aprendemos de lo que pasa en otros países? No solo se trata de España. EE.UU. ha tenido varias crisis en su industria eléctrica”. 

Chile: Piñera podría enfrentar un juicio político 

El recorrido latinoamericano cerró con Chile. La aparición de Sebastián Piñera en los Pandora Papers colmó nuevamente la paciencia del pueblo chileno, que se echó nuevamente a las calles para exigir su enjuiciamiento.  

A pesar de que el gobernante ha negado la comisión de cualquier delito de evasión fiscal y ha enfatizado que el poder judicial chileno determinó que los hechos por los que está siendo investigado no constituyen un delito, diputados opositores promueven un impeachment (juicio político) en su contra.  

Los adversarios del gobernante derechista alegan que se ocultó información a los chilenos acerca de los manejos turbios del presidente y sus allegados en paraísos fiscales.  

La nota audiovisual de RT indica que el presidente está acusado de la venta irregular de una empresa minera durante su primer mandato, donde habría delitos de soborno y corrupción. Piñera alega que ya la justicia chilena lo exoneró de culpa. El analista político Yuri Vásquez señala que el mandatario ocultó información. La posibilidad de un juicio político en Chile depende de que haya delitos constitucionales y faltas de probidad del jefe del Estado. En este caso, es evidente que el presidente y sus voceros intentaron negar los hechos, mintiéndole al país”. 

Pocos días después de este escándalo, las protestas indígenas fueron la excusa de la que se valió Piñera para decretar un estado de excepción en la macrozona sur del país, que estaría vigente por 15 días, prorrogable durante 15 días más.  

En comparecencia con la prensa, el gobernante justificó la medida echando mano de argumentos similares a los que esgrimiera su par ecuatoriano, Guillermo Lasso: “luchar mejor contra el terrorismo y el crimen organizado y proteger la vida y la seguridad de los residentes”. 

Piñera, en transmisión de televisión, dijo que “no es una decisión fácil, pero se tomó porque permite enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esas provincias y territorios. En ningún caso se orienta en contra de un pueblo o un grupo de ciudadanos. Todo lo contrario, es para proteger mejor la vida y la seguridad de las personas”. 

“Es impresionante como tratan de justificar con eufemismos la represión contra los sectores populares”, aseveró Pérez Pirela. 

Este caso no es más que otra demostración de la escasa cultura de respeto a los derechos humanos presente en Chile, que ha alcanzado niveles particularmente bajos durante la última gestión gubernamental de Sebastián Piñera.  

En su más reciente informe, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que las víctimas del estallido social de 2019 deben sortear múltiples obstáculos para acceder a la justicia.  

Asimismo, voceros de esa instancia expresaron su «preocupación» sobre la tentativa del Estado chileno en restringir la expresión artística y criminalizar la protesta ciudadana, y advirtieron que el plan de Piñera para adoptar medidas de contención de manifestaciones no cumple con los estándares internacionales.  

“Desde la ONU señalaron que las víctimas aún tienen obstáculos para el acceso a la justicia”, señaló el reportero en un video en el que se presentaron diversas tomas de los disturbios y la feroz represión de 2019. 

De espaldas a estos señalamientos, este martes, el gobierno chileno usó cañones de agua para dispersar una manifestación antigubernamental en la capital, que según imágenes compartidas en las redes sociales, era fundamentalmente pacífica, si se excluye la colocación de algunas barricadas con desechos ardientes.  

El último video de la noche mostró imágenes de las acciones de la policía esta misma semana, usando cañones de agua para dispersar una protesta antigubernamental. 

(LaIguana.TV)